Los constructores llevan al Constitucional la subida del impuesto de actos jurídicos decretada por el Consell

La Asociación de Promotores Constructores de la Provincia de Valencia quiere recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la subida del impuesto de actos jurídicos documentales decretada por el Consell, que supone un aumento del 100% en varios trámites que afectan al sector de la vivienda y que, según el secretario general de esta asociación, Benjamín Muñoz, supone un encarecimiento medio de la vivienda de 3.000 euros (500.000 pesetas). Muñoz explicó que al TC sólo pueden acudir directamente un partido avalado por la firma de 20 parlamentarios, el Defensor del Pueblo o su homólogo en algunas autonomías (no en el caso de la Comunidad Valenciana, pero sí de Cataluña o el País Vasco). Por eso, los promotores han acudido al Síndic de Greuges, Bernardo del Rosal, que según Muñoz ya ha trasladado su queja al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, para que éste se dirija al Constitucional. Aunque sabe que la resolución llegará tarde ('si ganamos será una victoria pírrica'), Muñoz explicó que los promotores quieren actuar como 'buenos ciudadanos' ante lo que consideran una subida desproporcionada.

Muñoz fue muy crítico con la subida de impuestos del Consell, al igual que con las tasas municipales de Valencia ('la tercera ciudad con más impuestos, después de Barcelona y Bilbao'). Y ante las acusaciones de que los promotores son reacios a acometer la rehabilitación de viviendas, se quejan de que ahora se ha de pagar dos veces el impuesto de transmisión (una al adquirir la vivienda y otra al venderla tras su rehabilitación). Por eso, han solicitado reiteradamente, 'desde hace tres años', al Consell que elimine uno de estos trámites ('como ya se hace en Cataluña') para abaratar esta viviendas.

En un desayuno con los medios de comunicación, Muñoz reiteró su deseo de que Valencia sea considerada municipio singular a efectos de los precios máximos de la vivienda de protección oficial (VPO) en el Plan de la Vivienda. Según sus cálculos, el precio mínimo al que pueden construir es de 196.000 pesetas el metro cuadrado, pero el plan marca el límite en 161.000. Por eso, auguró que este año tampoco se van a construir VPO en Valencia. Y retó al Ayuntamiento a liberar suelo público para viviendas protegidas en vez de subastarlo: '¿Qué ha hecho el Ayuntamiento con los solares que le hemos cedido, hacer viviendas protegidas o subastarlo por 150.000 pesetas? A ver qué hacen con los 180.000 metros cuadrados que tienen junto al Oceanográfico'.