Los internautas critican que el Gobierno oculta al debate público borradores de la LSSI

El Ministerio de Ciencia y Tecnología, que propuso, en una iniciativa tan inédita como positiva, un debate abierto en Internet sobre la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI), no ha ofrecido a la opinión pública desde la web ministerial todos los sucesivos borradores del anteproyecto de ley. El 12 de diciembre de 2001, el ministerio envió al Consejo de Estado el expediente del anteproyecto de la LSSI para que emitiera su dictamen.

Junto al último borrador, de 11 de diciembre, se adjuntaban hasta 18 borradores previos, el primero de 22 de septiembre de 2000. El ministerio colgó el anteproyecto en su sitio de Internet para el debate público, pero el último texto que ha publicado es de abril del 2001. El ministerio no siguió informando de los cambios. El debate público en Internet era particularmente crítico con el proyecto. El vacío informativo oficial sobre la evolución de la polémica ley hizo que un grupo de senadores socialistas, del PNV y del Grupo Mixto pidieron formalmente el pasado 11 de septiembre 'las cartas y documentos remitidos desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología a cada uno de los organismos consultivos del Estado y de la Unión Europea; de los informes que ha realizado cada ministerio afectado sobre el Anteproyecto de Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), así como el Consejo General del Poder Judicial y la Unión Europea...'

En julio, en el sitio de la Comisión Europea, se publicó el borrador que el Gobierno les había remitido para su consideración.Y fueron los propios internautas, MakyPress en www.mienten.com, quienes a finales de enero colgaron el borrador que el ministerio había remitido al Consejo General del Poder Judicial para su dictamen y que difería del expuesto en su sitio web. El ministerio sostiene que no se trata de borradores definitivos y aseguró que han manejado 24 borradores. De todos ellos, sólo han informado públicamente en su web de tres. Fuentes del ministerio explicaron a este suplemento que el envío paralelo del borrador a distintos organismos ministeriales y consultivos y la recepción de sus respuestas con sus respectivos retoques habría generado confusión.

El informe del Consejo de Estado cita más de 30 alegaciones remitidas por empresas -desde IBM a Telefónica-, bancos, asociaciones y particulares. En total ha habido 66. Tanto en su dictamen como en el del CGPJ se recomiendan decenas de retoques técnicos a los artículos, pero no ponen en discusión los aspectos que más preocupación han levantado ni consideran que atente a la libertad de expresión. Un vocal del CGPJ emitió un voto particular contrario a la ley .

El vocal Alfons López Tena, que en su día fue propuesto por Convergència i Unió, describe 'un somero ejemplo' de lo que puede pasar con la ley en la mano: 'resulta que una autoridad administrativa, incluso antes de iniciar el expediente sancionador, y por estimar que pueda atentar (no que atente o haya atentado) contra el principio de protección de la juventud, ordenará el cierre de un periódico que se difunda por Internet'. De ello deduce que 'estamos ante una alteración o restricción sustancial del contenido esencial de derechos fundamentales, y ello, de ser constitucionalmente posible en los términos establecidos en la ley, sólo podría llevarse a cabo mediante Ley Orgánica'.

El documento del Consejo de Estado critica el baremo de multas. El Consejo comenta que el ministerio ha optado por una ley específica sobre Internet y 'no realizar una refundición parcial de las normas aplicables al comercio electrónico, dejando esta tarea a quienes deban interpretarlas conjuntamente'. El Consejo no cuestiona esta opción, pero advierte sobre la necesidad de corregir varias normas vigentes.

PSOE e IU han advertido de que la ley puede amparar actos de la Administración contra la libertad de expresión dado su ambiguo redactado que prevé actividades más allá de las transacciones económicas. Políticos de ambos partidos han manifestado que para regular el vacío legal que puede haber en algunos aspectos del comercio electrónico y aplicar la directiva europea habría sido preferible actualizar las leyes civiles y mercantiles vigentes