Reválida chapuza

La precipitada supresión de la prueba de selectividad, anunciada en su día como una de las principales novedades de la lamentable Ley Orgánica de Universidades (LOU), implicaba necesariamente la introducción de otra prueba de tipo general que sirviera para homologar la enseñanza secundaria en algún punto de su recorrido. Que debe existir algún tipo de contraste público, externo a los propios centros, del conjunto de la enseñanza secundaria parece una práctica recomendable, seguida sin excepción por todos los países con un sistema educativo eficaz. Más en un país como el nuestro en el que una parte importante de dicho tramo educativo es privada, con el riesgo de que se produzcan sesgos favorables a quienes tienen los medios para llevar a sus hijos a tales centros y, por lo mismo, de discriminación a los que utilizan la enseñanza pública, entre los que figuran, por ejemplo, las clases más desfavorecidas y los inmigrantes.

Ésa era, justamente, una de las misiones de la prueba de selectividad que todos los estudios de campo consideraban vital para preservar un cierto rigor en las calificaciones y garantizar un mínimo de igualdad entre los estudiantes, y que demagógicamente se cargó Pilar del Castillo en la LOU. La supresión de la prueba de selectividad fue precipitada porque no se estudiaron con suficiente atención sus consecuencias ni Educación pensó en una alternativa realista.

El anuncio por la secretaria general de Educación de la implantación de un examen de reválida al final del bachillerato es todavía más precipitado por las incertidumbres que presenta y por la falta de un análisis en profundidad de sus consecuencias. No deja de ser paradójico que cuando empieza a hablarse de una ley de calidad de la enseñanza, lo primero que se conozca es la implantación de un examen, no el estado de la cuestión ni las causas del fracaso escolar que esa legislación afirma querer combatir. La enseñanza secundaria comprende un ciclo de seis años, justamente los que lleva el PP en el Gobierno; por tanto, su estado no puede remitirse una vez más al pasado, sino sobre todo a la práctica educativa de los Gobiernos de Aznar.

No se sabe qué ocurrirá con quienes hayan completado todos los cursos de enseñanza secundaria pero no superen la prueba; se sugiere que pueden añadirse pruebas intermedias al final de la primaria y de la ESO; y tampoco se conoce cuánto influirá el expediente académico de cada alumno, entre otros extremos. El método seguido para transmitir a la sociedad el retorno de la reválida no puede ser más chapucero. A juzgar por cómo se está preparando la nueva ley, se diría que el Ministerio de Educación se dispone a repetir con la secundaria el procedimiento que siguió con la LOU. ¿Es demasiado pedir que en la fase previa a la reforma se abra un debate en el que pueda participar la comunidad de enseñantes, además de los responsables autonómicos sobre los que recae la responsabilidad de este ciclo educativo?

Estos colectivos tendrían que haber conocido antes las líneas maestras del plan y haber tenido la oportunidad de aportar sus puntos de vista para perfilar una alternativa al sistema actual. La promoción casi automática de la ESO es objeto de numerosas críticas, pero la diversificación de itinerarios educativos a edades muy tempranas plantea no pocos peligros de exclusión. Mejorar la calidad de la enseñanza es un objetivo loable que no puede entrar en contradición con el fin primordial de la educación pública: garantizar la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos. Emplear la reválida como carta de presentación del nuevo plan de educación secundaria provoca no pocas inquietudes. La ministra dirá que está abierta a todas las ideas y sugerencias, pero lo sucedido con la LOU no es la mejor garantía. La escuela necesita que las reformas que se proponen sean ejecutadas con firmeza pero, sobre todo, sean consensuadas con los actores de la educación. De otra forma pueden empeorar aún más una situación que ya produce un fracaso escolar que ronda el 30%.