Paradojas madre

El debate sobre la investigación con células madre, obtenidas a partir de los embriones desechados en los tratamientos de fecundación asistida, continúa a pesar de las reticencias de Gobiernos que, como el español, siguen las recomendaciones de la Iglesia católica y de los grupos pro vida de prohibir sin paliativos toda investigación con embriones humanos, al tiempo que les gustaría no enfrentarse a la opinión mayoritaria de los científicos y de sus propios asesores. Una última prueba de esa actitud escapista es la vaporosa enmienda aprobada en el reciente congreso del Partido Popular recomendando la creación de un comité estatal que analice la posible aplicación de los avances científicos que más pueden interesar a los ciudadanos, como el tratamiento terapéutico con células madre, sin poner en entredicho la dignidad del ser humano.

Esta indefinición, aunque de un orden distinto, también se produce en Estados Unidos. En este país, pionero en este tipo de investigaciones, se ha llegado a la absurda conclusión de autorizar dichos trabajos, pero no financiarlos con recursos públicos, con lo que se crea la peor situación posible. En efecto, se cede sin vigilancia alguna un campo delicado, por sus implicaciones éticas y sus potenciales beneficios para la salud, a la iniciativa privada, cuando sería más lógico que los poderes públicos parecieran los más interesados en su desarrollo y control.

Así, aunque fue un investigador de la Universidad de Wisconsin quien primero las aisló y demostró que su enorme plasticidad permitía inducir su conversión en células de casi cualquier tejido humano, los fondos que le permitieron realizar sus hallazgos fueron proporcionados por la empresa Geron, que se ha reservado, en consecuencia, una parte importante de los derechos de su posible explotación comercial. No obstante lo cual, dicha empresa está obligada a facilitar células madre, por un precio simbólico que cubra los gastos de envío y conservación, a los investigadores que acrediten el interés de sus trabajos, siempre que las utilicen únicamente con fines académicos y no comerciales y se comprometan a no crear un embrión humano a partir de ellas.

Esta posibilidad ha estado abierta desde hace algún tiempo y ha sido aprovechada por científicos de todo el mundo, también españoles, pero su reciente reflejo en los medios de comunicación ha servido para apreciar las paradojas que acompañan a un campo de investigación extremadamente dinámico pero lastrado por las vacilaciones de los poderes públicos. A este respecto, la Asamblea Nacional Francesa ha hecho un importante esfuerzo por aclarar la situación y regularla de forma que no impida el progreso de la investigación médica, pero sí algunos de sus posibles efectos indeseables. A propuesta del Gobierno, tras un loable ejercicio de consenso y con los partidos de centro y derecha permitiendo la libertad de voto a sus diputados, se ha aprobado un proyecto de ley que prohíbe y sanciona fuertemente cualquier intento de clonación reproductiva, prohíbe provisionalmente la clonación terapéutica y pospone la decisión definitiva hasta que haya más información al respecto, y autoriza la experimentación con los embriones sobrantes de los tratamientos de fecundación in vitro.

Las condiciones para llevar a cabo esta experimentación son que tenga finalidad médica, que conste el abandono de todo proyecto parental, que los progenitores hayan consentido y que se ajuste a procedimientos y controles de los ministerios de Sanidad e Investigación; condiciones, por lo demás, similares a las propuestas en España por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y desoídas por el Gobierno.