Los ecologistas de Alicante denuncian que el vertedero de Torremendo incumple la normativa europea
Ecologistas en Acción denunció ayer que el vertedero de residuos sólidos urbanos de Torremendo, en la pedanía de Orihuela, 'incumple la normativa de la Unión Europea en materia medioambiental, porque puede contaminar las aguas subterráneas y las almacenadas en el embalse de La Pedrera'. Esta entidad ecologista explica que el embalse, el mayor de la provincia de Alicante, abastece a decenas de municipios alicantinos de la Vega Baja del Segura y al Campo de Cartagena (Murcia). Los ecologistas sostienen que los lixiviados generados por los desechos 'pueden alcanzar y contaminar gravemente las aguas del embalse', situado a cincuenta metros de altura, dado que el vertedero se encuentra en un cota superior (170 metros) y en la cuenca vertiente del barranco de Alcorisa.
Esta instalación, construida en 1994, no está operativa en la actualidad por la oposición de los vecinos, aunque la empresa constructora ha solicitado a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) su apertura. Por ello, la asociación ecologista ha presentado siete alegaciones en las que denuncia 'los incumplimientos' en los que ha incurrido la empresa, y la 'connivencia de las Administraciones públicas' al autorizar su construcción.
Según este colectivo, la instalación está situada en un paraje diferente al previsto, carece de accesos adecuados y se halla en las proximidades del embalse de La Pedrera. 'Además de vulnerar la normativa europea, incumple la legislación estatal y la ley valenciana de residuos, pues se vertería basura fresca en bruto sin ningún tipo de tratamiento', aseguraron los ecologistas. Según ellos 'el vertedero carece de sistema de recogida y tratamiento de los gases de fermentación y de revestimiento artificial que proteja el suelo de la contaminación de los lixiviados', y 'todavía no se ha aprobado el Plan Zonal de Residuos del área, ni se integra la instalación en ningún proyecto de gestión de desechos'.
Los ecologistas critican el estudio hidrogeológico presentado por la constructora, al entender que 'no demuestra la inocuidad de los vertidos, ni la no afección a las aguas subterráneas'.
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