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La juez pide la lista de las sedes de Unió y los datos de una empresa de Pallerols y Gavaldà

El fiscal afirma en un escrito que parte de los cursos de formación subvencionados no se hizo

La magistrada Silvia López Mejía, instructora del llamado caso Pallerols, relativo a la supuesta financiación irregular de Unió Democràtica a través de las subvenciones para la formación de parados, ha pedido al partido democristiano que le entregue la relación de todas sus sedes. Además la juez reclama de Hacienda y de una entidad bancaria que le remitan todos los datos sobre una sociedad que compartieron el empresario andorrano Fidel Pallerols y Lluís Gavaldà, que ha sido llamado a declarar como imputado el próximo 6 de marzo y que dimitió del cargo de director de Empleo al trascender el caso.

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La petición de la lista de todas las sedes de Unió había sido planteada a la juez por el abogado del sindicato Catac, que ejerce la acusación particular en el caso. Este abogado sostiene que Pallerols costeó, a través de las subvenciones otorgadas por el Departamento de Trabajo de la Generalitat, los gastos de mobiliario y de informática de una sede de UDC en Barcelona -la del distrito de Sants- y la de Vilanova i la Geltrú. El letrado considera que existen sospechas de que esa práctica pudo haberse extendido a más sedes y de ahí que la juez acceda a la petición. Eso explica también que la magistrada haya citado a declarar el próximo 13 de marzo como testigos a los representantes de tres empresas suministradoras de material informático y mobiliario de oficinas.

La juez también ha accedido a la petición del fiscal anticorrupción Carlos Ramos de solicitar a la Agencia Tributaria todos los datos de que disponga sobre la sociedad Euro Bras Forestal, fundada por Lluís Gavaldà y de la que Pallerols fue apoderado. Esta empresa tenía dos cuentas abiertas cuyos movimientos también han sido reclamados.

Lluís Gavaldà, que fue director general de Empleo de la Generalitat hasta que dimitió al trascender este caso, es hermano de Vicenç Gavaldà, ex secretario de organización de UDC y también imputado en el caso. En la documentación intervenida en Andorra hace dos años y que ahora analiza el juzgado aparecen dos apuntes contables realizados por Fidel Pallerols con las iniciales LL. G. C. por un importe total de 754.000 pesetas. Estas letras podrían corresponder a Lluís Gavaldà Casat.

En esa documentación también figura otro apunte de 2,5 millones que tiene como receptor a J. M. T., unas iniciales que podrían ser las de Joan Martín Toribio, ex funcionario del Departamento de Trabajo de la Generalitat y ex militante de UDC. Toribio ha sido citado a declarar como imputado el mismo 6 de marzo. Ese día declarará como testigo Dolors Llorens Ardiaca, que ocupó el cargo de subdirectora de Empleo y fue durante muchos años secretaria personal del líder de Unió Josep Antoni Duran Lleida.

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El 7 de marzo declarán cuatro militantes de Unió, entre ellos Josep Gascón Castillo, concejal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona. En la documentación intervenida en los registros aparecen los cuatro como receptores de diversas cantidades mensuales. El 7 de marzo también declarará como testigo Josep Maria Puig, un alto cargo del Departamento de Trabajo que también hubo de dimitir.

La juez razona para imputar a Lluís Gavaldà y Toribio que Pallerols y Vicenç Gavaldà 'debieron contar con la intervención de los responsables del Departamento de Trabajo en la planificación, negociación y concesión de las subvenciones al grupo CEI', que agrupaba varias empresas en las que se realizaban cursos. A renglón seguido la juez afirma que 'de la documentación obrante en las actuaciones se desprende' que un porcentaje de estas subvenciones 'se destinaba a la subvención de UDC'.

El 10% de las subvenciones

Este porcentaje se calcula en el 10% de las subvenciones recibidas por Pallerols entre 1994 y 1998, y el fiscal sostiene en un escrito presentado en su día en el el juzgado que las subvenciones se concedieron para la realización de cursos que 'al menos en parte no se impartían'. Fuentes judiciales aseguran que al margen de la documentación existen otras pruebas de cargo, como una cinta magnetofónica en la que se recoge una conversación entre Pallerols y Vicenç Gavaldà.

El secretario general de la UGT, Josep Maria Álvarez, declaró ayer a Catalunya Ràdio que este sindicato debería plantearse no hacer más formación ocupacional. 'No estoy dispuesto a dar explicaciones cada día o a que la opinión pública crea que hay algo que esconder', dijo.

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