La concejal que denunció al senador de Junts Eduard Pujol pide perdón en el juzgado: “No me acosó”

Noemí Llorens, una de las dos mujeres que denunció al senador de Junts per Catalunya Eduard Pujol por acoso sexual, ha pedido perdón en el proceso penal abierto contra ella por un delito de injurias. “Pujol no me acosó. Mantuve una relación afectiva con él que, a mi entender, habría podido acabar mejor”, afirma en un escrito que ha remitido al juzgado. El dirigente le ha concedido el perdón —puede hacerlo porque es un delito privado—, lo que ha permitido a Llorens evitar consecuencias penales. En su escrito, la concejal de Pineda de Mar (Barcelona) añade que se ha sentido “manipulada” y que “determinadas personas del partido” [no concreta cuáles] la utilizaron “para suspender fulminantemente de militancia” a Pujol y “hacerle daño con finalidades políticas”, según el documento al que ha accedido EL PAÍS.

El caso de Eduard Pujol empezó en octubre de 2020, cuando Junts per Catalunya le suspendió de militancia y le forzó a abandonar su escaño en el Parlamento catalán tras recabar el testimonio de dos supuestas víctimas de acoso. Una es Llorens. La otra, Eva Ràfols, una mujer con la que el hoy senador también había mantenido relaciones y que llevaba meses enviando mensajes difamatorios en redes sociales en los que le acusaba de acosador y violador. Las dos se reunieron con la entonces responsable de feminismos de Junts, Aurora Madaula, que elaboró un informe demoledor y lo entregó al secretario general, Jordi Sànchez, encarcelado por la sentencia del procés. Cuatro días después, Elsa Artadi, vicepresidenta de Junts, anunció la decisión en rueda de prensa.

Como pasaba el tiempo y las víctimas no presentaban denuncia ni a la policía ni al juzgado, el partido se vio obligado a rectificar y, ocho meses después, devolvió el carné a Pujol y le pidió disculpas. Para entonces, el exdirector de Rac1 ya había denunciado a las mujeres por un delito de injurias. Las querellas prosperaron en dos juzgados de Barcelona y dejaron claro, en todo caso, que las acusaciones contra él fueron falsas. De Eva Ràfols, que a lo largo de 2019 le envió más de 3.000 mensajes por WhatsApp en los que amenazaba con airear intimidades con el “propósito de lograr nuevos encuentros”, el juez concluye que “aprovechó su condición de diputado” para “imputarle falsamente actos de agresión”. La mujer espera juicio y se le ha impuesto una fianza de más de 80.000 euros.

Llorens también quedó a un paso de juicio en 2022, tras constatar otro juez que sus denuncias eran “falsas y calumniosas”; el magistrado, por cierto, afeó a Junts por haber provocado “un grave perjuicio económico, social y político” al suspenderle “vulnerando las reglas del derecho de defensa”. Pero la concejal optó por disculparse. Pujol puso como condición para perdonarla que reconociera ante el juzgado que nunca la había acosado. A iniciativa propia, la concejal de Pineda añadió otras reflexiones que sitúan la actuación contra el entonces diputado autonómico en el contexto de las luchas de poder en el seno de Junts, que en octubre de 2020 apenas tenía tres meses de vida.

El único nombre que cita en la carta es el de Aurora Madaula, vicepresidenta de Junts y entonces responsable de feminismos del partido. “Madaula me convenció de que esta actuación de Pujol era constitutiva de un delito de acoso y me animó a denunciarlo ante el partido y ante la justicia”. Llorens aclara que nunca presentó una denuncia formal y se presenta como víctima. “La situación me superó y con el tiempo me he sentido manipulada. Considero que determinadas personas del partido aprovecharon intencionadamente mi experiencia personal con Eduard Pujol para suspenderlo fulminantemente de militancia y hacerle daño con finalidades políticas”.

Fuentes de la dirección del partido que lidiaron con el asunto aseguran que había un interés de algunos sectores por perjudicar a Pujol, que ejercía como portavoz parlamentario y sonaba para casi todo a pocos meses de las elecciones autonómicas de febrero de 2021. “Eduard era una figura que molestaba porque ocupaba un lugar y tenía una proyección pública que otros, como Aurora Madaula, ansiaban”, relatan esas fuentes. Y creen, en línea con lo dicho por Llorens, que la actual vicepresidenta “sobredimensionó” los hechos y presionó para que tuvieran consecuencias. Consultada por este diario, Madaula ha preferido no hacer declaraciones. La vicepresidenta denunció el año pasado que había sido víctima de acoso y violencias machistas por parte de personas de su formación; este julio, ella y su partido zanjaron el asunto con un pacto por el que la formación se comprometió a revisar los protocolos internos.

La sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal 28 de Barcelona contra Llorens, que es consejera nacional de Junts y vicepresidenta del Consell Comarcal del Maresme, considera probado que, antes de entrevistarse con Madaula, acudió a explicar el supuesto acoso sexual a otras dos personas. Primero a la presidenta del Institut Català de les Dones, Laura Martínez, a la que mostró mensajes afectivos y eróticos del diputado aunque ocultó otros de la misma naturaleza que enviaba ella; Martínez concluyó que había un “coqueteo mutuo” y consentido entre adultos y así lo dijo al juez. Más tarde, habló también con el secretario de organización, David Saldoni. Según declaró este en el juzgado, Llorens le anunció que llegaría hasta el final y que su objetivo era que Pujol “lo perdiera todo”. La sentencia declara, no obstante, “extinguida la responsabilidad penal” de la edil “por el perdón” de Pujol.

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