El Congreso exige a la Casa Blanca las actas de las reuniones de Enron

El caso Enron se convirtió ayer en uno de los elementos de una batalla jurídica sin precedentes. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, un organismo parlamentario decidió enfrentarse con el Gobierno en los tribunales. La Oficina de Contabilidad General (OCG), principal órgano investigador del Congreso, anunció la presentación de una demanda contra la Casa Blanca para obligar al vicepresidente, Dick Cheney, a informar al Parlamento sobre las reuniones que mantuvo mientras elaboraba, en la primavera del año pasado, el plan energético nacional. Algunos parlamentarios sospechan que las empresas energéticas, especialmente Enron, tuvieron una influencia excesiva en la redacción del plan.

El insólito enfrentamiento judicial empezó a fraguarse en abril del año 2001, cuando Enron era todavía la mayor empresa energética del mundo (hoy está en bancarrota) y George W. Bush presentó lo que, por entonces, constituía uno de los ejes básicos de su programa: un plan energético nacional. El plan, que aún no ha sido aprobado por completo en el Senado, incluía grandes beneficios fiscales para la industria de la energía, abría a la explotación petrolera una valiosa reserva natural del Estado de Alaska y, para reducir la dependencia de crudo del extranjero, proponía asimismo estimular la producción doméstica en lugar de favorecer el ahorro.

El plan fue muy criticado por los demócratas y por las organizaciones ecologistas, que lo calificaron de 'regalo' a las corporaciones del petróleo y del gas. Esas corporaciones resultaban ser los principales contribuyentes a la campaña electoral de Bush. El coordinador del proyecto de ley, el vicepresidente Dick Cheney, era, además, un antiguo empresario petrolero, al igual que el propio presidente, George W. Bush.

Dos representantes demócratas, Henry Waxman y John Dingell, pidieron a la OCG que requiriera a la Casa Blanca las minutas de las reuniones mantenidas por Cheney durante la elaboración del plan. Trataban de demostrar que el vicepresidente había hablado mucho más con los empresarios del sector que con representantes de los científicos y de los ecologistas. La Casa Blanca replicó de inmediato que las reuniones eran confidenciales, y que hacer público su contenido impediría en el futuro mantener 'los contactos necesarios para elaborar las estrategias políticas'. Ésa ha sido la posición de Bush y Cheney hasta ahora, pese a las aclaraciones realizadas por el líder demócrata en el Senado, Tom Daschle, quien matizó que no se pedía el contenido de las conversaciones, sino simplemente los nombres de las personas que visitaron la Casa Blanca y las fechas en que lo hicieron.

Exigencias parlamentarias

El director de la OCG, David Walker, hizo un requerimiento por escrito el 18 de julio de 2001. El 17 de agosto envió una nueva carta en la que constataba que la Casa Blanca no había cumplido las exigencias parlamentarias, y las repetía. Ante la falta de respuesta, la OCG empezó a plantarse la opción de acudir a los tribunales, cosa que, tras un largo paréntesis forzado por los atentados del 11 de septiembre y la difusión de carbunco en algunas oficinas del Senado, ayer finalmente decidió hacer.

El portavoz presidencial, Ari Fleischer, alegó el lunes que había 'defectos técnicos' en las cartas e insinuó que los argumentos legales de la Casa Blanca se basarían en esos detalles. Nadie duda, sin embargo, que el Congreso se impondrá, porque tiene la Constitución a su favor, si decide llevar hasta el final la batalla jurídica.

El conflicto institucional adquiere elementos de alto riesgo para Bush y Cheney, por el hecho de que entre los visitantes de la Casa Blanca, durante la redacción del plan energético, figuraban de forma preeminente los directivos de Enron. Esos directivos, entre ellos el ex presidente Kenneth Lay, amigo personal de Bush y principal financiador de su carrera política, están actualmente sometidos a investigaciones del FBI y de las autoridades bursátiles, han sido objeto de dos demandas civiles y se encuentran en el centro de un escándalo en el que se mezclan fraudes contables, destrucción de documentos, la desaparición de las pensiones de jubilación de miles de trabajadores y, recientemente, el presunto suicidio de uno de los pocos ejecutivos de Enron que, antes de la bancarrota, habían expresado su alarma por la evolución de la compañía.