Sintel, el retorno del eterno problema
Un año después de instalarse en Madrid el Campamento de la Esperanza, el enfrentamiento entre plantilla y sindicatos bloquea una solución en la empresa
Mañana día 29 de enero se cumple un año de la instalación en plena madrugada del denominado Campamento de la Esperanza de los trabajadores de Sintel en pleno Paseo de La Castellana de Madrid para reclamar al Gobierno y a Telefónica una solución para este empresa de telecomunicaciones que fue filial de la operadora hasta abril de 1996.
En agosto de 2001, se levantó el campamento tras llegar a un acuerdo el Gobierno, los sindicatos, la plantilla de la empresa y Telefónica, pero la oferta de la firma rusa Televik en noviembre de 2001 supuso un elemento de discordia entre los firmantes que está poniendo en peligro el futuro de ese acuerdo.
Sintel fue vendida por Telefónica al empresario cubano estadounidense Jorge Mas Canosa en abril de 1996 con la crisis ya anidada en la compañía filial. Mas Canosa no logró enderezar el rumbo de la firma y en julio de 2000 suspensión pagos con un déficit patrimonial de 20.000 millones de pesetas. La suspensión de pagos derivó en un expediente de quiebra presentado en mayo de 2001, cuya tramitación hacia la liquidación definitiva se sigue todavía.
Un año después de la instalación del campamento, la desesperanza se ha instalado en todas las partes (Trabajo, Telefónica, sindicatos y plantilla ) que el 3 de agosto pasado firmaron un acuerdo que suponía el fin de la movilización obrera y diseñaba una salida económica para toda la plantilla, que llegó incluso ser estudiada en la mesa del Consejo de Ministros.
El acuerdo firmado en agosto establecía que la mitad de la plantilla se acogería a un plan de jubilaciones y la otra mitad se recolocaría en empresas proveedoras de Telefónica con la ayuda de ésta y asumiendo los trabajadores las condiciones laborales que ofrezcan esas compañías. El coste para el Estado español de ese plan era de 30.000 millones de pesetas (180,3 millones de euros), de los que 25.000 millones (150 millones de euros) corresponden a las prejubilaciones y los restantes 5.000 millones (30 millones de euros) al pago de las nóminas atrasadas de la plantilla que permaneció los últimos diez meses del conflicto en huelga.
Comprensión ciudadana
Nunca una movilización sindical logró tanta comprensión de los ciudadanos que sobrellevaron de forma solidaria los inconvenientes de este campamento en la vida ciudadana diaria. La lucha sindical en estado puro duró seis meses y los 1.800 trabajadores vivieron de forma casi permanente en tiendas de campaña, aguantando unas duras condiciones climatológicas, con una organización casi militar y un seguimiento ejemplar y solidario por toda la plantilla (con el apoyo de sus respectivas mujeres en un encierro en la catedral de la Almudena de Madrid). El acuerdo de agosto fue un alivio para todos, tal y como resaltaron los sindicatos y los trabajadores.
La presión de los medios de comunicación y el borrón que para la city madrileña suponía 500 metros de tiendas de campañas, justo delante de los Ministerios de Economía y Ciencia y Tecnología, hizo que tanto el Gobierno como Telefónica se avinieran a negociar una solución política, hecho casi inédito en los últimos años.
Este acuerdo suscrito por todas las partes y al que contribuyeron de forma decisiva los sindicatos CC OO, UGT y CIGA, presentes en la empresa, ha quedado relegado por la plantilla que apuesta por la oferta de compra de la empresa presentada en noviembre pasado (en pleno desarrollo del acuerdo de agosto) por la firma rusa Televik, una sociedad totalmente desconocida en España que vino de la mano del antiguo comité de empresa, que presidía Adolfo Jiménez.
La oferta de Televik provocó una ruptura entre las tesis de la plantilla por un lado y los sindicatos y, por otro, con Telefónica y el Gobierno, que pretenden seguir con el acuerdo de agosto por entender que la única salida posible. La plantilla, convencida por el antiguo comité de empresa, votó en diciembre pasado de forma unánime en favor de la oferta de Televik. Esta empresa, sin presencia en España, asegura que en su plan para el futuro mantendrá toda la plantilla en las condiciones que tenían antes de suspender pagos y que cuenta con un programa industrial de desarrollo.
Sin embargo, en el plan presentado al Gobierno a los sindicatos y a Telefónica el punto central es que la compañía que preside César Alierta le firme un contrato por tres años en el que se comprometa a hacerle pedidos de material de telecomunicaciones por 450 millones de euros (75.000 millones de pesetas), cláusula que ha dejado atónitos al resto de los firmantes del pacto de agosto. Trabajo, los sindicatos y Telefónica han dicho reiteradamente que no hay otra salida que la pactada en agosto, sin dar crédito a una situación que califican de 'esperpéntica'. La dirección de CC OO, sindicato al que pertenece el 80% de los trabajadores de Sintel, ha sido acusada de estar confabulada con Telefónica y sus responsables muy criticados por los miembros del antiguo comité de empresa.
Por su parte Televik informó que en septiembre pasado envió su propuesta a los trabajadores de Sintel y que en diciembre presentó un proyecto ante Trabajo y ante el juez que instruye la quiebra con un plan de viabilidad que proponía una inversión de 91 millones de euros, la recolocación de la plantilla y 'la cartera de trabajo que tenía Sintel y que fundamentalmente era de Telefónica'.
Televik dice que no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno. Fuentes de Trabajo ha reiterado que el plan más viable para Sintel es el de agosto y añadieron que ya se han acogido 80 trabajadores a las prejubilaciones.
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