Los mineros de MRT se encierran por la crisis de la franja pirítica
Los miembros del comité de empresa de Minas de Riotinto, Sociedad Anónima (MRT SA) inician hoy lunes un encierro en las instalaciones de la Mancomunidad de la Cuenca Minera de Huelva, para exigir a las Administraciones públicas una solución a la crisis que atraviesa la Franja Pirítica onubense.
El resto de la plantilla, que integran 517 trabajadores, tiene previsto instalar un campamento ante las puertas de esta sede y constituirse en asamblea permanente. Los alcaldes socialistas de los municipios mancomunados: Berrocal, El Campillo, La Granada de Riotinto, Minas de Riotinto, Nerva y Zalamea La Real, anunciaron ayer su 'firme' apoyo a la acción de protesta.
Esta nueva movilización llega en el momento de mayor crispación laboral en la empresa y de tensión social en la comarca. La regresión económica en la Cuenca Minera de Huelva se consolidó en 1986, provocada por la paralización de la actividad minera con el cierre de la denominada Linea del Cobre, sin que, desde entonces, se haya garantizado una salida clara a la crisis económica.
MRT SA, empresa gestionada hasta el pasado 14 de septiembre y desde 1995 por los trabajadores, como Sociedad Anónima Laboral, soporta desde noviembre de 2000 un expediente de regulación de empleo y una deuda a proveedores y a la Seguridad Social que alcanza los 10.000 millones de pesetas.
En la actualidad, 110 mineros de la plantilla no han cobrado todavía ningún tipo de subsidio de desempleo, 'e incluso algunos de ellos no cobran ni un duro desde hace tres meses', aseguró el secretario del comité de empresa, Joaquín Santos, de CCOO. Los sindicatos exigen al Consejero Delegado de la compañía, Carlos Estevez, que cumpla su compromiso de abonar el 90% del salario de los trabajadores que se encontraban sin cobrar ayuda alguna.
Sobre la compañía pesa también una investigación de la Unión Europea sobre la presunta ilegalidad de las ayudas públicas, en total 2.500 millones de pesetas, que recibió el pasado año desde la Junta de Andalucía y el Gobierno central.
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