Una ola de violencia política se ceba en la izquierda brasileña en un año de elecciones

Los asesinatos de dos alcaldes de prestigio del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), de Luiz Inácio da Silva, Lula, ha disparado la alarma sobre la reaparición de la violencia política en este país. Brasil necesita una reforma urgente y a fondo de sus dos cuerpos de policía, civil y política, consideradas ambas corruptas y faltas de preparación, y con frecuencia conniventes con el crimen.

La primera sospecha sobre la existencia de una precampaña de violencia política la había lanzado, en diciembre, la dirección del Partido de los Trabajadores, una de las formaciones de izquierdas más fuertes de América Latina, y cuyo líder, Lula, disputará por cuarta vez en octubre la presidencia de la nación.

El PT alertó al jefe del Estado, Fernando Henrique Cardoso, de que cerca de un centenar de militantes del partido habían sido víctimas de secuestros, asesinatos o amenazas de muerte. La sospecha de que António da Costa Santos, célebre alcalde de Campinas -uno de los centros más importantes del Estado de São Paulo-, fue víctima hace unos meses de un asesinato político ha sido, de alguna forma, confirmada por el secuestro de Celso Daniel, alcalde de Santo André, otro importante centro del Estado de São Paulo, quien fue torturado antes de recibir siete tiros. El segundo alcalde asesinado era el elegido para dirigir la campaña de Lula.

Estos asesinatos han tenido lugar en São Paulo, cuya ciudad y Estado están considerados el verdadero centro económico y financiero del país, con el 36% del PIB nacional. Curiosamente en São Paulo se van a celebrar elecciones para gobernador, a las que se presenta el senador del PT José Genoino, uno de los líderes de mayor prestigio de ese partido.

Si São Paulo es el pulmón neurálgico de la economía, su capital es también la ciudad más afectada por la violencia, sobre todo por los secuestros. Ha crecido tanto la industria del secuestro que hoy, sólo en la urbana São Paulo, se resgistran más de dos secuestros al día. En 1996 hubo un total de seis, y 19 en 1999, que subieron a 63 en 2000 y cuya cifra se disparó a 307 en 2001. La ciudad está aterrorizada y ya se habla de que São Paulo es la nueva Bogotá.

Pocos dudan en Brasil que es urgente una reforma a fondo de la policía, considerada como una de las más corruptas, mal pagadas y con más muertes a sus espaldas del mundo. Ahora, el Gobierno está empezando a reaccionar. Lula se ha reunido por primera vez con el presidente Cardoso para estudiar juntos nuevas iniciativas contra el crimen. Cardoso reconoció que la situación 'había superado todos los límites'.

Por ello, el Gobierno se dispone a llevar al Parlamento nuevas medidas contra la criminalidad. Pero la prensa ha revelado que ni el 50% del presupuesto anual dedicado a combatir la violencia se acaba utilizando y que en ese mismo Parlamento duermen 118 propuestas para combatir el crimen.

Los atentados políticos han sido reivindicados por un grupo desconcido, el FARB (Frente de Acción Revolucionaria de Brasil), que además ha firmado amenazas de muerte contra otros 15 alcaldes del PT acusándoles 'de acercarse a los partidos de centro-derecha', algo parecido a lo que hacían en Italia las Brigadas Rojas contra el Partido Comunista.