Presos en Guantánamo

Estados Unidos perderá credibilidad si deja que los presos capturados en Afganistán y trasladados a Guantánamo, la base naval que tiene en Cuba, sean juzgados por unos tribunales militares que no ofrecen garantía procesal alguna. De empecinarse la Administración de Bush en esta vía, se puede abrir una brecha con una opinión pública europea que reaccionó con solidaridad y generosidad a los atentados del 11 de septiembre y enajenarse a buena parte de sus aliados, aunque militarmente Washington esté haciendo su campaña prácticamente en solitario.

En virtud de la legislación de emergencia adoptada tras el 11 de septiembre, EE UU ha considerado a estos detenidos en Afganistán no como prisioneros de guerra a los que aplicar la Convención de Ginebra, cuyo protocolo de 1997 no ha llegado a firmar, sino como 'combatientes ilegales', o 'detenidos en el campo de batalla'. Según la Administración estodounidense, puede juzgarlos fuera del territorio estadounidense ante tribunales militares no abiertos al público y que les pueden condenar, incluso a muerte, sin la garantía de una culpabilidad probada 'más allá de toda duda razonable'. Una corte marcial siguiendo las reglas habituales les habría garantizado una defensa jurídica mucho mayor. La Asociación de la Abogacía de EE UU considera que estos tribunales militares no pueden juzgar otros crímenes que los derivados de violaciones en el derecho de guerra. Una gran contradicción de esta situación es que, en respuesta a un acto terrorista, Washington se ha lanzado en Afganistán a una guerra, aunque no la haya declarado oficialmente. La Convención de Ginebra obligaría a liberar o repatriar a los presos tras el cese de las hostilidades.

Se da la circunstancia de que entre los detenidos llevados a Guantánamo figuran tres de nacionalidad británica, un australiano y varios saudíes, entre otros. Australia ya ha señalado su preferencia por un juicio civil o por un tribunal internacional, una idea a desarrollar. Más aún cuando, en contraste con la suerte de los detenidos en la base cubana, John Walker, el estadounidense de 20 años convertido a los talibanes y detenido en Afganistán, será juzgado con todas las garantías de la ley por un tribunal civil en EE UU, y de momento por acusaciones que no entrañan la pena de muerte, aunque sí puedan llevarle al encarcelamiento de por vida. Las mismas oportunidades y garantías judiciales habría que darles a todos, del mismo modo que en Europa serán juzgados por tribunales civiles los detenidos acusados de pertenecer a Al Qaeda y cuya nómina se ha ido engrosando en fechas recientes, España incluida.

Un equipo de la Cruz Roja Internacional está interrogando a cada uno del más de centenar de talibanes y miembros de Al Qaeda prisioneros en Guantánamo sobre el trato que reciben, unas circunstancias por las que el secretario de Defensa de EE UU, Donald Rumsfeld, ha dicho no interesarse. Pero organizaciones humanitarias consideran que el Convenio de Ginebra es aplicable a estos prisioneros y obliga a considerarlos con humanidad y a ser sujetos de otros derechos en el bautizado como Campamento Rayos X, en alusión a su construcción de cobertizos con techos en los que las paredes han sido sustituidas por alambradas. Quizás sería la ocasión de ofrecerles libre acceso a las televisiones del mundo entero, desde la CNN a la qatarí Al Jazira.

Garantizar, incluso frente a posibles promotores del terrorismo, la justicia tal como la entendemos, es una cuestión de principio que evita, entre otras cosas,parecerse al régimen que hay del otro lado de la verja de la base estadounidense. Quizá por eso Fidel Castro no ha alzado su voz por lo que puede ocurrir en Guantánamo.