La FAMP prepara una ordenanza sobre antenas que reducirá las emisiones hasta el 'riesgo cero'

El proyecto de ordenanza que prepara la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para regular las antenas de telefonía en la comunidad restringirá la emisión a 0,1 microvatios por centímetro cuadrado, una cifra de 'riesgo cero' que obligará a las compañías a compartir sus instrumentos emisores. En los núcleos urbanos la limitación de las emisiones obligará a colocar más antenas, aunque de un tamaño muy reducido. La comisión de Nuevas Tecnologías de la FAMP tiene previsto aprobar las líneas maestras de la ordenanza en una reunión convocada para el 4 de febrero.

La Ordenanza Reguladora sobre Instalación de Antenas de Telefonía Móvil en Andalucía (Oritma) aspira a ser el instrumento que adopten los 770 municipios andaluces y está basada en otras normativas europeas que han reducido al máximo la emisión de ondas. El vocal de Nuevas Tecnologías de la FAMP, José Antonio Rodríguez Salas (PSOE), teniernte de alcalde de Jun (Granada), dijo que la colocación de tales antenas debe estar inspirada en un principio de cautela según el cual la radicación debe ser tan baja como razonablemente sea posible.

La reducción de los valores de las emisiones tendrá como consecuencia directa, sin embargo, una mayor proliferación de antenas si bien de un tamaño imperceptible y de efectos inocuos, según la FAMP. Además obligará a la compañías a compartir las antenas, como ocurre en países como Australia, donde están integradas en el paisaje urbano.

Para elaborar la futura ordenanza la FAMP ha tenido en cuenta en una resolución aprobada en Austria por la Conferencia Internacional sobre Emplazamiento de Emisoras de Telefonía Móvil que fijó los valores para eliminar por completo el riesgo.

Rodríguez Salas explicó que las compañías telefónicas se han resistido a revelar a la FAMP el número de antenas que hay en Andalucía y el valor de la emisión de cada una de ellas. Esta circunstancia obligará a la FAMP, al mismo tiempo que se ultima la ordenanza, a inspeccionar las estaciones instaladas en todos los términos municipales.

Ecologistas en Acción se ha adelantado a la iniciativa de la FAMP y ha pedido al Ayuntamiento de Granada, amparándose en el 'derecho ciudadano a la información' un listado con las antenas que existen en Granada. La última solicitud, presentada en el mes de septiembre, aún no ha tenido respuesta. 'Estamos dispuestos, transcurrido un tiempo prudencial de un par de semanas, a acudir con todos los interesados en persona a recoger la información', advirtieron los ecologistas.

Normativa propia

Buena parte de los ayuntamientos andaluces carecen de una norma propia para regular la colocación de antenas. Las existentes, al no haber un patrón básico, difieren entre sí. La FAMP quiere que los municipios de la comunidad ajusten sus normativas a los valores de la Oritma o la adopten directamente como regla.

No obstante, el control total de las antenas de telefonía no está garantizado de antemano. 'Los acuerdos ya cerrados entre comunidades de propietarios y empresas de telefonía para instalar antenas serán muy difíciles de modificar, pero los ayuntamientos sí podrán cambiar determinados aspectos de sus ordenanzas y hacerlas más restrictivas', explicó Rodríguez Salas. Este es el caso del Ayuntamiento de Freila (Granada) que pretende anular una concesión autorizada en 1998 por la corporación anterior a Telefónica para instalar una antena situada a 95 metros de un colegio y un hogar de pensionistas que está provocando, según la mancomunidad de municipios de Baza, 'transtornos del sueño, reacciones alérgicas y dolores de cabeza'.

El nivel de radicación que recomendará la FAMP es sensiblemente menor al que consta en el Reglamento General de Telecomunicaciones que rige en todo el Estado y que fue aprobado, según Rodríguez Salas, en base sl informe que el Comité Europeo de Normas Eléctricas presentó al Gobierno español en 1998 sin 'tener en cuenta que dicho comité es un organismo de la industria electrónica'.

José Antonio Rodríguez Salas reconoció ayer que la actividad de la comisión de Nuevas Tecnologías de la FAMP, que preside el concejal del PP de Granada Eduardo de Moral, ha sido mínima pues no ha sido convocada.