Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

Los jueces acusados de prevaricación se niegan a suspender el juicio a los 'narcos'

La suspensión de los jueces si se admite la querella contra ellos provocaría la anulación de la vista

El macrojuicio de la Operación Temple seguirá adelante. Los tres magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional decidieron ayer no suspender ni aplazar las sesiones de la vista, a pesar de que seis abogados así lo habían solicitado al menos hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisión a trámite de la querella por prevaricación presentada contra los tres integrantes del tribunal tras la puesta en libertad de uno de los acusados, Carlos el Negro, que aprovechó para fugarse. Los jueces rechazaron la suspensión para evitar dilaciones indebidas, ya que varios acusados llevan dos años y medio en prisión.

El juicio por la Operación Temple, sobre la introducción en España de 10 toneladas de cocaína, con 37 procesados y 28 abogados además del fiscal, durará varios meses. Y el juicio será suspendido, y lo que es más, anulado, si los magistrados que integran el tribunal, Carlos Cezón, Juan José López Ortega y Carlos Ollero, son suspendidos en sus funciones. En ese caso, la vista debería repetirse desde el principio y con otros jueces.

En circunstancias normales, la suspensión sería impensable, pero en este caso el fiscal del Estado, Jesús Cardenal, ha presentado una querella por prevaricación contra todo el tribunal.

Si el Supremo admite a trámite la querella, el Consejo del Poder Judicial, de acuerdo con el artículo 383 de la Ley Orgánica del Poder Judicial debería suspender en sus funciones a los magistrados. Si el Supremo no abriera procedimiento abreviado, sino sumario, la suspensión sólo se produciría en el caso de que los jueces fueran procesados, como ocurrió en el caso Liaño, en el que el juez Javier Gómez de Liaño sólo fue suspendido después de ser procesado.

Juicio con garantías

Los abogados conocen las consecuencias y ayer seis de ellos, con José María Stampa Braun a la cabeza, solicitaron la suspensión del juicio nada más iniciado, invocaron el principio de seguridad jurídica y el derecho a un juicio con todas las garantías, alegando que tras la querella y el revuelo mediático, los miembros del tribunal se encuentran en un clima de zozobra e incertidumbre, sin la tranquilidad imprescindible para poder juzgar. Los letrados proponían la abstención de los magistrados o un aplazamiento hasta que el Supremo se pronuncie sobre la admisión de la querella.

Otros 15 letrados informaron en contra de la suspensión por entender que sus clientes llevan dos años y medio en prisión y tienen derecho a un juicio sin dilaciones indebidas. El resto de los abogados dejó la decisión a criterio del tribunal.

La fiscal Dolores Delgado también se opuso a la suspensión y afirmó que no existe ninguna causa de las previstas en la ley. Agregó que tampoco cabe la abstención o recusación de los magistrados y consideró prioritario el dereho a un juicio sin dilaciones.

Tras un breve receso, el tribunal acordó reanudar el juicio porque no existe causa legal que justifique la suspensión; porque las dudas sobre falta de serenidad o imparcialidad en el tribunal deberían haber sido planteadas como recusación, pero se ha renunciado a ella; porque el derecho de los acusados a un juicio sin dilaciones tras dos años y medio en prisión es decididamente prioritario, y porque no existe, a juicio del tribunal, causa legal de abstención de los magistrados, ni los abogados están facultados para reclamarlas.

El juicio seguirá hoy con el planteamiento de cuestiones previas. Uno de los acusados, Sigfrido Quintero, para el que el fiscal pide 42 años de prisión, sufrió un amago de infarto y fue ingresado en el hospital 12 de Octubre, de Madrid. Quintero fue operado por problemas coronarios a mediados de diciembre y le fueron colocados tres by-pass. Tras el amago de infarto, el forense de la Audiencia recomendó su ingreso en un hospital.

Una decisión 'lógica'

Las asociaciones judiciales consideran que la decisión de seguir el juicio de la Operación Temple es lógica, adecuada y conforme a la ley. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Vicente Magro, explicó que no existía causa para la suspensión, ya que los jueces entienden que no se ve afectada su imparcialidad y serenidad. Miguel Carmona, de Jueces para la Democracia, recordó el derecho al juez predeterminado y entendió que los magistrados han actuado conforme a la ley. Precisamente Jueces para la Democracia hizo público un comunicado en el que, tras pronunciarse a favor de la crítica a las decisiones judiciales y de la transparencia en el funcionamiento de los poderes públicos, muestra su preocupación por las declaraciones de Mariano Rajoy, que ha presentado a los jueces como un obstáculo para la labor policial. Ello supone una 'inaceptable distorsión del sistema constitucional y legal'. Esta asociación se teme que el intento de criminalización del tribunal puede obedecer a discrepancia de un sector del Ejecutivo por otras decisiones de ese tribunal que no eran de su agrado. Mientras IU consideró 'escandaloso' que los jueces continúen con la vista, el PSOE estimó correcta la decisión.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de enero de 2002

Más información