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Editorial:

Juicio en el aire

El macrojuicio sobre la llamada Operación Temple -37 acusados de introducir en España 10 toneladas de cocaína- se inició ayer en la Audiencia Nacional con el riesgo no descartable de que no sirva para nada y tenga que repetirse más adelante. La querella criminal que pende sobre los tres magistrados del tribunal por la excarcelación y posterior fuga del principal acusado, el supuesto narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, pesa como una losa sobre el desarrollo del juicio, por más que no exista o no haya sido alegada causa procesal válida para aplazarlo o para formar un tribunal distinto del integrado por los magistrados querellados.

La situación creada en la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es insólita en los anales de la justicia.Y quizás por ello no existen o no es fácil encontrar mecanismos legales capaces de resolver esa intrincada situación. Se trata de un tribunal legalmente constituido y cuyos integrantes gozan plenamente del derecho a la presunción de inocencia, pero la querella interpuesta por la Fiscalía del Estado -precisamente por su actuación en la causa que tienen que juzgar- no puede dejar de afectarles en su imagen profesional y, en caso de ser admitida por la Sala Segunda del Supremo, de provocar efectos no deseables en el desarrollo del juicio iniciado ayer. Correspondía a la Fiscalía del Estado haber ofrecido a los jueces querellados un asidero legal para abstenerse y evitar una situación incómoda para ellos y, sobre todo, incomprensible para los ciudadanos. No deja de ser llamativo que el mismo ministerio fiscal que se querella por prevaricación intencionada -la más grave-, y no meramente negligente, contra los magistrados del tribunal y que exige la suspensión inmediata en sus funciones, reivindique ahora su 'ecuanimidad' y 'profesionalidad' y haya eludido recusarles con el argumento de que redundaría en perjuicio del proceso.

Pero, ¿qué mayor perjuicio se podría causar al proceso por la Operación Temple que su anulación en el supuesto de que la Sala Segunda del Supremo admita la querella del fiscal del Estado contra los magistrados del tribunal y haga caso de la petición expresa del fiscal de suspenderles de inmediato en sus funciones? El interés de la justicia habría exigido una actitud más coherente por parte del ministerio fiscal, salvo que su objetivo no sea tanto la suerte que pueda correr el macrojuicio por la Operación Temple como neutralizar a los magistrados de la Sección Cuarta de la Audiencia Nacional, fuertemente contestados desde la fiscalía por sus controvertidas decisiones sobre las organizaciones del entorno de ETA. Esa actitud tan dispar y aparentemente contradictoria arroja sombras sobre la acción penal auspiciada por el fiscal del Estado contra los magistrados de la Sección Cuarta y le hace aparecer una vez más como sospechoso de actuar al servicio del Gobierno.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 15 de enero de 2002