Acusaciones para un drama

El cuerpo sin vida de la niña de 21 meses Consolación Bocanegra apareció flotando en las aguas de la piscina del domicilio familiar en Utrera el pasado 8 de diciembre y dio origen a un drama que aún sigue abierto. Los últimos datos forenses niegan que la niña fuese violada, como en un principio se creyó, pero estas revelaciones lejos de cerrar el caso, han hecho estallar un agrio enfrentamiernton entre la familia y la Guardia Civil.

En un principio la muerte por ahogamiento de la niña saltó rápidamente a los medios de comunicación. Y lo hizo con el dramático añadido de la sospecha de que el cadáver presentaba señales de haber sufrido algún tipo de agresión sexual. Según el relato que el padre de la menor, José Luis Bocanegra, ha sostenido siempre fue la Policía Judicial la que, aquella misma noche y tras conocer el informe del médico de guardia del Centro de Salud de Utrera, le informó rudamente de las lesiones que sufría su hija.

La madre asegura que fue maltratada por los agentes durante su detención

Ahora, más de un mes después de la muerte de la niña, el informe del Instituto Nacional de Toxicología que consta en el sumario, al no encontrar restos de semen ni de sangre, ni desgarros o roturas en la muestra de tejidos analizada, descarta que hubiera agresión sexual alguna relacionada con la muerte.

La familia de la pequeña ha cargado contra la Guardia Civil como responsable de 'una tremenda falta de profesionalidad', según palabras de Bocanegra, que, asegura, les ha causado un 'gran daño moral'.

El malestar de la familia se multiplica por el trato que recibió la madre de la menor, Soledad Valderas tras ser detenida dos días después por negligencia en sus deberes de custodia de los hijos. Según relata ella misma, en las 26 horas que permaneció detenida por la Guardia Civil padeció malos tratos psíquicos y físicos. 'Me daban golpes en los brazos. A media noche me desmayé y me llevaron al médico de guardia esposada. Me gritaban 'el cabrón que le ha hecho eso a tu hija está en tu casa' o que yo estaba encubriendo a mi marido', relató ayer Valderas. Desde lo ocurrido, la mujer recibe tratamiento psiquiátrico.

La Guardia Civil se revolvió ayer contra las acusaciones de la familia, pero se limitó a emitir una nota de prensa en la que se recordaba que en este caso su unidad de policía judicial había actuado 'en todo momento' bajo la dependencia del titular del Juzgado número 2 de Utrera. El comunicado recalca que la juez, María del Carmen López, 'permanentemente ha conocido, dirigido y amparado las actuaciones practicadas'.

Las caras de los jefes de la Comandancia de Sevilla no podían ocultar ayer el disgusto por lo ocurrido. Aseguraban no entender por qué se les acusa de haber propagado una versión tremenda (y, según sostienen algunos, falsa) sobre las circunstancias que rodearon la muerte de la pequeña.

En la citada nota de prensa se precisa que 'las líneas de investigación seguidas tienen su punto de partida en informes médicos'. En concreto, la Guardia Civil se refiere a las versiones ofrecidas por el médico de guardia en el centro de salud de Utrera -que fue quien llamó al cuartelillo tras un primer examen del cadáver de la niña- y la posterior -y oficial- del forense adscrito al citado juzgado de Instrucción. El comunicado de la Guardia Civil sostiene que en estos dos informes médicos 'se ponían de manifiesto anomalías e irregularidades ostensibles existentes en órganos susceptibles de ser objeto de violencia sexual'. Pero estos informes chocan con el análisis del Instituto Nacional de Toxicología.

Ante dos informes contradictorios, lo más probable es que o la juez o la Fiscalía soliciten un tercero. Según fuentes del caso, la forense podría solicitar a algún grupo de expertos que, descartada por los análisis toxicológicos la existencia de agresión sexual, diesen algún tipo de explicación científica para la ostensible dilatación anal que mostraba el cadáver de la menor.

Las fotos que constan en el sumario, tanto a juicio de la Guardia Civil como del abogado de la familia de la niña, muestran el 'alarmante' estado de la zona supuestamente lesionada. Estos documentos son los que, según fuentes de la investigación, dieron verosimilitud desde un primer momento a la hipótesis de la agresión sexual.

La práctica habitual en los casos de menores es que, ante cualquier indicio de violencia sexual, se inicie inmediatamente la investigación judicial y se deja en manos de las conclusiones de los peritos la continuación o archivo del caso.

De momento, la juez guarda un silencio absoluto y en la Fiscalía no han decidido nada. El fiscal jefe de Sevilla, Alfredo Flores, pedía ayer tiempo para examinar un caso 'lleno de cosas raras' antes de decidir si abre diligencias contra la Guardia Civil, la juez... o la familia de la niña fallecida.