Los precios subieron en Andalucía más que la media estatal por primera vez en los últimos siete años

Andalucía dejó de ser en 2001 una región menos inflacionista que la media estatal. Desde 1995, la subida anual de precios había sido siempre inferior en la comunidad que en el conjunto de la economía española. Pero, según los datos del Insituto Nacional de Estadística, este año se ha quebrado una tendencia muy beneficiosa para la competitividad de la economía andaluza: el IPC muestra que los precios crecieron en la comunidad un 2,8% en 2001, una décima más que la media estatal. La subida fue muy acusada en los alimentos, enseñanza y hostelería.

Andalucía fue una de las ocho comunidades en las que los precios crecieron más que la media estatal, aunque muy lejos de Baleares, la más inflacionista con una subida del 3,7%, un punto más que la media. Como en otras regiones, los alimentos (con un aumento anual del 5,9%), hoteles, cafés y restaurantes (4,9%) y la enseñanza (4,7%) fueron los grupos de bienes que más contribuyeron a inflar el IPC, mientras que el transporte (que incluye los combustibles) y la comunicación fueron los únicos que registraron un descenso en sus precios.

En general, los precios se comportaron de manera muy similar en la comunidad y en España; la mayor diferencia se encuentra en el coste de la vivienda, que aumentó el doble en Andalucía (3,6%) que en el conjunto del Estado (1,8%). En todo caso, los datos de inflación reflejan un acusado descenso respecto a 2000, año en el que el alza del precio del petróleo llevó al IPC al 3,8% en Andalucía y al 4% en España.

Jaén, con una inflación acumulada del 3,4%, fue la provincia andaluza que concentró una mayor subida de precios en 2001. En el otro extremo, el incremento del IPC se quedó en el 2,4% en Cádiz.

Estadística dio ayer a conocer los datos de inflación de diciembre, que permitieron calcular la subida de precios anual. El pasado mes, el IPC regional creció un 0,3%, una décima menos que la media estatal, aunque la inflación acumulada quedó como en noviembre, al ser las subidas exactamente iguales que en 2000. Los precios de hoteles, restaurantes y alimentación fueron los que más crecieron el pasado mes.

Críticas al Gobierno

El secretario de Estado de Economía, José Folgado, achacó la subida de diciembre al descontrol en los precios de la hostelería y viajes organizados y aseguró que, en todo caso, la tendencia de recorte en la inflación era 'positiva'. La consejera de Economía, Magdalena Álvarez cargó contra la lectura de Folgado y mantuvo que la subida del IPC 'no es responsabilidad de los empresarios'.

'Cuando uno tiene fiebre es que hay un problema y la culpa no la tiene el termómetro', indicó Álvarez, quien recordó que el pasado año hubo 'una sistemática subida de los impuestos indirectos'. La consejera de Economía responsabilizó de la inflación a decisiones políticas. 'La política fiscal a la que estamos siendo sometidos no es la adecuada para controlar los precios', dijo Álvarez.

La Junta no tiene competencias sobre el control de precios, aunque siempre ha destacado la menor inflación como un dato que avalaba el mejor comportamiento de la economía regional en los últimos años. La consejera de Economía no comentó el incremento del IPC respecto a la media estatal, pero sí destacó que 'si los precios energéticos no hubieran bajado en 2001, habría una inflación de más del 4%'. Y vaticinó que la subida de los impuestos de hidrocarburos, alcohol y tabaco que propugna el Ejecutivo central 'va a tener un impacto muy negativo'.

Los agentes sociales también criticaron la política del Gobierno central, aunque en distinto grado. La patronal andaluza mostró su preocupación por el alto nivel de la inflación subyacente (aquella que excluye los precios más volátiles, los de combustibles y alimentos frescos), que alcanzó un 3,8%, pero alabó la contención lograda en los últimos seis meses.

Las críticas de los sindicatos fueron más agrias. UGT y CC OO recordaron que la inflación acumulada es muy superior al objetivo marcado por el Gobierno (2%), lo que en muchos casos ha supuesto pérdida de poder adquisitivo para los trabajadores.