El PSOE pide un plan de urgencia para la inmigración en Canarias

El PSOE ha pedido al Gobierno que diseñe un plan de emergencia para afrontar la llegada masiva de inmigrantes a Canarias. La secretaria de políticas sociales y migratorias de ese partido, Consuelo Rumí, ha advertido que, 'de lo contrario, en muy poco tiempo la situación en las islas va a ser difícilmente controlable'. Con la detención de 30 irregulares ayer, el número de interceptados en el archipiélago en los diez primeros días del año supera los 150.

La última patera fue localizada por una patrullera a las cuatro de la madrugada de ayer a 1,2 millas del municipio de Tuineje, en Fuerteventura, frente al pueblo de Las Playitas, en donde suelen desembarcar los inmigrantes. La Guardia Civil detuvo a los patrones de la embarcación, dos marroquíes de 23 y de 27 años, y trasladó a los otros 22 extranjeros que iban a bordo hasta la localidad vecina de Gran Tarajal. Todos eran varones y declararon que procedían de ocho países. Además, otros ocho indocumentados marroquíes, uno de ellos menor de edad, fueron interceptados por un helicóptero en el municipio de Antigua.

Unos y otros serán trasladados a la vieja terminal del aeropuerto de Fuerteventura. Tras las últimas deportaciones y traslados a Las Palmas, allí aún permanecen hacinadas 300 personas.

Consuelo Rumí declaró que el delegado del Gobierno para la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda 'ha subestimado la importancia de la situación y las dificultades crecientes que está provocando la llegada masiva de inmigrantes'. La responsable de migraciones del PSOE considera necesario que el Gobierno incremente los medios para controlar las costas canarias, especialmente las de Fuerteventura y Lanzarote, 'y se dote de mecanismos efectivos para repatriar a los inmigrantes a sus países de origen'.

Problemas sanitarios

La dirigente socialista también ha alertado sobre las 'graves consecuencias sanitarias' que la situación en la terminal del aeropuerto de Fuerteventura puede tener para los inmigrantes allí encerrados y para la población de las islas en general.

En una reunión mantenida en la mañana de ayer, representantes de Cruz Roja, del Cuerpo Nacional de Policía y del Servicio Canario de Salud abordaron la renuncia de los cuatro médicos y los dos enfermeros voluntarios de Cruz Roja que atendían a los inmigrantes en el aeropuerto. Todos ellos habían advertido hace un mes que a partir del 1 de enero abandonarían su labor si no se subsanaba la situación de hacinamiento en la terminal. Cumplido el plazo, consideran que carecen de las condiciones mínimas y de los medios indispensables para realizar su trabajo.

Los reunidos convinieron que el Ministerio del Interior asumirá 'un par de veces a la semana' el control directo de las dolencias detectadas a los inmigrantes y trasladará al centro de salud u hospital a los que necesiten una atención más especializada o padezcan enfermedades graves.

Cruz Roja calcula en 36.060 euros (unos seis millones de pesetas) la contratación durante un año de un médico y de un ATS a media jornada. Con este gasto correrá el Servicio Canario de Salud, según anunció el director del Área de Fuerteventura, Agustín Castañeyra.

Las tres partes acordaron estudiar un protocolo por el que a todos los retenidos se les abriría una ficha sanitaria, con fotografía y análisis incluidos, que quedaría en posesión del Ministerio del Interior hasta que el inmigrante fuera repatriado. De esta forma, las autoridades pretenden eliminar el riesgo de transmisión de enfermedades, algunas de ellas desconocidas en las islas.

Para iniciar esta labor, Interior deberá aprobar la construcción de un habitáculo en el aeropuerto que sustituya el rincón en donde trabajaron, tras un biombo, los voluntarios de Cruz Roja hasta fin de año.