Las pateras se desplazan de Andalucía a Canarias tras el 11 de septiembre

La inmigración procedente de Marruecos ha experimentado un cambio brusco desde el 11 de septiembre, fecha de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono, en Washington. Mientras que el número de detenidos en las costas andaluzas cayó en los últimos cuatro meses del año un 54% (de 7.107 a 3.251) respecto al mismo período de 2000, el de interceptados en Canarias aumentó más del triple (de 706 a 2.400).

El frenazo de la inmigración en el Estrecho se produjo a partir del 13 de septiembre, cuando la tensión internacional creada por los atentados cometidos dos días antes por terroristas musulmanes contra Estados Unidos estaba en su punto más alto.

El cambio de tendencia fue espectacular porque se produjo tras las avalanchas de pateras de junio, julio y agosto, que se saldaron con 7.484 detenidos, una cifra sin precedentes, y provocaron una protesta de Madrid ante Rabat.

Tampoco tenía precedentes el número de interceptados en Canarias en esos meses: de 236 en 2000 se había pasado a 962 en 2001.

Marruecos ordenó a sus fuerzas de seguridad frenar las salidas de inmigrantes hacia la Península para no significarse como vía de entrada de musulmanes en el continente europeo. Pero se abstuvo de hacer lo mismo con las pateras que zarpan hacia Canarias.

De esta forma ha provocado una riada de irregulares y ha colapsado las escasas infraestructuras de las islas. La situación se ha agravado por la falta de suficientes plazas de acogida en el archipiélago.

A la vista de las estadísticas del 2001, analistas en materia de inmigración subrayan varios factores.

El efecto 11 de septiembre ha contenido una avalancha que para esa fecha ya había pulverizado la teoría del efecto llamada que el Gobierno había atribuido a la Ley de Extranjería anterior y en base al cual justificó la reforma de esa norma. El balance final de detenidos ese año (19.243) sólo supera ligeramente al de 2000 (19.126).

En el caso concreto de Canarias, la teoría del efecto llamada es aún menos aceptable que en el Estrecho. El número de interceptados cayó de 2.274 en 1999 a 2.241 en 2000 (con la anterior Ley de Extranjería en vigor), y aumentó hasta 4.035 el año pasado, con la nueva norma.

Algunos expertos inmigración aventuran que el cierre de las playas del norte de Marruecos ha podido desviar las rutas de la inmigración hacia Canarias. Explican de este modo por qué siguen llegando embarcaciones a las islas, incluso en condiciones climáticas adversas.

Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior desconfían de esta teoría. Subrayan que la reducción de la inmigración ha afectado mucho más a los marroquíes que a los subsaharianos. Y señalan tres claves:

Una, práctica: la repatriación de los marroquíes es cada vez más rápida, mientras que la de subsaharianos, a pesar del acuerdo firmado con Nigeria, sigue siendo muy complicada.

Otra, económica: los grupos mafiosos de traficantes de personas que trabajan en connivencia con algunas autoridades siguen alimentándose.

Y otra, política: Canarias es, por tradición histórica y proximidad geográfica, un bastión del apoyo a la causa saharaui. La inyección de personas de color en las islas es una forma de presión que comienza a hacer mella en las autoridades autonómicas.

La mayoría de los irregulares que llegan a las islas aseguran haber zarpado de El Aaiún, la capital del Sáhara Occidental, ocupado por Marruecos. El hecho de que esa zona esté bajo control militar y que en ella no sea común la presencia de personas de color avalaría las tesis de que el Gobierno de Rabat no es ajeno al acoso que sufren las Canarias.