El Ayuntamiento de Granada abre expedientes a empresas de telefonía por instalar antenas ilegales

El Ayuntamiento de Granada ha abierto expediente a varias empresas de telefonía móvil por la instalación ilegal de seis antenas en distintos puntos de la ciudad. La concejalía de Medio Ambiente ha detectado que algunos de estos aparatos carecían de licencia, pero no se ha actuado con demasiada rigidez, pues sólo se ha dado un plazo para que se regule la situación antes de clausurar las instalaciones. Ecologistas en Acción denuncia que el Ayuntamiento no pone en práctica la normativa municipal que regula las antenas de telefonía móvil por presiones de las empresas.

El gobierno municipal aprobó el pasado verano una ordenanza muy restrictiva con la ubicación y la potencia de las antenas de telefonía móvil. La norma, que entró en vigor en agosto, establece un límite de potencia de emisión que es varias miles de veces inferior al que impone el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el de Sanidad. Además, establece que las antenas no pueden estar a menos de 200 metros de colegios, hospitales o residencias.

Ecologistas en Acción denuncia ahora que los responsables de Medio Ambiente (IU) son 'rácanos' en la aplicación de la norma y 'tienen pocas ganas de comprometerse'. Por ello prepara una campaña de movilización ciudadana contra la instalación de antenas móviles. El director del área municipal, Jesús del Río, aseguró que 'el 90% de las antenas que están instaladas cumplen ya la normativa'. Los ecologistas discrepan totalmente con este dato y aseguran que el 90% de los aparatos carece de licencia.

En Granada hay antenas de este tipo muy próximas a centros educativos, como la que hay en el instituto Padre Suárez o la de la calle Canasteros, junto al centro de educación infantil y de primaria Luis Rosales, según explicó Javier Egea, coordinador provincial de Ecologistas en Acción, que pide la clausura de estas instalaciones al encontrarse a menos de 200 metros de los centros. Pero el Ayuntamiento no va a intervenir para regular la ubicación de estas antenas, ya que, según explicó el responsable de Medio Ambiente, 'la limitación de distancia afecta sólo a los aparatos que se vayan a instalar a partir de ahora y no a los que ya tienen licencia'. Esto es para los ecologistas una 'interpretación errónea de la norma'.

Del Río explicó que el lugar donde se encuentren las antenas es indiferente si éstas emiten con la potencia mínima que se establece con el fin de prevenir posibles efectos nocivos para la salud. Para la adecuación de todas las antenas de la ciudad a los nuevos límites de emisión, el Ayuntamiento proporcionó a las empresas un plazo de seis meses, que cumple dentro de unos días, cuando se espera que todas las operadoras de telefonía presenten la documentación necesaria.

La empresa Airtel recurrió ante la justicia la normativa granadina y, aunque el juez no ha suspendido esta ordenanza de forma cautelar, en la práctica casi es así, porque el Ayuntamiento pretende ser 'flexible' con las empresas hasta que el juez emita una resolución, a pesar de que no hayan adecuado sus instalaciones una vez agotado el plazo de seis meses.