La democracia, amenazada

Imagínense ustedes un país en el que el poder ejecutivo central logra someter a su arbitrio a las cámaras legislativas y en el que construye una estructura judicial al servicio de sus intereses; en el que el jefe supremo decide en solitario a quién hay que matar y organiza de forma retribuida esa matanza; en el que los medios de comunicación justifican la tortura como un mal menor y necesario; en el que la vida económica gira en torno de la maquinaria militar y de sus soportes tecnológicos; en el que se suprimen todas las garantías de que suelen disponer los acusados cuando se les juzga; en el que la legislación reserva a determinadas minorías étnicas un trato gravemente discriminatorio. Es dificil describir una forma más acabada de autocracia y, sin embargo, se trata de Estados Unidos de América. Ya que el USA Patriot Act, votado a finales de septiembre, ha puesto en manos del presidente las principales atribuciones del Congreso y del Senado, no sólo en materia de seguridad, sino también de comercio y otros sectores, como la creación por la presidencia de una justicia paralela, gracias a la ley patriótica del ministro de Justicia, John Ashcroft, le permite detener y encarcelar por tiempo indefinido a cualquier inculpado, sin que pueda recurrir a la asistencia de un abogado y por el solo hecho de ser originario de Oriente Próximo, a lo que se añade el establecimiento de tribunales militares, que se rigen por procedimientos secretos y sumarísimos, susceptibles de condenar a muerte por mayoría simple y destinados a juzgar a extranjeros sospechosos de terrorismo. Bush ha abrogado también la decisión que prohibía a la CIA asesinar a dirigentes extranjeros, ha facilitado la lista de los líderes talibanes a suprimir y ha fijado la cuantía de la recompensa por su muerte, a la par que el secretario de Defensa, Rumsfeld, ha decretado que no quiere talibanes prisioneros, sino muertos (¿cuántos hasta ahora?). De igual manera, el Newsweek del 5 de noviembre, y el comentarista Tucker Carlson de la CNN, legitiman el recurso a la tortura como medio de ganar la guerra contra el terrorismo, y las empresas Lockheed-Martin, Rayhteon, Boeing, etcétera -todas tan próximas a la actual Administración americana-, exigen que el presupuesto del Pentágono supere los 320.000 millones de dólares -más de lo que representan los presupuestos militares de todos los enemigos potenciales de Norteamérica- si se quiere acabar con Osama Bin Laden y sus secuaces. Lo que lleva a la conclusión de que los peores enemigos de un sistema y de unos valores son sus heraldos cuando cambian de bando. De aquí que un editorialista tan republicano de derechas como Willian Safire nos hable en The New York Times del pasado 15 de noviembre de que estamos en una situación de dictadura, lo que corrobora Chalmers Johnson al afirmar que 'este golpe de Estado militar larvado está transformando el país en una nación de delatores'.

En realidad, Bin Laden está consiguiendo lo que pretendía: destruir desde dentro el mundo democrático. Para ello ha tenido la extrema habilidad de proveer al núcleo más reaccionario y belicista de la clase dirigente americana de las razones que necesitaba para lograr su más preciado objetivo: establecer un Estado de Seguridad Nacional. Los hombres de Reagan y Bush Sr, los gestores político-militares de la segunda guerra fría (1975-1989) -Cheney, Rumsfeld, Wolfowitz, Armitage, Libby, Negroponte, Kelly...- han encontrado por fin en Al Qaeda y el terrosimo el enemigo que les faltaba, la justificación guerrera que andaban buscando desde la caída del muro de Berlín. Ahora, de lo que se trata es de magnificarla y de hacerla durar. Por eso, el presidente Bush, y sus acólitos nos prometen una lucha global, una guerra sin límites espaciales ni temporales. El vicepresidente, Richard Cheney, ya nos ha advertido de que la cruzada antiterrorista puede durar más que los 40 años de la guerra fría. Esas dramáticas amenazas se ven reforzadas por una política exterior antidemocrática, que se niega a suscribir cualquier convenio que conduzca a un orden mundial basado en los derechos humanos y en la justicia, y que, en cambio, concede patente de corso a las matanzas sistemáticas en Chechenia, Palestina, Tíbet... ¿Existen alternativas? Muchos creemos que sí.