Los rectores pedirán una nueva ley de universidades cuando cambie el Gobierno

Los rectores pedirán una nueva ley que regule la educación superior 'en cuanto se produzca un cambio de Gobierno' porque consideran que 'existe el riesgo cierto' de que la recién aprobada Ley Orgánica de Universidades (LOU), publicada en el BOE el pasado día 24, 'no cumpla los objetivos' para mejorar la calidad de la educación superior. En un duro documento, la Conferencia de Rectores (CRUE), integrada por 66 de las 69 universidades públicas y privadas, exige al Ministerio de Educación 'un cambio drástico de métodos y talante'. El manifiesto añade que, aunque aplicarán 'la legalidad vigente', los rectores no van a renunciar a 'reivindicar un modelo distinto y de futuro para la Universidad'.

La nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU) entrará en vigor el 13 de enero de 2002 (a los 20 días de su publicación en el BOE), aunque la puesta en marcha de algunos de los cambios más relevantes llevará mucho más tiempo. Las universidades calculan que sus estatutos tendrán que esperar al menos un año y medio, hasta ser aprobados por las comunidades autónomas. Pero además los estatutos señalarán casi con toda probabilidad, según los rectores, la necesidad de renovar el claustro y de elegir nuevo rector, lo que retrasará el proceso.

El presidente de la CRUE, Saturnino de la Plaza, explica que los rectores 'no renuncian a pedir una nueva ley en cuanto haya cambio de Gobierno, porque la LOU no es la ley que necesita la universidad para las próximas décadas'.

En la próxima legislatura

Los rectores resaltan además que algunas medidas tardarán aún más en ponerse en marcha, como la desaparición de la prueba de la selectividad, prevista para el curso 2004-2005, cuando ya haya empezado la nueva legislatura.

En el documento Ante la aprobación de la Ley de Universidades por las Cortes Generales, los rectores advierten al Gobierno que 'la etapa que ahora se abre exige un cambio drástico y profundo en las actitudes, los métodos y el talante del Ministerio de Educación, un cambio sin el que no será posible establecer el deseable clima de colaboración'.

Los rectores afirman además que 'en un momento especialmente decisivo para la articulación, antes de 2010, de un espacio europeo integrado de educación superior, la LOU no aprovecha una gran oportunidad histórica: la de construir, sobre el consenso generalizado de la necesaria reforma universitaria, un nuevo contexto para el desarrollo, mejora y progreso de la enseñanza superior'.

Los máximos responsables de los centros superiores reiteran que la nueva ley 'representa una merma significativa de la autonomía universitaria' y destacan 'la ausencia de compromisos de financiación concretos que garanticen la suficiencia de recursos y la igualdad de oportunidades'.

Las universidades también critican 'las descalificaciones injustas contra el conjunto de la comunidad universitaria' realizadas por diversos miembros del Gobierno y la gestión política: 'Incluso en el escenario de una sólida mayoría absoluta, no ha sido adecuada, responsable ni respetuosa, y ha provocado un innecesario deterioro del buen clima social, académico e institucional'.

Estas manifestaciones y la decisión de pedir otra ley son el colofón a una relación, la del Gobierno y las universidades, que se ha ido crispando a medida que pasaban los días. De hecho, hoy sigue habiendo protestas, como la de medio centenar de estudiantes que están pasando las fiestas navideñas acampados en una calle en Sevilla para protestar contra la LOU.

Peticiones de cambio

Durante los últimos ocho meses, los rectores han pedido en reiteradas ocasiones modificaciones concretas en el contenido de la ley elaborada por el equipo de la ministra de Educación, Pilar del Castillo, así como que los cambios se debatieran con todos los miembros de la comunidad educativa y que se buscara el máximo consenso parlamentario. La CRUE llegó a solicitar a la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, que la ley se debatiera 'con sosiego y profundidad' en el Parlamento. Pero no obtuvieron ningún resultado, recuerda el presidente de la CRUE.

Tras no ser escuchadas las peticiones que se hicieron al Gobierno, añade De la Plaza, la CRUE manifestó su apoyo, así como muchos claustros y juntas de gobierno de universidades, a las movilizaciones convocadas por organizaciones de estudiantes y los sindicatos UGT y CC OO contra la nueva ley, e incluso más de una veintena de rectores acudieron a las manifestaciones.