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Una propuesta para el País Vasco

En su reciente libro de conversaciones con Juan Luis Cebrián, Felipe González establece una comparación entre su convocatoria del referéndum acerca de la pertenencia de España a la OTAN y el intento del PP en las pasadas elecciones por sustituir a los partidos nacionalistas en el poder en Euskadi. En los dos casos se trató de una apuesta arriesgada, pero el resultado fue muy diferente. El ex presidente socialista asegura que en ocasiones se ha presentado aquella opción suya, que considera un error grave, como una muestra de sagacidad. La verdad es que el resultado fue bueno para el PSOE como consecuencia de unas circunstancias independientes de su voluntad y de sus previsiones. También lo fue para los españoles porque a la guerra fría ya no le quedaban tantos años de duración, pero tuvo el inconveniente de evitar un debate acerca de la defensa que otros países europeos hicieron antes. Aun así, se trató sin duda de un órdago, denominación que resulta perfectamente válida para el planteamiento llevado a cabo por el PP en las últimas elecciones vascas. En este caso no llegó a un buen resultado para quien lo provocó, aunque bueno sería que unos y otros pensaran que estuvo a punto de conseguirlo.

Lo malo es, sin embargo, que desde aquellas elecciones el procedimiento de los órdagos sucesivos parece estabilizado en la relación entre el nacionalismo vasco y el Gobierno del PP. Frente quienes piensan que nada se ha avanzado desde las últimas elecciones vascas mi opinión es la contraria. En primer lugar, casi la mitad de los votos extremistas ha sido succionada hacia un género de nacionalismo que excluye el empleo de la violencia. El entorno de ETA ha perdido la iniciativa política que en algún momento pudo tener cuando optó por la tregua. Para él no hay otro tratamiento que el policial y en ello hay coincidencia con nulas fisuras. El volumen semejante del voto nacionalista y no nacionalista debería hacer pensar que si el Gobierno de los segundos es, por el momento, improbable no tiene nada de imposible siempre que, en vez de multiplicar la dosis de la receta repartida durante la campaña electoral, la modifiquen de modo sustancial. Subsiste, sin embargo, un inconveniente muy grave. Se habla de que en el País Vasco hay un déficit democrático por la amenaza que pende sobre una parte la población o un déficit en el cumplimiento del Estatuto, pero más grave es el que impide la coincidencia fundamental entre los partidos democráticos. De ahí las series encadenadas de órdagos. Aznar sugiere la suspensión del Estatuto, invoca los 'privilegios' a los que daría lugar la ampliación de las competencias y atribuye tibieza al adversario a la hora de condenar los atentados. El sector dirigente de los nacionalistas le responde con amenazas de retirada de las instituciones parlamentarias y, sobre todo, con demandas de autodeterminación. Los órdagos se desgranan en actitudes concretas. Es defendible proponer que los condenados etarras estén en prisiones vascas; en mi opinión así debiera haberse hecho, al menos en el momento de la tregua. En cambio no tiene sentido, en las presentes circunstancias, subvencionar los viajes de los familiares a visitarlos.

Permítaseme una digresión sobre la 'equidistancia'. Quienes emitimos juicios como el que antecede somos acusados de tan grave pecado se nos achaca de un modo que parece presumir que estamos a medio camino entre el terrorismo y la democracia. Pero,como inventamos el término y nos corresponden derechos de autoría, debemos recordar que nuestra equidistancia se refiere a nacionalistas y no nacionalistas y se concreta tratando de entender a ambos. Nadie pondrá en duda que sería deseable un mayor grado de acuerdo entre unos y otros. Puestos a admitir errores (que todo el mundo los ha cometido acerca del País Vasco), bueno será conceder que también nosotros hemos incurrido en ellos. La invocación repetida y genérica al diálogo por el diálogo acaba por agotarse en sí misma. Es obligado avanzar algún paso más.

Ha aparecido recientemente un libro del que es autor Ignacio Sánchez Cuenca, titulado ETA contra el Estado (Tusquets), de lectura muy recomendable. Su contenido es discutible: no aporta datos nuevos sobre la organización terrorista y presume la racionalidad de su comportamiento utilizando esos modelos de la teoría de juegos que simplifican en exceso la realidad. Hace, además, interpretaciones que son, en mi opinión, injustas para algunas fuerzas políticas, en especial las nacionalistas. Es, no obstante, un libro extremadamente inteligente que tiene el mérito de hacer una propuesta final sobre la cuestión política fundamental que está sobre el tapete en el momento presente, es decir, la autodeterminación. Las presentes malas relaciones entre nacionalistas y no nacionalistas podrían ser superadas mediante un acuerdo que comprometiera a los nacionalistas democráticos, por radicales que fueran, a hacer desaparecer el terrorismo como paso previo a cualquier ejercicio del derecho de autodeterminación.

Adelanto que el derecho de autodeterminación no me parece útil para resolver el conflicto vasco. Como ha escrito tantas veces Joseba Arregi, en una sociedad tan plural un Estatuto, el vigente u otro a negociar, es la solución idónea. Su funcionalidad derivaría no obstante, de ser un procedimiento de atracción a los radicales o un instrumento de cierre de un contencioso. Pero, al mismo tiempo, en términos de principio la autodeterminación resulta difícilmente discutible. La peor forma de combatirla es, desde luego, declararla inimaginable remitiéndose al texto constitucional; con eso sólo llegamos a la actual multiplicación del disenso.

En cambio la autodeterminación debería ser concretable. En la propuesta de Sánchez Cuenca se parte de un requisito previo y fundamental: la desaparición de ETA. Tiene su lógica absoluta teniendo en cuenta que nadie puede expresarse con libertad (autodeterminarse, en suma) si puede ser obsequiado con un tiro en la nuca por quien no piensa como él. A su vez, los términos en los que se basaría la desaparición de la violencia con carácter definitivo -entrega de armas, por ejemplo- podrían resultar especificados de forma precisa.

El acto mismo de autodeterminación debería ser sujeto de debate y negociación por parte de las fuerzas democráticas. En vez de adelantar soluciones contrapuestas que no hacen otra cosa que provocar tensión gratuita -negarse a la autodeterminación o presumir que sólo tendrán derecho a ella quienes hayan nacido en el País Vasco- habría que empezar por señalar lo que en caso alguno puede ser votado. La igualdad de derechos de los habitantes no puede quedar determinada por el resultado de una votación, ni aun si fuera abrumadora. En cambio resulta negociable la determinación de las unidades geográficas en que se ejercería (y en este punto se cumpliría el principio de que a mayor extensión, menor soberanía) y el porcentaje de votos que validaría el resultado (la exigencia de una cifra alta sería garantía de estabilidad en la decisión). Sánchez Cuenca afirma que su propuesta, que aquí he pretendido desarrollar, no supone un acto de cesión a los terroristas, sino la aplicación de su método interpretativo, el de la teoría de juegos, para una solución racional. En mi opinión una fórmula como la descrita tiene la ventaja de que sin duda sustituye el agitar de las banderas por comportamientos más previsibles y menos cargados de adrenalina. Hay una mala noticia que comunicar a nacionalistas y no nacionalistas vascos: el adversario democrático no va a desaparecer. Si el terrorismo se esfuma por ser derrotado no hay motivo para temer el resultado de una consulta cuyos términos hayan sido negociados con antelación. Quienes se dicen partidarios de la independencia del País Vasco tendrían que definirse finalmente en un sentido o en otro; quienes no, adquirirían seguridad y previsibilidad tras los resultados. Quienes no son partidarios de la autodeterminación a no ser que se la prohíban sin duda votarían en contra de la independencia. Todo hace pensar que ni siquiera la consulta llegaría a celebrarse, sino que el conflicto vasco acabaría encauzándose por la vía de la negociación de un nuevo Estatuto o por otra interpretación de la aplicación del existente. Habría una inevitable aspereza, pero no el desencuentro persistente en que nos encontramos.

No creo que a nadie se le pueda ocurrir que esta propuesta favorece a los terroristas. Claro está que tiene obvias dificultades constitucionales. Para superarlas ni siquiera utilizaré un ejemplo europeo -Irlanda ha modificado su Constitución para resolver el problema del Ulster-, sino el de la propia Constitución Española que habla de las 'nacionalidades' y luego no dice ni qué son ni en qué consisten.

Javier Tusell es historiador.

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0026, 26 de diciembre de 2001.

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