Feijóo acusa al Gobierno de tratar a los menores migrantes como “adultos” para contentar al “separatismo”

Alberto Núñez Feijóo ha cargado con dureza por primera vez contra el acuerdo adoptado entre el Gobierno central y Canarias para establecer las reglas de distribución de los menores migrantes no acompañados. La fórmula para este reparto extraordinario de niños acogidos en Ceuta y las islas entre las comunidades autónomas tendrá en cuenta la población y el esfuerzo de acogida (unos criterios por los que Cataluña y País Vasco tendrán la menor participación por la cantidad de menores que ya tutelan). “Ahora resulta que los menores dejan de ser niños si se negocia con el separatismo. Venga hombre, si estos son los que dan lecciones de moralidad, que se las ahorren todas, que dejen de manipular a la gente”, ha censurado el líder del Partido Popular, este domingo en Zaragoza, en un acto en materia de vivienda con una treintena de alcaldes de grandes ciudades —en el que ha anunciado bonificaciones del IBI—.

Feijóo rechaza así de plano el pacto sobre niños y adolescentes migrantes pese a estar suscrito por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), que cogobierna en el archipiélago junto al PP canario. Y pese a que su vicepresidente, el popular Manuel Domínguez, se ha mostrado abiertamente a favor de la medida.

Este viernes, un día después del anuncio del acuerdo, el PP ya se posicionó rotundamente en contra de los criterios de reparto por boca de su portavoz nacional, Borja Sémper. El también vicesecretario de Cultura tachó de “inaceptable” la fórmula, poniendo el foco en el País Vasco y Cataluña como diana de sus críticas, pues los populares justifican ahora su rechazo bajo el argumento de que ambos territorios estarían excluidos del reparto. Tanto el Ministerio de Infancia como el propio Clavijo niegan la mayor y señalan que, al aplicar los criterios de población y esfuerzo de acogida, Cataluña y País Vasco resultan con un menor porcentaje. Sin embargo, el Partido Popular pasa por alto dicha argumentación y amplifica el mensaje de que quedan fuera de esa distribución. Y acusa al Gobierno de Sánchez de repartir a los menores como “si fueran mercancías” y “sin molestar a los socios”, ha indicado Feijóo en Zaragoza, delante del cartel con el lema de los populares La Política que sirve.

En esa línea, el PP asegura a priori que votará en contra del acuerdo si este llega a someterse a debate en el Congreso. En privado, fuentes de Génova reconocen, en cualquier caso, que no promoverán la sublevación de los presidentes autonómicos de las 11 comunidades donde gobiernan los populares. Es decir, pese su oposición frontal, el gabinete de Feijóo avanza que no fomentará entre los barones la resistencia a acoger a los niños y adolescentes migrantes en sus territorios. “Nosotros hemos escrito un plan para luchar contra la inmigración, dejen de escurrir el bulto”, ha dicho el líder del PP este domingo, volviendo a aludir al documento firmado con Clavijo en septiembre. Y al que se aferra como su hoja de ruta en materia de inmigración, desoyendo y pasando por alto que el presidente de Canarias se atañe a la fórmula pactada con La Moncloa.

El jueves, Clavijo compareció con la ministra de Infancia, Sira Rego, con la que celebró el acuerdo sobre los criterios con los que van a tratar, tras meses de negociaciones, de efectuar el traslado extraordinario de 4.400 menores (4.000 desde Canarias y 400 desde Ceuta). Aún tienen que afinar el pacto, pero coinciden en combinar los criterios que se llevan aplicando desde 2022 en otros repartos puntuales —y que las comunidades autónomas aceptaron— con un modelo de distribución que Clavijo pactó con el PNV. Una ecuación que tendrá en cuenta la población, la renta per cápita, el desempleo y el esfuerzo de acogida, tanto reciente como histórico. Además, se contempla incluir variables que tengan en cuenta las circunstancias de los territorios frontera, como País Vasco y Andalucía.

La despoblación como variable de la financiación

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha aprovechado el acto para reivindicar su frente propio en materia de financiación autonómica, con la vista puesta en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. El Ministerio de Hacienda envió hace unos días un documento técnico a los Gobiernos autonómicos con las conclusiones de las peticiones que hicieron en diciembre de 2021 para la actualización del sistema, caducado desde 2014. Según la información recopilada, todas las comunidades “son partidarias de descartar” la variable de la despoblación, a excepción de Cantabria, Aragón y Castilla y León. Con esos resultados sobre la mesa, el Ministerio infiere que la despoblación “se descartaría” en el nuevo modelo. “Una de las batallas más importantes que vamos a dar en los próximos días es defender a los aragoneses, que la despoblación se incluya”, ha asegurado Azcón este domingo, apelando a Feijóo como adalid de la lucha.

“La despoblación ha de ser un criterio en cualquier sistema de financiación: la despoblación, la dispersión y el envejecimiento”, ha respondido el jefe del PP, recogiendo el guante. Azcón y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, reactivaron hace unos días la conocida como Declaración de Santiago, impulsada por el propio Feijóo en septiembre de 2021, cuando aún era presidente autonómico. Un frente que unió a ocho comunidades de distinto signo (Galicia, Asturias, Aragón, La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha) con el interés común de que la financiación autonómica se reparta, teniendo en cuenta sus problemas de dispersión y envejecimiento. Y que Azcón y Rueda impulsan de nuevo ahora ante el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Se quieren eliminar los criterios de equidad por la ideología del separatismo, comprar voluntades políticas”, ha incidido Feijóo, que asume el reto de que la unidad de los barones, con peticiones dispares por las distintas características de los territorios, no se rompa de cara a esa reunión. Una cita en la que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, pretende ofrecer expresamente la condonación de la deuda a todas las autonomías.