El Gobierno y Canarias acuerdan los criterios para trasladar a 4.500 menores migrantes

Nadie canta victoria todavía, pero los equipos del Gobierno de Canarias y del Ministerio de Juventud e Infancia celebran haberse puesto de acuerdo en algo. La ministra Sira Rego y el presidente canario, Fernando Clavijo, han anunciado este jueves que ultiman la fórmula con la que intentarán distribuir de manera extraordinaria unos 4.400 menores extranjeros no acompañados que se hacinan en el archipiélago y en Ceuta. Para el reparto se aplicarán criterios como la población, la renta per cápita y el número de menores migrantes acogidos en la actualidad y en los últimos años.

La fórmula es una mezcla de la propuesta que los canarios consensuaron con el PNV a finales del año pasado y de los criterios que se han ido aplicando desde 2022 en otros repartos extraordinarios mucho menos numerosos, como el que el verano pasado sirvió de excusa a Vox para romper sus gobiernos autonómicos con el PP. Los cálculos aún no están hechos y faltan ajustes por hacer, según fuentes de ambas partes, pero, si se aplica esta fórmula, es probable es que comunidades como País Vasco y Cataluña se queden fuera del reparto o reciban un número muy pequeño de niños. La exclusión de estos dos territorios es un espaldarazo para que Junts y PNV den su apoyo parlamentario a la medida, pero la lectura trasciende lo político: las dos comunidades han hecho en los últimos años un esfuerzo de acogida mucho mayor que otros territorios con características similares.

En el caso de Cataluña, los datos que maneja el Ministerio de Infancia revelan que esta comunidad ya cuenta con unas 4.000 plazas de acogida para menores, el 24% de toda España, por lo que tendría más de un millar de camas por encima de lo que le correspondería. El País Vasco, con casi 1.500 camas, también estaría haciendo un sobreesfuerzo de 500 plazas. Tanto el Ministerio de Infancia como el Gobierno canario han negado que su acuerdo contemple la exclusión de estas dos comunidades del reparto. Lo que reconocen es que al aplicar estos criterios “objetivos” y sin saber aún los cálculos que arrojarán las proyecciones, es probable que se les exija un esfuerzo menor. Esta circunstancia también puede darse en otros lugares como Baleares, que lleva meses con sus sistemas de acogida de menores muy tensionados por las llegadas desde Argelia.

Lejos de dar por cerrado el asunto, este acuerdo es un pequeño paso en una negociación que aún necesita ajustes y que, sobre todo, tiene que contar con el apoyo de los grupos parlamentarios. Una vez descartados el PP y Vox, los negociadores tendrán que convencer a los independentistas catalanes y al PNV para no repetir el fracasado intento de cambiar la ley de extranjería para no limitarse a traslados puntuales y convertirlos en estructurales. El Gobierno espera ahora el análisis de la Abogacía del Estado para ver si es posible aprobar este reparto extraordinario vía real decreto ley, con lo que se podría dar luz verde inmediata en el Consejo de Ministros e intentar validarlo después en el Congreso. De lo que nadie parece tener dudas es de que si finalmente sale adelante, las comunidades del PP acudirán al Tribunal Constitucional para tumbar la iniciativa. Fuentes del partido han criticado el acuerdo aún antes de conocerse sus detalles: “Este modelo de reparto asimétrico e injusto no contará en ningún caso con nuestro apoyo. Utiliza criterios políticos para un reparto como si País Vasco y Cataluña no fueran España”.