Amenazas, falta de comida, violencia y bajas laborales en la primera línea de la atención a menores migrantes

Sobre la mullida moqueta de los despachos se ultiman las negociaciones entre los representantes políticos para cerrar un reparto puntual de unos 4.000 de los aproximadamente 5.800 menores no acompañados que tutela el Gobierno de Canarias. Mientras tanto, los trabajadores encargados de la primera línea de la atención sufren en carne propia la saturación y el descontrol de la atención a los menores sin tutores legales. Es el caso del centro en la localidad lanzaroteña de Mácher, abierto hace menos de un año. Seis de la quincena de trabajadores están de baja laboral y cuatro han renunciado a su puesto por la situación que ha impuesto la entidad que lo gestiona, la Fundación para el Estudio y la Promoción de la Acción Social (Fepas), que cobra 90 euros por menor y día de dinero público. Los empleados denuncian una situación extrema: falta de comida, ausencia de servicios mínimos como lavandería, el fin de las clases de español o de la orientación para los chicos y destrozo de las instalaciones. “No hay mayor violencia que no dar de comer a un menor”, aseveran fuentes cercanas a los trabajadores. “Es una presión inexplicable, no sé cómo definirla con palabras”, relata otra fuente.

Canarias lleva muchos meses lanzando llamadas de auxilio tanto al Gobierno central como al resto de Comunidades Autónomas. El archipiélago, asegura su presidente, Fernando Clavijo, está en “una situación límite”. El actual Gobierno dice haber duplicado la red de centros hasta 86 para atender a más de 5.800 niños. “Vivimos una situación difícil”, admitía a principios de mes a este periódico la directora general de Protección a la Infancia y a las Familias, Sandra Rodríguez. “Cada vez resulta más complejo abrir centros, lo que nos obliga a sobreocupar los que tenemos. No es solo una cuestión de dinero: cuesta encontrar inmuebles y personal cualificado”, añadía. Este colapso ha dejado en el archipiélago a centenares de menores que malviven, por ejemplo, en un centro para la cría y entrenamiento de palomas en Tenerife reconvertido en almacén de niños, problemas de falta de formación y actividades para los niños, la contratación de educadores sin cualificación o, incluso, malos tratos contra los menores.

Estos problemas se complican aún más en las islas no capitalinas como Lanzarote. En abril del año pasado, el Ejecutivo clausuró el problemático macrocentro de La Santa ―también gestionado por Fepas―, que llevaba años en el centro de las críticas. En junio, saltó a los medios la situación de un dispositivo (los lugares que albergan a menores) en Arrecife, que la Fiscalía mandó a cerrar. En él, 55 jóvenes convivían con cucarachas, baños sucios y una deficiente alimentación. La situación parece repetirse en Mácher (municipio de Tías, 1.253 habitantes). La entidad Fepas, fundada en Zaragoza en 2002, ganó en noviembre de 2023 una licitación del Gobierno canario dotada con 195.210 euros para gestionar un centro de 30 plazas. El Ejecutivo paga a las organizaciones 90 euros por niño y día y la entidad abrió en marzo en una antigua casona. “La situación era precaria, con espumillas en el suelo y paredes que se caían si te apoyabas en ella. La segunda planta no se podía usar”, rememoran fuentes cercanas a los trabajadores. Estos testimonios explican que, aun así, este recurso funcionó correctamente hasta octubre, con escolarización, clases de español, orientación laboral y un sistema de pagas por comportamiento.

Ese mes, la entonces directora se fue de vacaciones. La gestora designada por Fepas y una coordinadora comenzaron a aplicar cambios, y la directora terminó abandonando su puesto a los pocos días. “Cambiaron las normas de la casa de un día para otro. Dejó de haber personal para atender a los menores en los turnos, comenzó a no haber dinero en el centro para lo más básico, incluido los productos de higiene necesarios para los adolescentes, ni un mantenimiento básico de las instalaciones”, señalan los trabajadores. Se llegó, relatan, a poner fin a las clases de español y la orientación laboral de los menores. Y lo más importante, la falta de comida. Los menores han grabado, incluso, vídeos de las neveras y muebles vacíos para probar la falta de alimentación. Aseguran que los fines de semana no hay nada para desayunar o merendar, y que han sido los propios educadores los se han tenido que comprar comida con su propio dinero por no haber nada en la caja del centro. “No quiero ni pensar en qué estarán invirtiendo, porque en el centro y en los menores, desde luego que no”, denuncian. Este periódico ha tratado, sin éxito, de recabar la versión de Fepas.

Este deterioro de la situación condujo a que los menores pasasen la noche a modo de protesta frente al Ayuntamiento de Tías el 29 de octubre. Y también que se hayan generado episodios de violencia, como daños a automóviles o la rotura de cristales del centro. Se ha constatado el consumo de alcohol en las instalaciones. Las fuentes consultadas aseguran que los trabajadores se sienten indefensos, sin apoyo por parte de la empresa. “Se refuerzan las conductas violentas: he visto un niño tirando piedras a un empleado que se había refugiado en un garaje, llegar la Policía y la Guardia Civil... Y a las cuatro horas, la dirección le da 50 euros para que se calme y compre ropa”, lamentan. Cuando no se recurre a la intimidación y a las denuncias falsas por parte de la gerencia, denuncian: “Los responsables han recurrido a las amenazas a los menores más conflictivos, en vez tratar de educarlos”. Al final, relatan, estos han acabado en centros cerrados.

A principios de noviembre, los empleados remitieron un escrito al Gobierno de Canarias en el que relataban la situación. Fuentes del Gobierno explican que la directora general había visitado el centro el 30 de octubre y, ante la situación, hizo varios requerimientos de inmediato. Las técnicas de la Dirección General volverían a inspeccionar las instalaciones a principios de enero y constataron que se habían adquirido “nuevas literas, colchones, somieres, lavadora y ropa para los chicos”. Fuentes de los trabajadores matizan que esta visita fue anunciada, lo que permitió a Fepas llevar a cabo estas compras y arreglos de última hora. La situación, afirman, no ha cambiado.

Negociaciones

Esta situación de tensión se replica en otros centros de las islas, según suelen relatar sus empleados, y pone de manifiesto la situación de colapso en el archipiélago. El voto en contra del PP (que forma parte del Gobierno canario), el de Junts y el de Vox bloqueó en julio una reforma de la Ley de Extranjería que debería permitir el reparto automático de menores migrantes no acompañados por las comunidades. A principios de año, el ministro Ángel Víctor Torres y su sucesor en la presidencia, Fernando Clavijo, comenzaron a explorar un traslado puntual de 4.000 niños y niñas de Canarias a otras regiones de la península (además de otros 500 desde Ceuta). Este viernes, Clavijo aseguró en Santa Cruz de Tenerife tras reunirse con el presidente catalán, Salvador Illa, que el acuerdo final estará listo en aproximadamente una semana para ser remitido a los grupos parlamentarios. Esta vez, aseguró al término de su comparecencia con Illa, Clavijo dijo que espera contar con los votos favorables de Junts y el PP.

Entre los puntos acordados, Canarias y Ceuta deberán proporcionar un listado certificado de menores que hayan pasado las pruebas médicas de determinación de edad. El número de menores asignados a cada Comunidad Autónoma será determinado por la Administración General del Estado, en función de criterios específicos. Estos criterios, así como la financiación, aún están por definir.