No son austeros ni legales

Para las gentes poco duchas en prácticas mercantiles y técnicas contables, por no hablar de ingenierías financieras, que constituimos la inmensa mayoría del censo, nos suenan con frecuencia a chino las explicaciones oficiales acerca del estado de la hacienda pública. Por ejemplo, de creer al consejero de Economía de la Generalitat, Vicente Rambla, o al mismo presidente, Eduardo Zaplana, las finanzas autonómicas gozan de excelente salud y sus deudas son las propias de una institución bien gobernada. La oposición, en cambio, afirma lo contrario y no faltan expertos y proveedores de la Administración que tiñen de pesimismo sus diagnósticos. Ante ese fuego cruzado, a uno se le queda la cara a cuadros y espera pacientemente a que la realidad aflore, otorgando a cada cual su cuota de razón.

Lo que no está sujeto a interpretaciones complejas o capciosas es parte del informe de la Sindicatura de Cuentas cuando denuncia que numerosos contratos se siguen efectuando según la fórmula de Juan Palomo, esto es que la Administración se los guisa y adjudica sin publicidad ni concurrencia. Un vicio al tiempo que una irregularidad cultivada por todos los partidos gobernantes -y el PP no es una excepción- que en ocasiones alcanza cotas escandalosas, sólo atenuadas por su universalidad y reiteración. La corruptela se ha diluido en la rutina y sería casi pasmoso que se sancionase como debe. Lo cual no deja de ser una perversión democrática y cívica.

Otro apartado menor -o no tanto- que se entiende sin dificultad es referente a los gastos en viajes y boatos oficiales, que el síndico señala con el dedo. A lo peor, como los mismos autores de la auditoría, pecamos de pusilanimidad, de pobreza de espíritu, y no aquilatamos las ventajas de los dispendios, sobre todo en punto a la promoción de la Comunidad en el mundo. Pero la verdad es que en este capítulo siempre nos ha parecido que se dispara con pólvora de rey. Quizá porque uno se ha curtido a golpe de forzadas austeridades no cala en ese gusto por las embajadas numerosas a cargo del erario. Y, especialmente, no traga si, a mayor abundamiento, no se justifican como está mandado los dispendios. A 31 de diciembre del 2000, el Instituto Valenciano de la Exportación arrastraba un pufo de 120 millones sin documentar.

El dictamen de la Sindicatura anota otras lagunas, y no es baladí la referente a la pulcritud contractual de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias, cuya gestión es objeto de tantas sospechas, razón mayor para que la rendición de cuentas fuese un ejemplo de rigor. Y no lo es, con lo que se contribuye a atizar las susceptibilidades que menudean a la par con el aumento galopante de sus costes.

Pero no está en nuestro ánimo -ni incumbe a nuestra capacidad- escudriñar lo grandes números de la administración presupuestaria, sino tan sólo nos limitamos a subrayar esa propensión por el fasto y -a veces- por el derroche, sinónimo de pretenciosidad y de coentor, y que no debiera diluirse en la impunidad. De la otra corrupción, la de contratar sin publicidad ni concurrencia, esto es, con los amiguetes, ya va siendo hora de que la fiscalía tome cartas en el asunto.