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Ibarretxe vuelve a su anterior oferta para facilitar el acuerdo con Hacienda

Las diferencias para la renovación del Concierto se reducen a 7.000 millones

Luis R. Aizpeolea

La reunión que este miércoles celebrarán al máximo nivel delegaciones de los Gobiernos central y vasco será decisiva para aclarar si el Concierto económico, que regula la financiación vasca, se renueva próximamente o, por el contrario, las relaciones entre ambas Administraciones pasan a la confrontación en todos los terrenos. La delegación vasca, encabezada por la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, acude con 'voluntad de acuerdo'. De hecho, pondrá sobre la mesa una oferta de Cupo para el año 2002 -cifra a pagar por el País Vasco a la Hacienda central por los servicios no traspasados- de 181.000 millones, la misma cantidad que ofrecía antes de que se rompieran las negociaciones, el 30 de noviembre, y que entonces rebajó a 150.000.

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La reunión se celebra a cinco días de que entre en vigor la ley que tiene previsto prorrogar el actual Concierto vasco, anunciada el pasado 30 de noviembre por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ante la falta de acuerdo con el Gobierno vasco. El Gobierno central optó por imponer esta prórroga, que rechaza de plano el Ejecutivo vasco, para 'evitar un vacío legal' ante la evidencia de que era imposible tramitar parlamentariamente una nueva Ley de Concierto antes del 1 de enero, fecha en que caduca la actual, vigente desde hace 20 años.

En palabras de Montoro, la entrada en vigor de esta prórroga es ya 'inevitable', si bien el ministro muestra disposición a 'renovar cuanto antes' el Concierto con una nueva ley que 'entraría en vigor lo antes posible'.

La delegación vasca, sin embargo, no acepta la prórroga. El Gobierno que preside Juan José Ibarretxe argumenta que es 'anticonstitucional y antiestatutaria', porque vulnera el artículo 41 del Estatuto de Gernika y la disposición adicional del propio Concierto, que lo definen como un acuerdo entre dos partes, frente al carácter unilateral de la prórroga.

Fuentes de la delegación vasca anuncian que si este miércoles no hay acuerdo y se materializa la prórroga, el Ejecutivo de Ibarretxe expresará públicamente su rechazo. Las consecuencias del desacuerdo serían que Euskadi se limitaría a pagar un Cupo de 150.000 millones de pesetas, frente a los 181.000 que ahora ofrece de nuevo. El Cupo de 150.000 millones es el resultante de la prórroga del actual Concierto, al corresponder esta cifra al año base de 1997, fecha en que arranca el Cupo hoy vigente.

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En todo caso, las mismas fuentes desdramatizan esta hipotética situación al señalar que existen precedentes. Entre 1982 y 1987 hubo desacuerdos sobre el Cupo entre la Administración socialista y la vasca, con un diferencial de 400.000 millones de pesetas. El contencioso se saldó en 1987, cuando los socialistas entraron en el Gobierno vasco en coalición con el PNV.

Los 181.000 millones que este miércoles pondrá sobre la mesa Idoia Zenarruzabeitia sólo se distancian en 7.000 millones de la propuesta de Cristóbal Montoro, que reclama a Euskadi 188.000 millones. La delegación vasca sostiene que ahora 'todo es cuestión de voluntad política', porque, en su criterio, no habría 'mayores problemas' para cerrar otras cuestiones pendientes, como el impuesto de no residentes, la cotización de los grupos empresariales y la financiación de la Ertzaintza.

En cuanto a la posible participación del Gobierno vasco en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, en los que se dirimen cuestiones referentes al Concierto, la delegación vasca no renuncia a esta reivindicación. 'Estamos dispuestos a participar dentro de la delegación española, pero queremos estar', señalan fuentes de la delegación vasca. Pese a que éste es el punto más controvertido de la negociación por su alcance político, la delegación vasca no renuncia a él y se apoya en lo señalado por el Tratado de Amsterdam y en la necesidad de defender directamente sus intereses en una materia tan controvertida como la fiscal, en la que ha habido numerosos contenciosos en los tribunales europeos y españoles, y en la que Euskadi tiene competencias casi exclusivas.

Fuentes de la delegación vasca señalan también que en conversaciones mantenidas en organismos europeos e internacionales, otros países han animado al Gobierno de Euskadi a defender esta participación.

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