Los líderes europeos amonestan a España por retrasar su aporte a las arcas de la UE

España, junto con otros cuatro países de la Unión Europea, aún no ha aportado los fondos que le corresponden a las arcas de la UE para el presupuesto del año próximo, por lo que ha sido objeto de reiteradas amonestaciones de la Comisión Europea y de los líderes europeos en su conjunto durante la reciente cumbre de Laeken. Junto a España, los morosos son Bélgica. Portugal, Luxemburgo e Italia. Debido a su irregular comportamiento, otros ocho países de la Unión tendrán que aportar más dinero en los primeros meses de 2002, si bien les será reembolsado luego.

La declaración final de la cumbre de Laeken, celebrada los pasados días 14 y 15, señala la 'preocupación' de los Quince ante semejante anomalía e insta a los Gobiernos incumplidores a saldar sin demora sus obligaciones derivadas de los compromisos presupuestarios adoptados en Berlín en 1999.

'El Consejo Europeo', decía la citada declaración, 'ha tomado nota con preocupación de que en algunos Estados miembros no se ha ratificado todavía la nueva decisión sobre recursos propios. Ha insistido en la importancia de que se incorporen dentro de plazo las decisiones del Consejo Europeo de Berlín y ha rogado encarecidamente a los Estados miembros a que concluyan cuanto antes los procedimientos de ratificación, de forma que la nueva decisión sobre recursos propios pueda entrar en vigor sin demora'.

Una semana antes, la comisaria de Presupuesto, la Verde alemana Michaele Schreyer, ya había comentado también que 'los Estados miembros deberían tomar más seriamente las decisiones que aprueban'. El problema ya había sido tratado en una reunión previa de los ministros de Finanzas de los Quince (Ecofin) en Bruselas.

Los Quince aprobaron en la Cumbre de Berlín, en marzo de 1999, la llamada Agenda 2000 para poder afrontar con plenas garantías la ampliación. Los líderes europeos pactaron entonces un acuerdo político sobre las perspectivas financieras 2000-2006 y sobre la revisión de la financiación de la UE. Las conclusiones de Berlín son la base de una decisión sobre los recursos propios de la Unión adoptada en septiembre de 2000, que, una vez sea ratificada por todos los Parlamentos nacionales, tiene que entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2002.

La financiación del presupuesto está garantizada principalmente por esos recursos propios puestos a disposición por los Estados miembros y limitados, como máximo, al 1,27% del PIB del conjunto de la Unión.

El problema con los citados países reside en que la correspondiente norma legal aún no ha sido ratificada en sus Parlamentos, pese al prolongado tiempo transcurrido, por lo que los Gobiernos no disponen de la base legal para hacer llegar a Bruselas el dinero que deben aportar.

Fuentes oficiales españolas han reconocido que, en efecto, el Gobierno español va a incumplir sus compromisos debido precisamente a que el Parlamento español ni siquiera ha iniciado aún los trámites necesarios para esa ratificación.

Las mismas fuentes, que no precisaron cuál es la cantidad exacta que España debe aportar, indicaron que el Gobierno tenía previsto enviar al Parlamento la norma en los pasados meses de octubre o noviembre, pero que finalmente no se hizo en esa época 'por problemas de calendario'.

Ahora, y debido a las vacaciones parlamentarias, esos trámites sufrirán nuevas demoras, por lo que el Gobierno español seguirá en falta al menos hasta bien entrado febrero.

Como resultado de esta anomalía, la Comisión Europea ha propuesto como solución interina para la financiación del próximo presupuesto que un grupo de ocho países contribuyan más de lo previsto durante los primeros meses de 2002.

Los pagos serán luego compensados de manera retroactiva, según ha anunciado el Ejecutivo europeo. Algunos de los países que deberán ahora aportar más dinero son Alemania, Austria, Holanda, Irlanda, Reino Unido y Suecia.