Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra
Reportaje:AMÉRICA LATINA

Argentina se precipita hacia la quiebra

La devaluación y la suspensión del pago de la deuda parecen inevitables en el plan peronista de salvamento

Desde hace un año y medio Argentina roza la suspensión de pagos. Economistas, empresarios y políticos nacionales y extranjeros permanecen alarmados desde entonces por el riesgo país, el índice que refleja la confianza de los acreedores en la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones.

La deuda externa alcanza los 155.000 millones de dólares y una moratoria de un año en su pago supone un ahorro de 7.000 millones

La devaluación del peso después de diez años de paridad con el dólar le fue sugerida en su día a Cavallo por el Fondo Monetario Internacional

En el peronismo prevalece la idea de adoptar un tipo de cambio flotante, pese a los cánticos de Menen a la dolarización

Desde hace un año y medio Argentina roza la suspensión de pagos. Economistas, empresarios y políticos nacionales y extranjeros permanecen alarmados desde entonces por el riesgo país, el índice que refleja la confianza de los acreedores en la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el país que vive en el riesgo permanente volvió a sorprenderles esta semana con los saqueos a supermercados y a pequeños comercios, el vandalismo, la represión policial y la protesta nocturna de padres y niños con cacerolas contra la corrupción política y el modelo económico que dejó al granero del mundo de principios del siglo XX con un 40% de pobres, una tasa de paro del 18%, la mitad de la economía en negro, tres años y medio de recesión -con la consiguiente caída de precios y salarios- y múltiples cierres de fábricas y comercios.

La revuelta popular, que pedía la cabeza del radical Fernando de la Rúa, pero también insultaba a su antecesor en la presidencia, el peronista Carlos Menem (1989-1999), logró el primero de sus objetivos. De la Rúa renunció el jueves, mientras el riesgo país subía a una nueva marca del 44% (diferencia tipo de interés que pagan los bonos argentinos por encima de los norteamericanos). La Bolsa de Buenos Aires trepaba el 17% porque, ante el temor de una devaluación, los ahorradores compraban con sus pesos acciones de empresas extranjeras para después venderlas en otros mercados y recibir dólares a cambio. Así subieron los títulos de BBVA Banco Francés (13,21%), Telefónica (16,67%) y Repsol YPF (20%). Sin embargo, los ingresos en dólares de estas compañías se contraerán si se deprecia el peso, aunque la petrolera corre con la ventaja de que su negocio de producción ya está dolarizado.

Turno justicialista

Ahora el Partido Justicialista (PJ, peronista), que controla ambas Cámaras del Congreso y gobierna la mayoría de las provincias, deberá tomar el poder hasta que en 90 días se convoquen nuevas elecciones presidenciales. En este tiempo ha de definir un plan económico, bautizado de salvación nacional, para salir de la crisis social y económica, aunque nadie duda de que el camino resultará traumático.

Los legisladores y economistas del PJ se niegan a cargar solos con el coste político del nuevo programa, que en principio incluirá ayuda social, devaluación del peso después de diez años de paridad fija con el dólar y declaración de la suspensión de pagos de la deuda externa (132.000 millones de dólares). Estas dos últimas medidas fueron sugeridas a principios de mes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Domingo Cavallo, que renunció a su cargo de ministro de Economía un día antes que De la Rúa a la presidencia del Gobierno.

El peronismo, dividido en múltiples facciones que ya tejen sus candidaturas presidenciales, está discutiendo las medidas con los economistas de los partidos que componían la desecha Alianza: la moderada Unión Cívica Radical (UCR) y el centroizquiedista Frente País Solidario (Frepaso). El FMI y el Gobierno de EE UU también exigen un acuerdo entre los políticos, que también buscan el respaldo de los organismos financieros multilaterales, los gremios y la banca.

El economista peronista Jorge Remes Lenicov, de prédica industrialista y respetado por sindicalistas y empresarios, lidera las negociaciones con su colega radical Mario Brodersohn, que perteneció al poco afortunado gabinete económico del Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989). Entre los asuntos pendientes que deben acordar destacan los siguientes:

-Deuda externa: si se suman las deudas de las 23 provincias, alcanza los 155.000 millones de dólares. El economista principal del FMI, Kenneth Rogoff, dijo el martes que su combinación con la política fiscal y el régimen cambiario 'no es sostenible'. Sin reformas en estas áreas, no habrá asistencia del Fondo. De la Rúa había logrado recientemente reducir del 11% al 7% los intereses de 50.000 millones de dólares de la deuda en manos de acreedores locales mediante un canje de títulos voluntario. Planeaba lanzar el 20 de enero próximo la reestructuración de las obligaciones con inversores extranjeros, con una mayor merma de intereses e incluyendo un recorte del capital, lo que generaba recelo en los mercados foráneos.

De todos modos, agencias calificadoras del riesgo crediticio habían pronosticado para enero la suspensión de pagos de Argentina (los países por definición no pueden quebrar). Tal vez su predicción se concrete antes. El nuevo Gobierno planea declarar la moratoria unilateral de su pasivo y dejar de pagar sus obligaciones externas durante un año. Algunos economistas temen que esta medida restrinja el crédito del exterior, ya de por sí recortado desde julio pasado. Otros piden sincerar la crisis financiera del Estado y sólo sugieren que la moratoria no se extienda por más de doce meses. Los economistas del PJ calculan que esta medida les permitirá ahorrar hasta 7.000 millones de dólares, que se destinarían a planes sociales y de recuperación económica.

-Déficit fiscal: el déficit de las cuentas públicas excedió con creces la meta de 6.500 millones de dólares fijada por el FMI para este año. Cavallo intentó convencer al Fondo con un proyecto de presupuesto para 2002 que preveía un recorte de 5.500 millones en el pago de servicios de la deuda (si la reestructuración se cerraba con éxito) y otro de 6.000 millones en el gasto público, para lo que se mantenía la bajada del 13% de las remuneraciones de funcionarios, jubilados y proveedores del Estado, e incorporaba ajustes en todos los ministerios. Los técnicos de Washington lo tacharon de insuficiente y los legisladores del PJ y la Alianza, de excesivo. El nuevo Gobierno planea seguir con el objetivo del anterior Gobierno: el déficit cero, pero se sabe cómo.

En la incierta transición incuban proyectos contrarios al déficit cero. Por un lado, los legisladores planean rebajas impositivas para alentar la reactivación. De hecho, el problema de la deuda argentina no radica en su volumen frente al PIB (45%, bajo los criterios de Maastricht), sino en relación a su tasa de crecimiento, negativa desde 1999. Por otro lado, el Congreso estudia que la nación y las provincias emitan nuevos bonos para pagar sueldos y distribuir subsidios de desempleo. Hasta los empresarios respaldan el seguro de paro, pero se desconoce cómo se financiará.

-Tipo de cambio: el radicalismo viene insistiendo desde hace tiempo en la idea de devaluar, pero De la Rúa se aferraba a Cavallo y su defensa de la paridad fija que el ex superministro había creado en 1991 bajo el Gobierno de Menem. En el peronismo prevalece también la idea de un tipo de cambio flotante, a pesar de que el menemismo pregone la dolarización. Esta última cuenta con el apoyo sigiloso de ciertos sectores financieros y de los servicios, pero la mayoría de los empresarios lo rechaza, según las encuestas. La Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y las Confederaciones Rurales impulsan una devaluación controlada, la idea que más convence a los políticos.

El objetivo consiste en mejorar la competitividad de las exportaciones, que representan sólo un quinto de la deuda pública, y pretender transformarse en motor del desarrollo. Todos reconocen que la equivalencia de la moneda nacional con un dólar dejó de existir. El proyecto consiste en que la divisa norteamericana se cotice a 1,50 pesos. Sin embargo, el déficit público, la escasez de reservas internacionales y la fuga de capitales del sistema financiera dificultan el sostén del peso. Por eso tampoco se descarta un tipo de cambio flotante, como sugiere el FMI. Mientras tanto, el Congreso flexibilizó esta semana la congelación de depósitos dispuesta por Cavallo y ahora los empleados pueden sacar todo su sueldo del banco, sin el límite de 1.000 dólares mensuales.

Los economistas del peronismo reconocen que sin equilibrio fiscal, una devaluación dispararía una fuerte inflación. También perderían valor los activos, aunque también se tornaría más atractivos para la inversión extranjera. No obstante, la profunda depresión económica está empujando los precios hacia abajo desde hace tres años. Sólo se han mantenido las tarifas de los servicios públicos, que están dolarizadas. De ahí que se prevea una renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, lo que afectará a Telefónica, Endesa y Gas Natural, entre otras firmas.

La devaluación siempre fue tabú en Argentina porque el Estado, las empresas y las personas están endeudas en dólares. Por eso, antes de devaluar, el Gobierno prevé convertir en pesos todas las deudas en dólares de compañías y particulares. Lo que no se puede cambiar es la moneda de la deuda externa, por lo que una depreciación se traduciría en una automática suspensión de pagos.Desde hace un año y medio Argentina roza la suspensión de pagos. Economistas, empresarios y políticos nacionales y extranjeros permanecen alarmados desde entonces por el riesgo país, el índice que refleja la confianza de los acreedores en la capacidad de un Estado para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, el país que vive en el riesgo permanente volvió a sorprenderles esta semana con los saqueos a supermercados y a pequeños comercios, el vandalismo, la represión policial y la protesta nocturna de padres y niños con cacerolas contra la corrupción política y el modelo económico que dejó al granero del mundo de principios del siglo XX con un 40% de pobres, una tasa de paro del 18%, la mitad de la economía en negro, tres años y medio de recesión -con la consiguiente caída de precios y salarios- y múltiples cierres de fábricas y comercios.

La revuelta popular, que pedía la cabeza del radical Fernando de la Rúa, pero también insultaba a su antecesor en la presidencia, el peronista Carlos Menem (1989-1999), logró el primero de sus objetivos. De la Rúa renunció el jueves, mientras el riesgo país subía a una nueva marca del 44% (diferencia tipo de interés que pagan los bonos argentinos por encima de los norteamericanos). La Bolsa de Buenos Aires trepaba el 17% porque, ante el temor de una devaluación, los ahorradores compraban con sus pesos acciones de empresas extranjeras para después venderlas en otros mercados y recibir dólares a cambio. Así subieron los títulos de BBVA Banco Francés (13,21%), Telefónica (16,67%) y Repsol YPF (20%). Sin embargo, los ingresos en dólares de estas compañías se contraerán si se deprecia el peso, aunque la petrolera corre con la ventaja de que su negocio de producción ya está dolarizado.

Turno justicialista

Ahora el Partido Justicialista (PJ, peronista), que controla ambas Cámaras del Congreso y gobierna la mayoría de las provincias, deberá tomar el poder hasta que en 90 días se convoquen nuevas elecciones presidenciales. En este tiempo ha de definir un plan económico, bautizado de salvación nacional, para salir de la crisis social y económica, aunque nadie duda de que el camino resultará traumático.

Los legisladores y economistas del PJ se niegan a cargar solos con el coste político del nuevo programa, que en principio incluirá ayuda social, devaluación del peso después de diez años de paridad fija con el dólar y declaración de la suspensión de pagos de la deuda externa (132.000 millones de dólares). Estas dos últimas medidas fueron sugeridas a principios de mes por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Domingo Cavallo, que renunció a su cargo de ministro de Economía un día antes que De la Rúa a la presidencia del Gobierno.

El peronismo, dividido en múltiples facciones que ya tejen sus candidaturas presidenciales, está discutiendo las medidas con los economistas de los partidos que componían la desecha Alianza: la moderada Unión Cívica Radical (UCR) y el centroizquiedista Frente País Solidario (Frepaso). El FMI y el Gobierno de EE UU también exigen un acuerdo entre los políticos, que también buscan el respaldo de los organismos financieros multilaterales, los gremios y la banca.

El economista peronista Jorge Remes Lenicov, de prédica industrialista y respetado por sindicalistas y empresarios, lidera las negociaciones con su colega radical Mario Brodersohn, que perteneció al poco afortunado gabinete económico del Gobierno del radical Raúl Alfonsín (1983-1989). Entre los asuntos pendientes que deben acordar destacan los siguientes:

-Deuda externa: si se suman las deudas de las 23 provincias, alcanza los 155.000 millones de dólares. El economista principal del FMI, Kenneth Rogoff, dijo el martes que su combinación con la política fiscal y el régimen cambiario 'no es sostenible'. Sin reformas en estas áreas, no habrá asistencia del Fondo. De la Rúa había logrado recientemente reducir del 11% al 7% los intereses de 50.000 millones de dólares de la deuda en manos de acreedores locales mediante un canje de títulos voluntario. Planeaba lanzar el 20 de enero próximo la reestructuración de las obligaciones con inversores extranjeros, con una mayor merma de intereses e incluyendo un recorte del capital, lo que generaba recelo en los mercados foráneos.

De todos modos, agencias calificadoras del riesgo crediticio habían pronosticado para enero la suspensión de pagos de Argentina (los países por definición no pueden quebrar). Tal vez su predicción se concrete antes. El nuevo Gobierno planea declarar la moratoria unilateral de su pasivo y dejar de pagar sus obligaciones externas durante un año. Algunos economistas temen que esta medida restrinja el crédito del exterior, ya de por sí recortado desde julio pasado. Otros piden sincerar la crisis financiera del Estado y sólo sugieren que la moratoria no se extienda por más de doce meses. Los economistas del PJ calculan que esta medida les permitirá ahorrar hasta 7.000 millones de dólares, que se destinarían a planes sociales y de recuperación económica.

-Déficit fiscal: el déficit de las cuentas públicas excedió con creces la meta de 6.500 millones de dólares fijada por el FMI para este año. Cavallo intentó convencer al Fondo con un proyecto de presupuesto para 2002 que preveía un recorte de 5.500 millones en el pago de servicios de la deuda (si la reestructuración se cerraba con éxito) y otro de 6.000 millones en el gasto público, para lo que se mantenía la bajada del 13% de las remuneraciones de funcionarios, jubilados y proveedores del Estado, e incorporaba ajustes en todos los ministerios. Los técnicos de Washington lo tacharon de insuficiente y los legisladores del PJ y la Alianza, de excesivo. El nuevo Gobierno planea seguir con el objetivo del anterior Gobierno: el déficit cero, pero se sabe cómo.

En la incierta transición incuban proyectos contrarios al déficit cero. Por un lado, los legisladores planean rebajas impositivas para alentar la reactivación. De hecho, el problema de la deuda argentina no radica en su volumen frente al PIB (45%, bajo los criterios de Maastricht), sino en relación a su tasa de crecimiento, negativa desde 1999. Por otro lado, el Congreso estudia que la nación y las provincias emitan nuevos bonos para pagar sueldos y distribuir subsidios de desempleo. Hasta los empresarios respaldan el seguro de paro, pero se desconoce cómo se financiará.

-Tipo de cambio: el radicalismo viene insistiendo desde hace tiempo en la idea de devaluar, pero De la Rúa se aferraba a Cavallo y su defensa de la paridad fija que el ex superministro había creado en 1991 bajo el Gobierno de Menem. En el peronismo prevalece también la idea de un tipo de cambio flotante, a pesar de que el menemismo pregone la dolarización. Esta última cuenta con el apoyo sigiloso de ciertos sectores financieros y de los servicios, pero la mayoría de los empresarios lo rechaza, según las encuestas. La Unión Industrial, la Cámara de la Construcción y las Confederaciones Rurales impulsan una devaluación controlada, la idea que más convence a los políticos.

El objetivo consiste en mejorar la competitividad de las exportaciones, que representan sólo un quinto de la deuda pública, y pretender transformarse en motor del desarrollo. Todos reconocen que la equivalencia de la moneda nacional con un dólar dejó de existir. El proyecto consiste en que la divisa norteamericana se cotice a 1,50 pesos. Sin embargo, el déficit público, la escasez de reservas internacionales y la fuga de capitales del sistema financiera dificultan el sostén del peso. Por eso tampoco se descarta un tipo de cambio flotante, como sugiere el FMI. Mientras tanto, el Congreso flexibilizó esta semana la congelación de depósitos dispuesta por Cavallo y ahora los empleados pueden sacar todo su sueldo del banco, sin el límite de 1.000 dólares mensuales.

Los economistas del peronismo reconocen que sin equilibrio fiscal, una devaluación dispararía una fuerte inflación. También perderían valor los activos, aunque también se tornaría más atractivos para la inversión extranjera. No obstante, la profunda depresión económica está empujando los precios hacia abajo desde hace tres años. Sólo se han mantenido las tarifas de los servicios públicos, que están dolarizadas. De ahí que se prevea una renegociación de los contratos con las empresas privatizadas, lo que afectará a Telefónica, Endesa y Gas Natural, entre otras firmas.

La devaluación siempre fue tabú en Argentina porque el Estado, las empresas y las personas están endeudas en dólares. Por eso, antes de devaluar, el Gobierno prevé convertir en pesos todas las deudas en dólares de compañías y particulares. Lo que no se puede cambiar es la moneda de la deuda externa, por lo que una depreciación se traduciría en una automática suspensión de pagos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 24 de diciembre de 2001