El Consell aplaza el pago de una deuda de casi dos billones al año 2004

El informe de la Sindicatura de Comptes sobre la liquidación presupuestaria de la Generalitat correspondiente al año 2000 pone de manifiesto que el Consell sigue jugando con los números para maquillar el déficit real de la Administración valenciana. Según la auditoría, el Gobierno de Eduardo Zaplana no incluyó el año pasado gastos realizados por importe de 83.687 millones de pesetas, pero sí imputo 46.504 millones gastados en ejercicios anteriores. Una decisión que hubiese aumentado el déficit oficial reconocido por el Gobierno valenciano de 10.759 millones en otros 37.183 millones.

El órgano fiscalizador de las cuentas del Consell explica con su habitual tono suave cómo el Ejecutivo valenciano pasa la pelota de un ejercicio al siguiente. Según la auditoría, el año pasado se incluyeron gastos por valor de 46.504 millones de pesetas que correspondían a nóminas, seguridad social y otras obligaciones adquiridas en ejercicios anteriores. Por contra, la Consejería de Sanidad se gastó durante el año 2000 74.066 millones de pesetas (48.552 en gastos de funcionamiento y 25.514 en transferencias corrientes) que no consignó. A este gasto no declarado hubo que sumar otros hasta sumar la friolera de 83.687 millones de pesetas.

En este contexto, la Sindicatura de Comptes, que dirige José Antonio Noguera de Roig, señala que el saldo negativo de la caja presupuestaria [aquella con la que se va haciendo frente a los gastos diariamente] se incrementó respecto a 1999. El órgano auditor indica que 'el valor negativo de la caja presupuestaria indica que se están utilizando fondos extrapresupuestarios para financiar los pagos resultantes de la ejecución del presupuesto'.

'El saldo de caja presupuestaria a 31 de diciembre de 2000 ha sido negativo en un importe de 215.599 millones de pesetas, con un incremento del déficit respecto al ejercicio anterior', dice el informe anual de la Sindicatura de Comptes que indica que para frenar la tendencia se 'exige la implantación de actuaciones dirigidas a mejorar los ratios de cobro de los derechos de la Generalitat'.

Éste es otro de los grandes caballos de batalla de la Sindicatura de Comptes que 'reitera la necesidad de revisar la cobrabilidad de los mismos al finalizar el ejercicio, en especial los de mayor antigüedad, para calcular el efecto que sobre el resultado puedan tener los derechos de dudoso cobro'.

En el ejercicio contable de 2000 el Consell incluyó derechos pendientes de cobro (ingresos previstos) por importe de 318.456 millones de pesetas, de los que 119.376 correspondían a 1999 y otros 199.080 a años anteriores. Al acabar el año 2000 seguían un total de 271.814 millones de pesetas pendientes de cobro.

El desglose de estos ingresos previstos y no realizados realizado por la Sindicatura de Comptes revela que un 38% depende de que el Gobierno central reconozca el gasto sanitario real y el gasto generado por los desplazados desde el año 1990. En total. El mantenimiento de estos saldos [que ya se consignaron en 1999] 'pone de manifiesto su posible incobrabilidad'.

Otra de las partidas grandes pendientes de cobrar es la evaluada en 44.981 millones de pesetas y que 'corresponde al documento marco firmado el 29 de diciembre de 1999 entre el Ministerio de Economía y Hacienda y la Generalitat para la financiación de determinadas obras de infraestructura'. La auditoría indica que en el plazo de alegaciones, previo a la presenciación de la misma, la 'subsecretaría de Política Presupuestaria y Tesoro afirma que se están realizando las gestiones oportunas para el cobro del mismo'.

Tras desglosar otras deudas de difícil ejecución, el informe advierte: 'No deben utilizarse para la financiación de gastos los derechos pendientes de cobro que se consideren de difícil o imposible realización'.

Respecto a la gestión de los avales de la Generalitat, la auditoría afirma que a 31 de diciembre del año pasado estaban vigentes 166.192 millones de pesetas, de los cuales 118.348 mantenían vivo riesgo. Esta cantidad supone un incremento del 36% respecto al año anterior, concentrado fundamentalmente en empresas públicas valencianas y en el ente público Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).