El Senado de EE UU aprueba la mayor reforma educativa de los últimos 35 años
El proyecto tendrá una financiación de 4,9 billones de pesetas en 2002
El Senado de Estados Unidos aprobó ayer la mayor reforma educativa de los últimos 35 años, impulsada por el presidente George Bush. La Ley de Reforma de la Educación Primaria y Secundaria establece exámenes anuales para medir el progreso de los alumnos, responsabiliza a los colegios y educadores por los fallos, e impone un sistema de recompensas y sanciones que incluyen la renovación completa de las plantillas docentes que no logren los objetivos. Otorga también más opciones a los padres y más ayuda económica para los estudiantes necesitados, con el fin, según Bush, de que 'ningún niño se quede atrás en América' y para reducir la 'brecha entre pobres y ricos, blancos y negros'.
La ley contó con el apoyo de ambos partidos en las dos cámaras del Congreso en lo que constituye la mayor victoria de Bush en política doméstica. Ha contado incluso con el apoyo de senadores del ala izquierda demócrata como Edward Kennedy, que la calificó ayer como la legislación que 'siembra el futuro de Estados Unidos'.
Aunque la educación seguirá siendo una competencia de los 50 Estados, el gobierno federal asume un mayor papel dictando normas para uniformar los niveles educativos en todo el país. Sucesivas reformas a lo largo del siglo XX no consiguieron erradicar la disparidad entre Estados y de acceso a la educación de las minorías. Actualmente, casi el 70% de los estudiantes de ocho años en zonas urbanas no alcanzan el nivel básico de lectura, y los alumnos de 12 años van detrás de los de Chipre y Suráfrica en los exámenes internacionales de matemáticas.
La reforma destina 26.500 millones de dólares (4,9 billones de pesetas) para el presupuesto de 2002 (que suponen un aumento de 1,5 billones de pesetas con respecto a 2001) y otorga unos 185.000 millones de pesetas anuales para clases de lectura. Además, incluye exámenes anuales de lectura y matemáticas para cada niño de 7 a 12 años. Los Estados tendrán cuatro años para demostrar que todos los profesores están cualificados.
