Captación de estudiantes: ¿cantidad o cualidad?

En un trabajo reciente publicado en este mismo suplemento se hacía referencia a la aparente intensificación de los esfuerzos por parte de las universidades valencianas para aumentar la captación de nuevos estudiantes, como una estrategia para hacer frente a la previsible reducción de alumnos que acceden a la universidad que, a su vez, es una consecuencia de la reducción en las cohortes de población que alcanzan los 18 años. Aunque las observaciones generales del trabajo, en mi opinión, son correctas, creo que es posible hacer algunas precisiones sobre el sentido y el alcance que efectivamente tienen o que deberían desarrollar las universidades para aumentar la eficiencia y la calidad de los servicios que prestan a los usuarios.

Sostendré en este trabajo tres cuestiones. La primera de ellas es que las universidades no tienen incentivos suficientes, positivos o negativos, para desarrollar políticas activas de captación de nuevos titulados. Las universidades consolidadas, tales como la Universidad de Valencia, la Universidad de Alicante o la Politécnica de Valencia, por diversos motivos tales como la proximidad geográfica al lugar de residencia familiar de los estudiantes, la diversificación de la oferta o la especialización en titulaciones muy demandadas, además del propio tamaño de la universidad, tienen razones suficientes para pensar que se van a ver menos afectadas en la reducción futura de la demanda. Pero, aún en el caso de que tal reducción se produjera, ¿qué efectos negativos puede tener esto sobre las instituciones mencionadas? Probablemente muy pocos, dado que su financiación, mayoritariamente de origen público, no va a sufrir merma alguna como consecuencia de estos avatares, y la reducción en el número de estudiantes puede suponer, por el contrario, una disminución de la presión sobre la capacidad docente de determinados centros aún muy masificados. Las universidades no consolidadas, la Universidad Jaume I y la Universidad Miguel Hernández, sí tienen buenas razones para emprender políticas activas de captación, como un componente estratégico que garantice su futuro como instituciones, pero, salvo estas excepciones, las políticas que las universidades siguen en la práctica son una simple ampliación de las tareas rutinarias de extensión que ya se llevaban a cabo con anterioridad.

La segunda cuestión a señalar es que, en el fondo, no existe razón objetiva alguna para que lleven a cabo estas políticas. En nuestras universidades, y pese a la estabilización que se ha producido en el número de estudiantes, aún existen problemas de masificación si comparamos nuestros estándares con los europeos. Se ha señalado repetidamente la desfavorable relación existente en el volumen de recursos financieros y humanos con que cuenta la universidad cuando la comparamos con otros sistemas universitarios. En consecuencia, una reducción en el número de estudiantes debería propiciar mejoras en la calidad del servicio que prestan en la actualidad. No olvidemos que la reducción en el número de nuevos estudiantes va acompañada de un aumento de la escolarización universitaria. Tenemos menos estudiantes, pero llega a la universidad un porcentaje mayor de los estudiantes en edad de hacerlo. Por tanto, la conclusión lógica sería menos estudiantes pero más recursos, para alcanzar cuanto antes los niveles potenciales de calidad europeos.

La tercera cuestión se refiere a que las políticas de captación deberían ir dirigidas a mejorar la eficiencia de las universidades para atender las necesidades del mercado de trabajo y las demandas de los estudiantes, y por lo tanto deberían ser cualitativas y no cuantitativas. Parece ser que, también en cuestiones universitarias, el tamaño importa. Pero si comparamos nuestras universidades con las de otros sistemas comprobaremos que las nuestras todavía se encuentran muy por encima de lo que se considera un tamaño razonable. Por tanto, los desarrollos de las políticas de captación, muy probablemente, deberían ahondar en los aspectos cualitativos y no en los cuantitativos. Esto significa, primero, adaptar la oferta a las necesidades manifestadas por los futuros estudiantes y por la sociedad, no sólo en el tipo de titulaciones y el número de plazas ofertadas, sino también en los contenidos de dichas titulaciones.

Pero las mejoras no pueden limitarse a esto. La polémica en torno al papel de las instituciones universitarias no puede ignorar los cambios que se avecinan en las relaciones estudiantes-universidad, y en la necesidad de mejorar el conjunto de servicios que los usuarios esperan de las instituciones universitarias públicas, si estas quieren mantenerse como una alternativa real en las elecciones formativas de futuro.

Enrique Villarreal es profesor de la Universidad de Valencia.