Los desacuerdos cargan la agenda de la presidencia española

La asignación de las sedes de las nuevas agencias europeas, la consecución de un compromiso sobre la patente comunitaria, la superación de las resistencias griegas para el despliegue de la Fuerza de Intervención Rápida europea y el programa Galileo son desde ayer nuevas y gravosas tareas que complican la agenda de la presidencia española de la UE, dado que no han podido ser resueltas durante la presidencia belga. El presidente del Gobierno, José María Aznar, añadió anoche a esta lista el capítulo de transportes para negociar con los países candidatos al ingreso, que, dijo, también encuentra problemas.

Aznar señaló, no obstante, que no todas las cuestiones heredadas incidirán del mismo modo en el semestre español, pero no pudo descartar que algunos de ellos tengan que ser abordados en el Consejo Europeo programado para marzo en Barcelona. El Gobierno español hubiera querido dedicar monográficamente esa reunión al impulso de la liberalización de las economías europeas, un proceso que ha avanzado poco en los últimos años, que encuentra dificultades adicionales en la actual coyuntura de desaceleración, pero que el presidente español considera especialmente necesario en las actuales circunstancias, según reiteró anoche en su rueda de prensa.

Aznar explicó que no había escatimado esfuerzos para evitar la inclusión de nuevos problemas en la agenda española y que había demostrado la máxima flexibilidad a fin de facilitar el consenso. La delegación española aceptó, en efecto, una alternativa muy menor a la Agencia de Seguridad Alimentaria que pedía para Barcelona, en el contexto de un Consejo que Aznar ha abordado con más ganas de asumir la presidencia de una UE en paz que de obtener logros concretos para España. En ese ambiente favorable, Aznar espera perseguir a partir de enero como máxima prioridad el desarrollo continuado de la lucha antiterrorista. Comenzará por seguir impulsando la elaboración de la doble lista: la secreta de grupos terroristas, y la pública, que incluirá a 'organizaciones, entidades y personas que apoyan el terrorismo'.