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Un hombre mata en Canarias a su mujer y su suegra ante sus dos hijos y se suicida

El criminal vulneró la orden de alejamiento decretada tras amenazar de muerte a su pareja

A las 6.20 de la mañana de ayer, José Manuel Cabrera Lorenzo, de 39 años, se acercó al número 7 de la calle del Chirche, en el barrio de Los Alisios (Santa Cruz de Tenerife.) para cumplir su amenaza de muerte. Allí, frente al garaje esperó a que se abriese la puerta e inmediatamente después empezó a disparar con su escopeta de caza. En pocos minutos y delante de sus hijos (8 y 10 años) mató a su mujer Ángeles Álvarez, de 44 años, y a su suegra, Dolores G. C., de 67. Luego subió la escalera y en su antigua habitación se suicidó. De nada había servido que un juez hubiese ordenado tres meses antes su alejamiento cautelar de Ángeles por haberla amenazado de muerte.

José Manuel Cabrera cegó ayer su ira con cuatro disparos. Dos acabaron con Ángeles, otro mató a su suegra y el cuarto terminó con su propia vida. Un baño de sangre del que los hijos de la pareja salieron a la calle corriendo y gritando. Numerosos vecinos han declarado que Cabrera había comentado en varias ocasiones sus intenciones asesinas, tras hacerse efectiva la separación. De hecho, Ángeles, funcionaria de la Consejería de Trabajo del Cabildo Insular de Tenerife, vivía por razones de seguridad con su madre.

Los dos menores han quedado bajo la custodia del abuelo materno, quien se los ha llevado al pueblo pesquero de San Andrés, un núcleo totalmente conmocionado por este suceso, ya que las dos fallecidas procedían de allí. Un equipo de psicólogos de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife atendió durante casi dos horas a los menores, únicos testigos de la tragedia.

'En niños que sufren estas situaciones, el impacto emocional puede dejar secuelas que sólo se evidencian a muy largo plazo', comentaron expertos de la Dirección General del Menor del Gobierno de Canarias. 'No olvidemos que todo ha quedado grabado en su cerebro', añadieron.

Ángeles ya había sufrido agresiones e incluso una vez fue evacuada en ambulancia, según los vecinos que la conocieron. Sin embargo, y pese a que este año había presentado dos denuncias ante la Policía Nacional (una retirada al poco tiempo y la otra que activó el proceso judicial de alejamiento) ni los servicios sociales de la capital, ni el Instituto Canario de la Mujer tuvo conocimiento previo de su situación.

Hacía sólo dos semanas que su compañero, sin antecedentes penales, había comentado a conocidos de ambos sus intenciones. El presunto asesino disponía de licencia de armas desde 1991.

El arma homicida hizo un particular recorrido. Antes de que el juez decretara la separación temporal de la pareja tras la segunda denuncia a finales del verano pasado, Cabrera traspasó la escopeta a su hermano. Cuando la policía atendió a la mujer y comprobó que, efectivamente, su compañero disponía de licencia de armas, se interesó por el paradero de la escopeta de cazador. En ese momento, se constató que no tenía el arma en su poder, ya que se la había entregado a su hermano. Pese a que cualquier compra posterior debería haber levantado sospechas al expedirse la pertinente guía de pertenencia (una especie de matrícula que identifica el arma con su propietario) hace apenas unas semanas, Cabrera reclamó el arma a su hermano y volvió a adquirirla, como consta en los respectivos expedientes. Nadie actuó.

Distintas fuentes policiales reconocieron como 'muy común' la apertura de informes para certificar el traspaso de armas, especialmente entre cazadores, bien porque no se ajustan a lo que su primer propietario busca o porque se han cansado de ellas. Las mismas fuentes confirmaron que la revocación de licencia de armas es 'un hecho frecuente' cuando se detectan usos inadecuados o comportamientos peligrosos. Sin embargo, la policía no consideró que Cabrera, pese a sus amenazas y la orden de alejamiento, pudiese darle a la escopeta un uso peligroso.

El suceso ha conmocionado a Canarias. El Foro Contra la Violencia de Género ha convocado una concentración a las 19 horas de hoy, en la Plaza de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. 'Era una muerte anunciada', reconoció consternada Rosario Pino, concejal de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz. 'Hay que seguir denunciando por todos los medios estas situaciones y reflexionar mucho, porque la violencia de género no ocurre por casualidad', sentenció. Pino entiende que 'la justicia no está actuando con la radicalidad que estos casos requieren'.

'El único responsable de hechos como éste es el agresor, ¿qué tiene en la cabeza alguien que hace esto?', se preguntó Rosa Dávila, directora del Instituto Canario de la Mujer.

'Si una mujer denuncia amenazas de muerte como en este caso, hay que preguntarse por qué no se han activado medidas de vigilancia policial o de teleasistencia', manifestó Dolores Padrón, portavoz de Asuntos Sociales y Política de Mujer del grupo parlamentario socialista canario. 'Tendría que habérsele garantizado una protección seria tanto a ella como a su familia', añadió.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 15 de diciembre de 2001