Cruz Roja denuncia riesgo de epidemias entre inmigrantes de Fuerteventura

Exactamente 511 personas, de ellas diez mujeres, permanecían internadas ayer en el antiguo aeropuerto de Fuerteventura, donde sólo habría espacio vital para cincuenta, según los últimos datos de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. La situación es 'insostenible', según fuentes de Cruz Roja y del Cabildo Insular.Los cuatro médicos del Hospital de Fuerteventura que atienden como colaboradores de Cruz Roja este centro, dependiente del Ministerio del Interior, han advertido, en declaraciones a Efe, de que no hay medios para efectuar analítica alguna, por lo que no se puede descartar que alguna de estas 511 personas sea portadora de una enfermedad infecciosa, como sida o tuberculosis, aunque el perfil más común sea el de jóvenes varones aparentemente sanos.

'La denuncia insiste en lo que es obvio', declaró ayer a este periódico Marcial Morales, consejero de Empleo y Asuntos Sociales, tras plantear en la isla el Plan para la Inmigración 2001-2004, cifrado en 5.000 millones de pesetas. 'Ahí está viviendo una población que dobla o triplica lo que debería ser razonable en una situación de estas características', añadió.

Además, especificó que el riesgo potencial de infecciones no se deriva directamente de la presencia de ciudadanos africanos, sino de 'las lamentables condiciones higiénicas' en las que se les obliga vivir a la espera de su extradición.

Por el momento, y con las actuales limitaciones, sólo se han detectado enfermedades de transmisión sexual, como sífilis o gonorrea, o infecciones por parásitos.

Morales reconoció que la antigua terminal del aeropuerto 'no es el centro adecuado' para acoger a los inmigrantes, por lo que, en sintonía con el Foro Canario de la Inmigración y con un pronunciamiento efectuado ayer por el Parlamento de Canarias, reclamó que el Estado ejerza sus competencias en esta materia y construya 'centros de retención de inmigrantes con todas las condiciones higiénico sanitarias' en Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, en vez de un macrocentro en una sola isla, que debería asumir a todos los detenidos por inmigración irregular.

El presidente del Cabildo Insular de Fuerteventura, el socialista José Juan Herrera Velázquez, coincidió en reclamar del Estado el 'cierre inmediato' de las actuales instalaciones y activar 'las soluciones adecuadas' a una situación que calificó de 'insostenible'.