Denuncia internacional contra el Gobierno por violar derechos de los inmigrantes en Canarias

'Las autoridades españolas violan de forma sistemática los derechos humanos de los inmigrantes, reconocidos en las leyes nacionales e internacionales'. A esta contundente conclusión ha llegado Human Rights Watch tras una investigación de seis semanas en varios lugares de España. La prestigiosa organización defensora de los derechos humanos argumenta su denuncia en un informe de 40 páginas titulado La otra cara de las islas Canarias: violación de los derechos de los inmigrantes y los solicitantes de asilo. El documento ha sido remitido a la ONU y a la UE.

El documento afirma que los inmigrantes son detenidos 'en instalaciones que no cumplen los requisitos mínimos y tienen un acceso deficiente a servicios legales, de intérprete y jurídicos'. Human Rights Watch (HRW) pide al Gobierno 'que ataje a corto plazo la detención arbitraria de inmigrantes y solicitantes de asilo' y tome 'medidas para elevar la calidad de los servicios de supervisión legal y jurídica y para asegurar el acceso al sistema de asilo de los inmigrantes que llegan a las islas'.

La organización se dirige también a la ONU: reclama que funcionarios del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los refugiados (Acnur) y del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria supervisen las condiciones de detención. Y añade: 'La Convención de Naciones Unidas contra la Tortura debe evaluar el próximo informe español desde la perspectiva de análisis proporcionada por las organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, así como por las organizaciones intergubernamentales a nivel regional sobre las condiciones de detención de los extranjeros en las islas Canarias. La Convención debe empujar al Gobierno español a tomar medidas a corto, medio y largo plazo'. Además, señala que 'el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas debería interrogar a España acerca de sus prácticas y políticas de detención de niños inmigrantes'.

Llamamiento internacional

HRW hace llamamientos similares al Consejo de Europa, a la Unión Europea y a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE).

El informe arranca con una descripción demoledora de la forma en que son tratados los extranjeros: 'Los inmigrantes que llegan a las islas Canarias experimentan en la actualidad un trato denigrante que abarca tanto el periodo de detención en las instalaciones de los antiguos aeropuertos de Fuerteventura y Lanzarote como en los momentos previos a esta situación'.

HRW explica que 'los retenidos en estas instalaciones, incluyendo a los solicitantes de asilo, enfrentan no sólo una severa masificación en las mismas, sino también una completa incapacidad para establecer cualquier tipo de comunicación con el mundo exterior, ya que carecen de teléfonos, horarios de visita o posibilidad de enviar o recibir correo'.

El documento también explica que 'el proceso de toma de decisiones relativo a la detención y expulsión de inmigrantes (...) es generalmente arbitrario y contrario a la ley española. (...) Se puede afirmar que la capacidad de los inmigrantes de ejercer su derecho a pedir asilo se encuentra en entredicho'.

Éstos son otros puntos que aborda el informe:

- Salud. Las instalaciones del aeropuerto de Fuerteventura presentan serias limitaciones en higiene y sanidad. La pobreza de retretes, duchas y facilidades de lavado de ropa, así como la escasez de luz natural y ventilación, junto con el fracaso de las autoridades en responsabilizarse de la limpieza rutinaria de las instalaciones, viola los derechos humanos básicos de los detenidos. No hay revisiones médicas para prevenir epidemias.

- Comunicación. Los marroquíes no pueden acceder a información acerca de familiares que sospechan puedan estar detenidos en comisaría o en las instalaciones del aeropuerto en espera de ser deportados.

- Defensa. La calidad de los servicios legales, de interpretación y traducción es extremadamente pobre. Donde las autoridades están fracasando, las ONG son incapaces de adentrarse.

- Menores. La detención en precarias instalaciones suscita serias dudas acerca de que el trato que reciben respete los criterios internacionales establecidos.