Sanidad retrasa la privatización en La Ribera de la atención primaria

La privatización de la gestión de la asistencia primaria -los centros de salud- del área de salud de La Ribera no comenzará a principios de año, como anunció la Consejería de Sanidad, ya que aún no se ha elegido la fórmula jurídica que se empleará para poner en práctica la privatización. El titular de Sanidad, Serafín Castellano, admitió ayer en Alzira que su departamento baraja 'otras posibilidades jurídicas' al margen del concurso público mediante el que se concedió la gestión del hospital de La Ribera a una unión de empresas encabezada por la aseguradora Adeslas. Castellano abundó en la bondad de las nuevas fórmulas de gestión sanitaria: 'No es un experimento, sino una realidad', señaló.

Por otro lado, el pleno del Consell aprobó ayer el anteproyecto de ley de Ordenación Sanitaria, el ordenamiento legal mediante el cual el PP pretende plasmar su modelo de política sanitaria. La ley introduce novedades como el Plan de Garantía de Demora en la Asistencia, por el que se da rango de ley al Plan de Choque y se extiende esta medida a las pruebas terapéuticas y diagnósticas. Este programa fijará 'con la participación de la sociedad científica, de acuerdo con las distintas especialidades', los tiempos máximos de espera. Otra novedad es la creación del Instituto de Acreditación y Evaluación de las Prácticas Sanitarias, un organismo público encargado de la acreditación de centros y servicios sanitarios que evaluará la calidad de la asistencia. Además, se creará una nueva ordenación del territorio en departamentos de salud, que reducirá a la mitad las 20 áreas de salud actuales. La nueva ley crea también la Agencia Valenciana de Salud, organismo autónomo de carácter administrativo que se encargará de la gestión de los centros públicos, profundizará en las nuevas fórmulas de organización y gestión, y permitirá una mayor descentralización y autonomía de los centros, indicó Castellano.

En su reunión de ayer, el Consell aprobó también el Plan Valenciano de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación, que prevé incrementar los recursos públicos y privados que se destinan a estos fines en la Comunidad Valenciana hasta alcanzar el 2% del PIB en el año 2006.

El consejero de Innovación y Competitividad, Fernando Castelló, dijo en Castellón que el plan es una apuesta clara por que la Comunidad Valenciana se acerque al nivel medio europeo de recursos destinados a tales fines, informa María Fabra, y que conllevará la aportación de un 5% del presupuesto de cada departamentos de la Generalitat a este tipo de acciones.