Inmovilizadas 431 granjas de Castilla y León por su relación con el brote de peste porcina en Cataluña

La Junta de Castilla y León ha inmovilizado el ganado de un total de 431 granjas de esta comunidad autónoma por la posible relación de estos animales con explotaciones porcinas catalanas, desde el 1 de noviembre. En Segovia, la provincia más afectada, la inmovilización afecta a 350 explotaciones, seguida de Soria, con 66; Palencia, con 11; Ávila, con tres, y una de Burgos. En Cataluña, Administración y productores cruzan acusaciones sobre la responsabilidad en el rebrote de la peste porcina. La Generalitat anunció un nuevo sistema de controles de los animales.

Fuentes del Gobierno regional de Castilla y León insisten en que se trata de una medida preventiva que no supone la confirmación de la existencia de la enfermedad en las explotaciones inmovilizadas. Hoy, martes, los servicios veterinarios acudirán a todas las granjas afectadas por la disposición, firmada en la Consejería de Agricultura y Ganadería, ayer, para realizar las correspondientes pruebas serológicas al ganado.

En caso de que los resultados fueran negativos, el ganado podría trasladarse exclusivamente al matadero. Después de 15 días, periodo que se entiende suficiente para la incubación de la peste porcina clásica, se volvería a realizar una segunda analítica y la inmovilización, levantada totalmente, si los resultados no son positivos.

En el caso de Segovia, la mayoría de las granjas ahora inmovilizadas pudieron tener contacto con Barcelona al haber trasladado ganado, principalmente de desvieje, a un matadero de Vic. Las fuentes de Castilla y León han insistido en que se trata de una medida de protección a la cabaña ganadera de esta Comunidad, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Segovia es una de las principales productoras españolas de porcino. Asimismo, añadieron que ya fueron inmovilizadas algunas granjas con ocasión de otro brote anterior de peste porcina en Cataluña, en junio pasado, y los resultados de las analíticas dieron negativo.

La nueva crisis porcina se desató el pasado miércoles, apenas tres semanas después de que la Generalitat de Cataluña diera oficialmente por erradicada la peste porcina clásica (PPC) en la autonomía. La aparición de tres focos confirmados en la comarca de Osona ya ha obligado al sacrificio preventivo de casi 15.000 animales en Cataluña. La Unión Europea prohibió de inmediato la exportación no sólo de animales vivos, sino también de esperma, óvulos y embriones de cerdos procedentes de Cataluña. En la Comunidad Valenciana se inmovilizaron cuatro granjas -dos en la provincia de Valencia y otras dos en Castellón- con animales que han tenido algún contacto con explotaciones catalanas. Las autoridades autónomas matizaron que se trataba de medidas preventivas puesto que esta Comunidad se encuentra, por el momento, libre de Peste Porcina Clásica.

Quiebra de confianza

El nuevo brote de peste porcina ha quebrado el clima de confianza entre productores de cerdos y Administración catalana. El comité de crisis de la peste porcina dio ayer su visto bueno a la decisión de la Generalitat de inmovilizar todo el ganado porcino de Cataluña para frenar la expansión de la enfermedad.

Ante esta situación, el consejero catalán de Agricultura, Josep Grau, anunció que la Generalitat sustituirá el sistema de autoguías (que es el que venían utilizando los productores de porcino) por otro de control electrónico más eficaz a la hora de asegurar el estado de la cabaña porcina, y que permitirá conocer en todo momento la procedencia de todos los animales.

El último episodio de peste porcina en Cataluña se cerró con un impacto económico estimado en unos 9.000 millones de pesetas. La PPC obligó a sacrificar más de 83.000 cerdos en esta comunidad. Durante el anterior brote, la Comunidad Valenciana tuvo que sacrificar otros 59.892 animales.

La situación producida tras el rebrote de la epidemia será analizada por el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea, que reunirá a los expertos comunitarios el próximo 18 y 19 de diciembre para valorarla evolución de la peste y las medidas adoptadas por las administraciones españolas. En todo caso, las restricciones establecidas por la Unión Europea se mantendrán hasta el próximo 31 de diciembre.