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El Tribunal de Cuentas halla irregularidades en uno de los 'master' de la UPV

El País

El último informe elaborado por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas sobre la Universidad del País Vasco (UPV), el que fiscaliza los ejercicios de 1998 y 1999, revela mútiples irregularidades en el master de Comercio Exterior, que depende de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales, descubiertas por el servicio de control interno de la institución académica. Detalla, por ejemplo, en su texto el principal órgano auditor de la comunidad autónoma que los responsables del curso de posgrado admitían a alumnos que incumplían los requisitos de acceso.

El informe del Tribunal de Cuentas agrega que el importe de las matrículas del master (unos ocho millones de pesetas entre los cursos 1994-1995 y 1999-2000) iban a cuentas ajenas a la UPV y que, al acabar el master, los alumnos recibían un diploma que carecía de carácter oficial.

El informe del Tribunal de Cuentas, fechado el pasado 22 de octubre, está disponible en Internet (www.tvcp.org) y será presentado hoy al Consejo Social de la UPV. El órgano fiscalizador sostiene que la Universidad ha 'cumplido razonablemente en los ejercicios 1998 y 1999 la normativa legal que regula su actividad económico-financiera'.

El texto agrega que los complementos (823 millones de pesetas) y equiparaciones (860 millones) retributivas pagados en ese periodo no están previstos en el real decreto que regula las retribuciones del profesorado universitario. La Universidad responde en sus alegaciones, que los complementos 'no adolecen ilegalidad alguna'. Añade la UPV que 'mientras no se establezca la nulidad de los mismos, está obligada a pagarlos' y recuerda que han sido 'aprobados por la Junta de Gobierno y en algunos casos por el Consejo Social, atendiendo a exigencias docentes e investigadoras tal como establece la LORU'.

Aplicación de los 'pluses'

El tribunal también sostiene que la efectiva aplicación de los pluses salariales individuales (por méritos docentes, investigadores y de participación en la actividad institucional) que la UPV pagó a 1727 profesores por un total de 1.278 millones de pesetas 'está condicionada a la existencia de crédito presupuestario suficiente autorizado por el Gobierno vasco, [cosa] que no se ha producido a la fecha de este informe'.

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El texto también constata que las irregularidades económico financieras halladas en la gestión del Departamento de Estomatología, por las que la UPV abrió sendos expedientes disciplinarios a dos catedráticos, están sometidas a un proceso penal en un juzgado vizcaíno.

El informe se hace eco de ciertas irregularidades halladas en cinco expedientes (126 millones de pesetas) adjudicados sin publicidad y a la única oferta presentada, inclumpliendo los principios de publicidad u concurrencia. También revela que un contrato de obras adjudicado en 1998 por 271 millones de pesetas se liquidó un 19,5% más caro, superando el límite del 10%.

El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas aprecia también una serie de irregularidades en el número de profesores asociados en los ejercicios 1998-1999. Mientras las limitaciones legales establecen que este colectivo solamente pueden alcanzar al 20% de los catedráticos y profesores asociados, la realidad es que alcanza el 48%.

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