Autonomías en la UE

La integración europea ha trastocado el reparto de competencias entre las comunidades autónomas y el Gobierno central. Restablecer un nuevo equilibrio, en el que todas las partes tendrán algo que ceder, es una tarea a abordar de forma sensata y funcional. La fórmula que proponen los socialistas resulta, en sus líneas generales, prudente, y como tal ha sido acogida por el Gobierno, que, sin embargo, se resiste a ser consecuente. En estos años, el Gobierno, aunque sea a través de Bruselas, ha recuperado competencias que corresponden a las comunidades autónomas. Una presencia y participación activa de representantes de éstas en la delegación española en el Consejo de Ministros de la UE no desvirtúa la lógica del Estado de las autonomías y a la vez mantiene el precepto constitucional de que es el Gobierno quien dirige la política exterior, aunque la política europea constituya una nueva categoría.

El Tribunal Constitucional ha abordado esta difícil cuestión en diversas ocasiones, considerando que si bien es el Gobierno el que participa directamente en la actividad de la UE, las autonomías tienen un evidente interés en el desarrollo de la dimensión comunitaria. La cuestión es cómo integrar a las CC AA en la conformación de la voluntad de España en la UE, al menos en lo que al Consejo de Ministros se refiere, puesto que el Parlamento Europeo tiene crecientes poderes de co-decisión. No sirven necesariamente las fórmulas ideadas en otros países. La integración europea, y ahí reside uno de sus problemas, se da entre sistemas políticos muy diferentes: el español poco tiene que ver con la autonomía de Gales y Escocia (pero no Inglaterra) en el Reino Unido, con la descentralización de un sistema tan jacobinista como el francés o con el federal alemán o belga. La Unión no está conformada según el modelo de sus partes, o viceversa, como dictaría la ortodoxia federal. Debemos encontrar nosotros mismos la solución a los problemas que se plantean para España, a ser posible antes de la cita del 2004 para la reforma institucional de la UE.

El sistema de la Conferencia Sectorial de Asuntos Europeos, en la que deberían coordinarse CC AA y Gobierno central, no ha funcionado como se pensaba. Hay que ir más allá. Los socialistas proponen que en la delegación española, siempre presidida por un representante del Gobierno central, participe un representante de las CC AA que hablaría en nombre de España en lo tocante a las competencias exclusivas de las autonomías, o podría intervenir en caso de competencias compartidas. Resulta, sin embargo, excesivo el ritmo de turno anual para que las 17 autonomías se sucedan en esa función. Se requieren fórmulas más flexibles, adaptadas a las circunstancias. En materia fiscal, por ejemplo, el País Vasco o Navarra tienen competencias de las que carecen las otras comunidades, por lo que deberían tener la posibilidad de hacer oír su voz, como parte integrante de la delegación española, en materias que afecten a esa competencia.

La próxima Ley de Cooperación Autonómica puede resultar un marco útil para plantear estas cuestiones, pero no podrá sustituir a la reforma del Senado. Pese a los humillantes sarcasmos de Aznar -reiterados ayer con escasa gracia y notable desprecio para los que no comparten sus ideas-, la consolidación del Estado autonómico en una Europa integrada pasa por convertir el Senado en una Cámara territorial que pudiera, entre otras funciones, decidir caso por caso quién representará a las CC AA en la delegación española en la UE. Esa reforma requiere la lealtad de las CC AA entre sí y de todas ellas hacia el Gobierno central, y también la del Ejecutivo hacia las regiones y nacionalidades.