El Gobierno entierra la aspiración autonómica de tener voz en la UE

El Gobierno enterró ayer de modo definitivo el debate sobre la presencia de las autonomías en los Consejos de Ministros de la Unión Europea, recogida en la propuesta de un grupo de trabajo dependiente de la Conferencia para Asuntos Relacionados con las Comunidades Europeas, y en el que participaban Extremadura, Cataluña, Galicia y La Rioja. El secretario de Estado de Organización Territorial, Gabriel Elorriaga, acudió al argumento de la autoridad de José María Aznar para rechazar la propuesta.

Elorriaga que, junto con el ministro de Administraciones Públicas,Jesús Posada, y el secretario de Estado para la Unión Europea, Ramón de Miguel, representaron al Gobierno central en la reunión, afirmó ante los representantes de las 17 comunidades -siete de ellos consejeros-, reunidos en el Ministerio de Administraciones Públicas, que el presidente del Gobierno, José María Aznar, había zanjado este debate recientemente con el rechazo sin paliativos de cualquier tipo de presencia de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea. En sendos discursos, en Zaragoza y Madrid, con motivo del 23 aniversario de la Constitución, Aznar dijo que 'cuando se va al exterior es el Gobierno español el que va y es lo que dice la Constitución' y sentenció: 'La voluntad en Europa la deciden las autonomías aquí', esto es, en España.

Elorriaga argumentó, en medio de un clima tenso, que la propuesta presentada por Extremadura, que defendía una presencia autonómica en los Consejos de Ministros europeos bajo la dependencia del ministro de turno, 'sobrepasaba' la tarea encomendada al grupo de trabajo creado y se adentraba en 'funciones políticas y no técnicas' no previstas. El grupo de trabajo, por decisión del Gobierno, limitará en adelante sus tareas a 'perfeccionar el funcionamiento interno de las conferencias sectoriales'.

La posición del secretario de Estado originó una dura respuesta de socialistas y nacionalistas. Los representantes socialistas de Andalucía, Gaspar Zarrías, y de Extremadura, Carlos Sánchez-Polo, acusaron al Gobierno de 'regresión autonómica' y de 'tirar por tierra cuatro años de trabajo', desde que en marzo de 1998 se creó un grupo de trabajo para estudiar fórmulas posibles de participación de las autonomías en los Consejos de Ministros europeos.

Este recuerdo permitió a los representantes socialistas denunciar 'la vuelta de tuerca que Aznar está dando en los últimos meses a la política autonómica' y vincularlo con 'otros hechos muy graves', como la enmienda presentada por el PP en el Senado que 'obliga a las autonomías a asumir la sanidad para no quedarse fuera del modelo de financiación'.

El rechazo por el Gobierno de un segundo documento, muy moderado, que defendía una mayor presencia autonómica en Europea, pero ni siquiera se referìa a los Consejos de Ministros de la Unión Europea, defendido por Andalucía, y que contaba con un consenso de todas las comunidades, llevó a que los representantes socialistas acusasen a Aznar de 'haber ordenado la posición de rechazo' de las autonomías del PP. Los representantes de éstas aludieron a que el texto se refería a la 'participación y representación directa y activa', aunque no se refiriese para nada a los Consejos de Ministros de la Unión Europea.

El consejero del PNV, Iñaki Guerenabarrena, llegó a señalar que 'las conferencias sectoriales no sirven para nada' y Joaquim Llimona, representante de la Generalitat catalana, mostró su 'profunda decepción' por el cambio de actitud del Gobierno. '¿Qué sentido tiene que trabajemos en comisión si luego se cambia de opinión en 24 horas?', subrayó Llimona, quien agregó que la representación catalana, de continuar la situación actual, se plantea retirarse de esta comisión.