Un empresario declara que un inspector fiscal le pidió 50 millones

El empresario Juan Manuel Rosillo declaró el pasado martes ante la juez que investiga la supuesta trama de corrupción en la Delegación de Hacienda en Cataluña que el inspector Álvaro Pernas le pidió en 1990 el pago de 50 millones de pesetas para no levantar actas sancionadoras contra sus empresas.

Rosillo, que en aquella época era consejero delegado de la inmobiliaria Kepro, explicó a la juez que la persona que formalmente le solicitó este dinero fue el asesor fiscal Joan Anton Sánchez Carreté en presencia del propio Pernas. Días antes ya se había planteado este pago al director general de Kepro, Francisco Soler, a través de un intermediario, para 'arreglar' las inspecciones, según la declaración de Rosillo, quien precisó que el dinero no se pagó.

Fuentes judiciales explicaron ayer que tras la declaración de Rosillo es muy probable que la juez cite a declarar a Sánchez Carreté, aunque ayer no se había comunicado esa decisión.

El que fuera inspector jefe de la unidad regional, Álvaro Pernas, es el único imputado en esta causa que se encuentra en prisión provisional. Ingresó en ella el pasado 22 de enero, cuando se le acusó de obstruir la investigación que lleva a cabo el Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona y de ocultar pruebas.

Inés Portabella, abogada de Álvaro Pernas, calificó ayer de 'sorprendentes' y 'difícilmente creíbles' las declaraciones realizadas por Rosillo contra su cliente. La letrada aseguró que el inspector no abrió actas contra el grupo Kepro hasta 1993, tres años después de la fecha en la que Rosillo situó la exigencia del pago de los 50 millones de pesetas.

En abril de 1999 la propia Hacienda presentó denuncia contra Pernas después que las constructoras Metro 3, Tresne y Fundación Familiar Catalana aseguraran que les había propuesto cobrar por rebajar la cuantía de las actas fiscales.