24 comarcas catalanas no tienen suficiente demanda para atraer inversiones de fibra óptica

Los operadores que compiten con Telefónica brillan por su ausencia en dos tercios del territorio catalán. No es un problema coyuntural derivado del cerrojazo a las alegrías inversoras del sector por la crisis económica y la desconfianza en las telecomunicaciones. Es un reto a largo plazo ligado a la escasa o nula rentabilidad que sus eventuales inversiones en red de fibra óptica tendrían en 24 comarcas catalanas. Ello deja, al margen de los servicios con tecnología ADSL de Telefónica, al 20% de la población sin acceso a Internet a gran velocidad y a los servicios multimedia del futuro.

Sobre la concentración de operadores alternativos al ex monopolio, basta con mirar un mapa de las zonas donde éstos han desplegado por ahora su red. Sobre las perspectivas de rentabilidad de cada comarca, a este mapa hay que superponerle las conclusiones de 781 alcaldes catalanes, agrupados en el consorcio Localret, que, después de advertir largamente sobre el peligro de una fractura digital de Cataluña, tienen ya en qué basar sus temores.

Localret presenta hoy ante su asamblea un estudio que lleva cociendo año y medio en el que ha radiografiado las infraestructuras de telecomunicaciones existentes en toda Cataluña y en el que se le pone el termómetro a la rentabilidad de cada municipio a partir de su demanda potencial de servicios de banda ancha.

Del Barcelonès al Priorat

De sus conclusiones se desprende que la comarca más rentable es el Barcelonès, seguida de lejos por Vallès Oriental, Baix Llobregat, Garraf, Maresme y Tarragonès. En la cola, cierran la lista el Solsonès, Pallars Sobirà y Priorat.

Los cálculos de rentabilidad, que surgen al cruzar el peso de la población de cada comarca y la concentración en ella de consumo de telecomunicaciones, hace aflorar puntos a priori ignorados por los operadores como Lloret de Mar, en la comarca de la Selva, situada en un honroso décimo lugar en cuanto a rentabilidad. El Barcelonès se come casi el 40% del negocio residencial, empresarial y relativo a las administraciones públicas municipales en Cataluña.

Este estudio, elaborado con el apoyo de los fondos comunitarios FEDER y de la Generalitat, ha costado 200 millones de pesetas y, a partir del mapa de rentabilidad que dibuja, el presidente de Localret, Jordi Valls, reclamó ayer una alianza de los operadores, incluida Telefónica y de las administraciones (UE, Gobierno, Generalitat y ayuntamientos) para que, con inversión pública de por medio y con distintas alternativas tecnológicas sobre la mesa, se planifique comarca por comarca la solución más razonable para que la banda ancha llegue a todo el territorio. Se trata de convertir Cataluña en un gran laboratorio de pruebas europeo.

Los alcaldes han hecho de tripas corazón con sus intereses partidistas y han pedido a la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, que haga suya esta experiencia piloto catalana y la impulse como paradigma a seguir en Europa durante la próxima presidencia española de la Unión Europea, que arranca el próximo primero de enero. Según Localret, el ministerio está estudiando la propuesta, que, de ser asumida por el Gobierno, permitiría a España presentarse en Bruselas como un socio comunitario activo en la promoción de la Sociedad de la Información cuando hoy está saliendo mal parada en todos los indicadores comparados sobre la materia.

Pero parece poco probable que, en el actual contexto económico y presupuestario, el Gobierno de José María Aznar esté dispuesto a seguir los pasos de países como Finlandia, Suecia y Francia para hablar de inversión pública, cuando el peligro de fractura digital del territorio queda por el momento solventado con Telefónica.

Pese a los compromisos iniciales del operador dominante con el cable, el Gobierno no ha puesto pegas al giro estratégico de éste en favor de la tecnología ADSL, que permite ofrecer acceso a Internet a una velocidad y capacidad suficiente para los servicios actuales adaptando la red telefónica tradicional que ha desplegado durante 70 años y que, para clientes que exijan un mayor ancho de banda, puede llevar la fibra óptica a la puerta del edificio.

Cuantificar globalmente las inversiones que serían necesarias para materializar la estrategia municipalista de Localret es difícil: depende de la solución por la que se opte en cada comarca. Por ejemplo, en una comarca extensa y de geografía dispar como Osona, abrir zanjas desde Vic a todos sus municipios para desplegar una red troncal costaría 2.304 millones de pesetas. Si en lugar de zanjas se optara por llevar la banda ancha mediante radioenlaces (opción de menor fiabilidad y capacidad que la fibra), el coste se reduciría a 748 millones. Una red de cable HFC (el que emplea Menta, grupo Auna) que conectara las casas de Manlleu costaría 5.409 millones.

En líneas generales, Localret estima que el esfuerzo inversor global para tender una red alternativa a la de Telefónica oscilaría entre los 80.000 y los 100.000 millones de pesetas. Pero no todo el dinero que aparece en la propuesta se dejaría para las arcas públicas. De éstas sólo debería salir la parte no asumida por el operador que en cada comarca se aliara como socio.

Pese al optismismo de los alcaldes, los operadores activos en Cataluña insistían ayer en lo 'selectivos', 'prudentes' y 'obsesionados con la rentabilidad' que se han vuelto en sus planes de inversiones de cara al año próximo, aún por definir en la mayoría de los casos.