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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Consejos de papel

El Gobierno del PP está demostrando una alergia preocupante a la convocatoria -en algunos casos, detalladamente regulada por ley- de los consejos y organismos asesores de ámbito ministerial en materias de tanta repercusión social y científica como el medio ambiente, el clima, la reproducción asistida, la cooperación al desarrollo o la inmigración. El asunto ha llegado al Defensor del Pueblo mediante una denuncia de los grupos ecologistas integrantes del Consejo Asesor del Medio Ambiente, que señalan que este organismo no ha sido convocado desde 1997, cuando la norma que regula su funcionamiento exige que se reúna al menos una vez por trimestre.

No se trata sólo del Consejo Asesor del Medio Ambiente. El Consejo Nacional del Clima no se reúne desde enero de 1999 e igual ha sucedido desde diciembre de 1999 con el de Reproducción Asistida. En otros supuestos, como acaba de ocurrir con el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, el Gobierno apuesta por una remodelación que restrinja su representatividad social y, de paso, su capacidad crítica. Si no se convocan o se convocan de pascuas a ramos, o sólo cuando le conviene al ministro de turno, ¿para qué sirven estos consejos de nombre rimbombante, cuya utilidad radica precisamente en canalizar la plural opinión social y científica sobre asuntos que afectan a la sociedad hasta el responsable político que ha de tomar la decisión?

Causa estupor, por ejemplo, que el Consejo Nacional de Reproducción Asistida no se haya reunido ni una sola vez en los dos últimos años, permaneciendo al margen de debates de tanta repercusión social y científica como la utilización de embriones para fines terapéuticos. ¿Nada tiene que decir este organismo sobre cuestiones de este tipo o recela el Gobierno de su opinión, de modo que no lo convoca para no tener que escucharla? El enrocamiento del Gobierno del PP en sus posiciones, en vías de aceleración tras la conquista de la mayoría absoluta, no sólo se pone de manifiesto en el modo de tramitar la ley de reforma universitaria. También aparece en el escaso aprecio demostrado por la función de los consejos asesores ministeriales, un instrumento de democracia participativa esencial en una gestión gubernamental que se quiere abierta a la sociedad, y no recelosa de ella.

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