Un farmacéutico que no ejerce fue quien recurrió contra la píldora poscoital

Fernando Anguita Quesada, la persona que ha logrado que un tribunal suspenda una orden que obligaba a los farmacéuticos andaluces a dispensar la píldora poscoital, es un licenciado en Farmacia que carece de establecimiento propio y no ha trabajo en una botica desde 1997. Anguita, profesor de instituto, de unos 35 años, es el coordinador en Granada de una asociación nacional de ética sanitaria creada el pasado mes de junio coincidiendo con la primera de las acciones jurídicas contra la citada orden. La Junta de Andalucía presentó ayer un recurso de súplica contra el auto de suspensión cautelar.

El recurso contra la orden de la Consejería de Salud, que ha dado lugar al auto de suspensión dictado por la sala de lo Contencioso de Granada, es la segunda iniciativa jurídica emprendida por un grupo de farmacéuticos reunidos en torno a la Asociación Nacional para la Ética Sanitaria, que se haya en proceso de legalización. Los socios creen que la píldora poscoital es un abortivo y, en consecuencia, esgrimen su derecho a la objeción de conciencia. La reclamación fue presentada por Anguita en septiembre y sigue al pie de la letra una detallada teoría sobre 'el derecho a la objeción de conciencia' desarrollada poco antes por la Conferencia Episcopal Española en una 'instrucción pastoral' titulada La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad.

La tesis de los obispos es que 'las leyes que toleran e incluso regulan las violaciones del derecho a la vida son gravemente injustas y no deben ser obedecidas [porque] ponen en cuestión la legitimidad de los poderes públicos que las elaboran y promulgan'. 'No cabe la resignación ante estas legislaciones, es necesario denunciarlas y procurar, con todos los medios democráticos posibles, que sean abolidad o modificadas', añaden los prelados antes de incitar a los profesionales a ejercer su 'derecho a la objección de conciencia'. Una 'nota' publicada por la Conferencia Episcopal coincidiendo con su instrucción sobre la familia, fechada el 27 de abril de este año, sostiene que 'la píldora del día siguiente es un fármaco que no sirve para curar ninguna enfermedad, sino para acabar con la vida incipiente de un ser humano'. Los argumentos de la Iglesia contra esta píldora contradicen radicalmente a la Organización Mundial de la Salud y a la comunidad científica, que la consideran un anticonceptivo.

Anguita no quiso identificarse hasta ayer como la persona que había promovido el recurso. El lunes hizo unas declaraciones a Efe como miembro de la asociación para manifestar su 'satisfacción' y dijo que el auto era el primer paso de un proceso 'para obtener el reconocimiento a la objeción de conciencia'. El primer recurso que presentó, basado en la protección de derechos fundamentales, fue rechazado por la sala de lo Contencioso de Sevilla que consideró que su resolución correspondía a la de Granada, a donde aún no ha llegado.

Grupos antiabortistas

La Asociación Nacional para le Ética Sanitaria está presidida por María Dolores Gómez, una farmacéutica con despacho abierto en Jaén. El secretario, Juan Manuel Delgado, regenta otra farmacia en la misma ciudad. Tras su fundación, algunos miembros de los grupos antiabortistas han mantenido contactos con la directiva. José Miguel Castillo, el abogado que ha preparado ambos recursos, declaró ayer que su cliente 'no ha emprendido una campaña contra la píldora poscoital ni pretende que no se prescriba. Sólo busca el respeto a la objeción de conciencia'.

'Está luchando a título individual, aunque desde una asociación en la que hay no sólo farmacéuticos sino también personal médico y sanitario, incluido un celador. Lo único que quiere mi cliente es que, cuando trabaje o tenga una farmacia, la Administración no le imponga criterios que impidan objetar', explicó el abogado. La asociación cuenta con 160 miembros, pero los recursos los han firmado socios individuales porque aún carece de personalidad jurídica.

El auto de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso de Granada provocó la reacción inmediata de la Consejería de Salud de Andalucía, que ya ha ultimado el recurso de súplica. Su titular, Francisco Vallejo, ha garantizado a los usuarios de la sanidad andaluza la adquisición de la píldora y de los preservativos en la mayoría de las farmacias y en los centros de salud.

Distintas fuentes jurídicas mostraron ayer su extrañeza por el auto de suspensión cautelar. La breve resolución judicial considera que en la colisión entre el derecho a la objeción de conciencia de un farmacéutico que no ejerce la profesión y los de todos los potenciales usuarios de la sanidad prevalece el del primero. Para denegar la medida cautelar, dice la Sala, habría que haber apreciado una 'perturbación grave de los intereses generales o de terceros'. La Sala agrega que 'conforme a la doctrina antes expuesta de no suspender el acto, y obligar a los farmacéuticos a tener en stock tales sustancias y medios, de no prosperar el mismo se haría ilusoria la finalidad legítima del recurso'.

El auto está firmado por los magistrados Rafael Puya Jiménez, Juan Manuel Cívico García y María Luisa Martín Morales. Actuó como ponente el primero, Rafael Puya, un juez de unos 55 años, de tendencias muy conservadoras.