La presión fiscal ha subido dos puntos del PIB durante los cinco años de gobierno del PP
La inversión pública ha perdido peso relativo y se sitúa por debajo de la que había en 1995
Los impuestos y las cotizaciones sociales que se pagan al Estado han crecido más deprisa que la actividad económica durante los cinco años de gobierno del PP. La presión fiscal ha pasado así de representar el 33,7% del PIB en el año 1996 a alcanzar el 35,7%, según datos oficiales. Al crecimiento del empleo y de la actividad económica se ha sumado la no actualización de la tarifa del IRPF y la subida de las bases de cotización a la Seguridad Social para algunos colectivos. En la gestión presupuestaria del PP destaca también el retroceso de la inversión pública en relación al PIB.
El resultado de estos cinco años es que mientras los impuestos y cotizaciones que se pagan a las administraciones públicas -Estado, Seguridad Social, comunidades autónomas y ayuntamientos- han aumentado su peso en el PIB, el del gasto público ha caído. Es decir, los ciudadanos dan más y reciben menos en relación al total de riqueza que se genera.
Los datos figuran en un informe anual de la Intervención General de la Administración del Estado, que depende del Ministerio de Hacienda. La presión fiscal ha pasado de representar el 33,7% del PIB en 1996, a suponer un 35,7% en 2000. España se mantiene en este aspecto por debajo de la media europea (42,49%), aunque con un crecimiento más rápido. El gasto público, por el contrario, ha caído desde el 43,7% del PIB hasta el 39,8% en las mismas fechas.
El aumento de la presión fiscal se produce porque han sido años muy buenos para el crecimiento y el empleo, con un efecto multiplicador para los ingresos públicos. Pero también se debe a que la tarifa del IRPF y las deducciones se ha mantenido congeladas después de la reforma de 1999. En 2000 el impuesto no se adaptó a la inflación, lo que supuso recaudar unos 150.000 millones de pesetas más.
También se ha debido a que los ingresos por cotizaciones sociales han crecido un 9,9%, pero no sólo gracias al aumento del empleo (3,1%) y del número de cotizantes (5%). También se ha producido una elevación de las bases máximas de cotización para las categorías profesionales intermedias por encima de la inflación prevista (2%). En sentido contrario ha jugado una reducción del tipo de cotización al desempleo de 0,2% puntos.
El resultado es que, aunque el tamaño del pastel ha aumentado, el Estado se ha quedado con un trozo más grande. Y no ha mordido en todos los sitios por igual. La mayor parte del aumento de la presión fiscal en el último año se explica por el factor trabajo, ya que responde al mayor peso de las cotizaciones sociales y del impuesto sobre la renta. El aumento de los beneficios empresariales por encima del crecimiento económico también ha influido en la mayor presión fiscal.
Por el contrario, los impuestos sobre la producción y las importaciones, así como los que gravan el capital, han mantenido prácticamente estable su contribución a la presión fiscal en 2000. En el caso de las rentas del capital, se produjo un descenso de siete puntos en el tipo de retención sobre dividendos y reembolsos de seguros.
En el lado contrario de la balanza está el gasto público cuyo peso ha caído en relación al PIB. Se explica por la política de privatizaciones y la derivación de gastos hacia sociedades en la frontera de lo privado, dos de las claves en la política económica del PP en estos años. La etapa de bonanza económica ha permitido también bajar el peso de las prestaciones sociales en relación al PIB (del 13,8% al 12,3%). El peso de la inversión pública se ha recortado una décima en estos últimos cinco años y medio punto si se considera desde 1995.
