Sáenz de Santa María dice que el rescate de Rupérez se pagó con fondos reservados

José Antonio Sáenz de Santa María, teniente general en la reserva y ex director general de la Guardia Civil, hizo ayer un ejercicio de memoria ante la Sección Quinta de la Audiencia de Madrid, para recordar cómo se gastaban los fondos reservados en 1980, en tiempos de UCD, antes de que gobernaran los altos cargos de Interior socialistas que se sientan en el banquillo de los acusados. Con 200 millones de esa partida se pagó el rescate del entonces diputado y hoy embajador en Washington, Javier Rupérez, y esos mismos fondos se utilizaron para sufragar 'actos electorales' en el País Vasco.

A finales de 1995, el teniente general Sáenz de Santa María, citado por la comisión del Senado que investigaba la guerra sucia contra ETA, anunció que estaba dispuesto a declarar, pero no sólo sobre lo ocurrido en la etapa del PSOE, sino también bajo los Gobiernos de UCD, cuando ya mandaban algunos prohombres del PP. Los populares decidieron disolver la comisión sin que Sáenz de Santa María llegase nunca a declarar.

Este militar, que se incorporó al Ministerio del Interior en los estertores de la dictadura franquista y no lo abandonó hasta la victoria electoral del PP, en 1996, cumplió ayer su anuncio y aprovechó su comparecencia en el juicio por los fondos reservados para explicar cómo se manejaba esta partida antes de que gobernase el PSOE.

Sáenz de Santa María explicó, por ejemplo, que con cargo a los fondos reservados y por instrucciones de la Presidencia del Gobierno, que ostentaba Adolfo Suárez, se pagaron 200 millones de pesetas como rescate por Javier Rupérez, entonces diputado de Unión de Centro Democrático (UCD) y hoy embajador en Washington, secuestrado por ETA político-militar en noviembre de 1979.

'Se pagó a los etarras por orden de la Presidencia, tras una reunión con el Ministerio' del Interior, dirigido por Antonio Ibáñez Freire, afirmó quien entonces era director general de la Policía, aunque no supo concretar cómo se hizo el pago.

En febrero de 1980 se produjo la emboscada de Ispaster (Vizcaya), en la que murieron seis guardias civiles y dos etarras en el tiroteo con un comando terrorista pertrechado con armas de guerra, y Sáenz de Santa María, sin dejar el mando de la Policía, Nacional fue nombrado delegado especial para seguridad en País Vasco con 'una misión genérica: pacificar las provincias vascas y conseguir celebrar las primeras elecciones autonómicas. La situación era muy dura y sólo en aquel año hubo 89 atentados de ETA', recordó.

El entonces vicepresidente económico, Fernando Abril Martorell, agregó, 'me llamó para ofrecerme esa cantidad [casi 1.000 millones de pesetas] y me dijo que la administrara a mi leal saber y entender', según informa Efe.

Ese dinero, según dijo, lo dedicó a 'comprar información', así como a la construcción de tres cuarteles de la Guardia Civil en Zarautz (Guipúzcoa), Getxo (Vizcatya) y Miranda de Ebro (Burgos) y a la compra de vehículos blindados. Pero parte de los fondos se destinaron también al pago de actos electorales de UCD cuando Suárez visitó el País Vasco, aseguró.

El teniente general Sáenz de Santa María, que acudió como testigo del ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera, calificó a éste como 'alma de la lucha antiterrorista'. Dijo que 'en absoluto' cobró gratificaciones de los fondos reservados, ni oyó nunca que altos cargos de Interior las percibieran, en contra de lo declarado en el juicio por Julián Sancristóbal.

Saénz de Santa María, que fue director general de la Guardia Civil entre 1983 y 1986, explicó que cuando llegó a ese cargo recibió 106 millones de pesetas para atender a las familias de los tres guardias condenados por el caso Almería, el asesinato de tres jóvenes confundidos con etarras en 1982.

Cuando Saénz de Santa María llegó a la dirección general no ejecutó aquella partida. 'No me pareció correcto y no cursé la orden que dio Juan José Rosón [ministro del Interior con UCD de abril de 1980 a octubre de 1982] y esos millones los ingresé en los fondos reservados', afirmó.

Cuando fue sustituido por Luis Roldán, primer director civil del instituto armado, le entregó ese dinero y éste lo empleó, 'según chismorreos', para comprarse un chalé en Aravaca (Madrid).

A preguntas del letrado de Sancristóbal, José María Stampa Braun, dijo que no existía ningún control externo de los fondos reservados en la etapa de UCD, aunque las salidas se anotaban en un libro que luego se ordenó quemar. Ante la insistencia del abogado en el sistema de control, replicó que no cree que la recompensa que EE UU ha ofrecido por Bin Laden esté sujeta a fiscalización.

Hermano de Vera

En la sesión de ayer compareció también Juan Luis Vera, hermano del ex secretario de Estado para la Seguridad, quien negó que este último haya tenido nunca que ver con la empresa Epicasa, que constituyó a mediados de los ochenta.

También desvinculó a su hermano de la compra de la finca El Relumbrar (Albacete), cuya propiedad le atribuye el fiscal. Aseguró que fue él quien la adquirió por recomendación de su asesor fiscal y que se la vendió al cuñado y al suegro de Rafael Vera -a quienes comentó su intención de desprenderse de ella en una comida familiar- por unos 25 millones de pesetas, aunque no pudo recordar cómo se efectuó el pago.

Juan Luis Vera dijo haber sufrido una 'persecución brutal' durante la instrucción del caso y no haber recuperado aún la documentación profesional que le fue incautada durante un registro de su despacho.