El fiscal mantiene la petición de penas para los acusados en el 'caso fondos reservados'

El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ha presentado hoy su petición definitiva de penas de cárcel para los siete miembros de la cúpula del Ministerio del Interior en la etapa de Gobierno del PSOE que son juzgados por presunto uso irregular de los fondos reservados.

El fiscal solicita para los ex ministros del Interior José Luis Corcuera y José Barrionuevo seis años y un mes y siete años de prisión, respectivamente, y ocho años de cárcel para el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

El Ministerio Público solicita también ocho años de prisión para el ex director general de la Policía, José María Rodríguez Colorado; tres años para el ex director de la Seguridad de Estado Julián Sancristóbal; 11 meses para el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Contraterrorista Francisco Alvarez; y 10 meses para el ex gobernador civil de Vizcaya Juan Ignacio López.

La únicas modificaciones realizadas en su escrito definitivo, que será leído en la sesión del lunes 3 de diciembre, supondrán una reducción mínima de la responsabilidad civil a la que deberá hacer frente el ex secretario de Estado para la Seguridad Rafel Vera

y, como responsables solidarios, los ex ministros del Interior José Barrionuevo y José Luis Corcuera.

Este cambio obedece a una modificación a la baja del valor de la finca La Berzosill en Torrelodones (Madrid), que Luzón cree probado que se pagó con dinero de los fondos reservados malversados por Vera. No supondrá más que unos cuantos millones menos en el quamtum indemnizatorio total, que en un principio se fijó en una cifra superior a los 1.000 millones de pesetas.

Fuentes jurídicas han informado hoy de que otra de las modificaciones es la de considerar probado que Corcuera también regaló joyas a su propia esposa en cenas de Navidad con cargo a los fondos reservados, aunque esto no afecta a la petición de seis años y un mes de cárcel para el ex ministro.

Penas y delitos

La petición de cárcel para Corcuera responde a un delito de malversación continuada de caudales públicos del que el fiscal acusa el ex ministro por consentir presuntamente las sustraciones y como autor de uno de los desvíos de fondos, por destinar 7 millones de pesetas a la compra de las joyas para regalar en Navidad a esposas de altos cargos y a la suya propia con cargo a Interior.

Además, la acusación pública sigue considerando a Barrionuevo responsable de un delito continuado de malversación por consentir la sustracción de caudales, por lo que solicita para él siete años de cárcel. Las penas más altas son los ocho años de cárcel que Luzón solicita tanto para Vera como para el ex director general de la Policía José María Rodríguez Colorado, también acusados de malversación de dinero público.

En la primera sesión del juicio, celebrada el pasado 19 de septiembre, el fiscal redujo sus primeras peticiones en relación con Corcuera (al acumular en uno continuado los dos delitos de los que inicialmente le acusaba), y también con respecto al ex director general de Seguridad Julián Sancristóbal, el ex gobernador civil de Vizcaya Iñaki López y el ex jefe del Mando Unico de la Lucha Antiterrorista Francisco Alvarez, a los que aplicó una atenuante por haber devuelto los millones de pesetas de los fondos reservados que recibieron de Interior.

Así, la petición de pena para Sancristóbal se redujo hasta los tres años de prisión, la de López a diez meses de cárcel y la de Alvarez a 11 meses de prisión, solicitudes que sigue manteniendo el fiscal en su escrito definitivo. Aparte de estas condenas a prisión, Luzón pide penas de inhabilitación para los procesados que oscilan entre los dos y los 20 años.

Prueba documental

Durante la vista celebrada hoy ante la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Madrid también se ha desarrollado la prueba documental, aunque antes de practicarla la secretaria ha dado lectura a la declaración de la testigo Lucía Alcaluz, realizada ayer por exhorto en el Juzgado de Instrucción de Haro (La Rioja).

Según Sancristóbal, esta mujer y su marido, carniceros en Ermua (Guipuzcoa), le hicieron entrega de 130 millones de pesetas para que él los invirtiera en una cuenta de la sucursal de Induban en Jerez de la Frontera (Cádiz). La mujer aseguró ayer que ella no sabía nada de esto porque los negocios los llevaba Sancristóbal con su marido, que ya ha fallecido.

A petición del fiscal, también se han leído las declaraciones realizadas en instrucción por otros testigos citados en este juicio que no pudieron comparecer por haber fallecido. Entre ellos se encontraba el esposo de la carnicera, Angel Ibarlucea, quien aseguró que tanto él como su mujer declararon ante notario entregaron el dinero a Sancristóbal por hacerle un favor para que saliera de la cárcel, pero que nunca le habían dado ni recibido de él "ninguna peseta".

También se han leído las declaraciones en fase de instrucción de Enrique Esquiva, quien aseguró que siempre tuvo buen nivel de vida y que las propiedades atribuidas a su yerno las había pagado él con el dinero obtenido "durante 40 años" de su negocio de ferretería.

La mayoría de las defensas ha renunciado a pedir la práctica de prueba documental, con excepcón de las de Barrionuevo y Vera, que han solicitado la lectura de escritos relacionados con el caracter secreto de los fondos reservados.

Por su parte, la Sala ha rechazado la pretensión del abogado de Sancristóbal, José María Stampa, de incorporar a la causa una fotocopia del diario Egin con un artículo de Pepe Rei en el que se hacía eco de la entrega de dinero de los carniceros al ex director general de seguridad.

Durante la sesión de mañana, el resto de acusaciones anunciarán si elevan sus informes a definitivos o realizan alguna modificación, tras lo cual se pronunciarán las defensas.