Pérez Saldaña no aclara si denunciaron las amenazas antes de que la policía contactase con la Consejería

El consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, eludió ayer aclarar si las amenazas recibidas por uno de sus funcionarios de directivos de la Federación de Asociaciones Romaníes de Andalucía (FARA) fueron denunciadas antes de que la policía judicial contactase con el departamento para obtener información sobre las ayudas concedidas. 'Es un tema que está sub júdice', respondió. Pérez Saldaña agregó que no se reunirá con ninguno de los representantes de la federación que ha tomado el relevo: 'Son tan responsables los de ahora como los de antes'.

El titular de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, salpicó de alusiones a lo ocurrido con varios directivos de la FARA, acusados de malversación de fondos públicos, amenazas y blanqueo de dinero, entre otros cargos, la presentación de los presupuestos de su departamento en la provincia de Sevilla en 2001. Pero el consejero no zanjó todas las dudas planteadas por algunas informaciones contradictorias sobre la actuación de Asuntos Sociales en el tema, como la fecha de la presentación de la denuncia del funcionario amenazado por dirigentes de la entidad, que pretendían acceder a fondos europeos.

Desde la Consejería se indicó el pasado jueves que las amenazas se pusieron en conocimiento de la policía cuando ésta contactó con Asuntos Sociales para indagar sobre las actuaciones de la FARA. Ayer Pérez Saldaña rehusó aclarar si la denuncia contra los directivos de la FARA por amenazas se formalizó en cuanto ocurrieron o se hizo con posterioridad, cuando los investigadores policiales contactaron con la Consejería en el curso de sus averiguaciones sobre las actividades ilícitas de los representantes de la entidad. 'Es un tema que está sub júdice, no voy hablar absolutamente nada', zanjó. Agregó, sin embargo, que su departamento dio pasos para favorecer la investigación policial.

Las presiones sobre el personal de Asuntos Sociales, ocurridas este año, según el consejero, no fueron la primera señal de alarma sobre el funcionamiento de la directiva de la FARA, que presidía Vicente Rodríguez, uno de los detenidos que ha ingresado en prisión preventiva en la cárcel de Alhaurín de la Torre (Málaga). El consejero reconoció que la llegada antidemocrática de los directivos, que tomaron las riendas de la entidad por las bravas en una reunión en Córdoba en 1998, le había resultado sospechosa y que decidió pedir al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que investigase el funcionamiento de la federación.

Simultáneamente, Asuntos Sociales paralizó los convenios de colaboración con la FARA, aunque Pérez Saldaña tampoco dejó ayer muy claro si alertaron a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico [antes de Trabajo e Industria], que no interrumpió las ayudas a la FARA durante ningún ejercicio entre 1998 y 2000, de sus sospechas. 'El Gobierno es uno sólo y las sospechas quedaron salvadas por la investigación del Ministerio', esgrimió ayer. El expediente informativo ministerial se cerró sin detectar anomalías en la organización.

Tampoco los controles de la Junta de Andalucía descubrieron irregularidades en la gestión de las ayudas. La federación recibió unos 79 millones de pesetas de Asuntos Sociales y y 405 millones de Empleo (41 de ellos no llegaron a abonarse por falta de justificación) desde 1998. Pérez Saldaña insistió ayer en la eficacia de los mecanismos de control de la Administración, aunque puntualizó que 'si falsifican nóminas no lo pueden controlar los inspectores de la Junta'. Y agregó: 'Con 70 millones no se pueden comprar 18 BMW ni cortijos'.

Para avalar su 'tranquilidad' por el uso de las subvenciones otorgadas a la FARA para combatir el absentismo escolar de los niños gitanos, Pérez Saldaña aseguró que se han contratado nueve monitores, que ahora dependerán directamente de Asuntos Sociales para garantizar la continuidad del programa. 'Con 24 y 21 millones de pesetas se han contratado a nueve personas cada año, si luego cobraban lo que decía la nómina [alrededor de tres millones anuales] ya es un problema de ellos', dijo. El consejero señaló que no es un problema de desvío de subvenciones: 'Las historias son otras, hablamos de personas que están blanqueando dinero procedente del narcotráfico'.

A pesar de defender los actuales dispositivos de control sobre las ayudas, Pérez Saldaña admitió que podrían aumentarse los recursos para inspeccionar las subvenciones, aunque ironizó sobre la desproporción que puede suponer auditar a una asociación que recibe 300.000 pesetas 'si nos gastamos 80.000 en una auditoría'. El consejero indicó que no se reunirá con los actuales directivos de la FARA, a los que considera 'tan responsables como los que estaban antes'.